Costa Rica: el dilema de no tener ejército

Costa Rica, país centroamericano de 4,5 millones de habitantes, se enfrenta en la actualidad a un enorme dilema: denuncia que una pequeña porción de su territorio fue invadida militarmente por Nicaragua desde octubre, pero no tiene ejército para “repeler” la incursión. Se trata de un conflicto cuyo escenario es el sector de Isla Calero, en la margen derecha del fronterizo río San Juan, que en un tramo de unos 140 km sirve de límite entre los dos Estados. Hasta ahora el gobierno costarricense optó por recurrir, sin resultado alguno, a la vía del derecho internacional, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El paso del tiempo y la presencia de soldados nicaragüenses en el punto en disputa, que ahora ambos países reclaman como suyo, comienzan a desesperar a algunos sectores políticos costarricenses que no ocultan el deseo de que el gobierno recurra a medidas de fuerza para desbaratar la denunciada invasión. Pero lo que sucede es que el país está atado de manos en esa materia. El pasado 1 de diciembre se cumplieron 62 años de la abolición del ejército, medida mediante la cual el pequeño Estado centroamericano, de 51.100 kilómetros cuadrados, le dijo adiós al militarismo. Fue un 1 de diciembre de 1948, cuando el ya desaparecido caudillo político José Figueres tomó la audaz decisión de erradicar, constitucionalmente, la existencia de fuerzas armadas como institución permanente. La medida sorprendió en aquel entonces a propios y extraños y al mundo entero, debido a que la abolición del ejército se produjo pocos meses después de que Figueres resultara triunfante en una revuelta armada para defender la pureza del sufragio, confrontación que dejó al menos 2.000 muertos. Además del “ejemplo” que el país dio al mundo, según dicen analistas políticos después de más de seis décadas, se trató además de un gran “negocio”, pues los presupuestos que se canalizaban a las cuestiones militares fueron dirigidos a programas de bienestar social, educación y salud. Con el tiempo, los frutos de la abolición de las fuerzas armadas han servido de “orgullo” a los gobernantes de la pequeña nación para demostrar al concierto de naciones que un país puede vivir sin ejército y sin el lastre que para muchos Estados, especialmente latinoamericanos, ha significado el militarismo. Sesenta y dos años después, Costa Rica es el país más desarrollado de Centroamérica y se encuentra situado entre los seis primeros lugares en América Latina por su mejor índice de desarrollo humano. La alfabetización supera el 90%, hay atención médica universalizada, enseñanza primaria gratuita y obligatoria, la pobreza llegó en la última encuesta de hogares a 21,3%, el país es líder en el istmo centroamericano en exportaciones (unos 8.000 millones de dólares anuales), se ubica en tercer lugar en el mundo en el índice de desempeño ambiental y tercero en Latinoamérica por su calidad de vida. “La abolición del ejército ha sido quizá la decisión más importante (adoptada por el país) hace 62 años. Ha significado hacer una apuesta a la vida y al desarrollo social, una abolición a la tentación autoritaria y a la madurez de su población, que cada vez que hay alguna provocación reacciona con el uso de la herramienta del derecho internacional”, dice la presidenta Laura Chinchilla. Tras la abolición de las fuerzas armadas, la seguridad de Costa Rica descansa sobre una Fuerza Pública compuesta en la actualidad por unos 11.000 policías. Ésta no tiene aviones o helicópteros artillados, marina, tanques, ni siquiera un obús, y no existen rangos militares, los grados como general o coronel quedaron en el olvido y desapareció para siempre la carrera militar. “Esto es lo que nos hace orgullosos, pero hay que aclarar que el no tener ejército no quiere decir que estamos indefensos”, explica el ministro de Seguridad Pública, José María Tijerino, un abogado y ex fiscal general. Desde hace mucho tiempo los ministros de Seguridad son civiles. Ese cargo lo ocupó tiempo atrás la actual presidenta Chinchilla y la anterior titular, Jannina del Vecchio, es una catedrática universitaria. A raíz del diferendo fronterizo que estalló en octubre con Nicaragua, Tijerino dice que se plantea la necesidad de profesionalizar a los cuerpos de policía e integrar una de fronteras “bien armada y capacitada” que haga respetar los linderos del país.

ERNESTO RAMÍREZ DPA