Crisis de transición y deuda externa

Me parece que en el país hemos llegado a un punto de inflexión que denomino «crisis de transición», que hace imperativo el debate sobre la deuda externa argentina. La vulnerabilidad financiera externa, para seguir manteniendo el irracional modelo de convertibilidad con tipo de cambio fijo y a los supuestos básicos que la sustentan, no permite ninguna posibilidad de desarrollo sustentable.

El debate no puede soslayarse, porque es necesario acordar un programa económico alternativo, con respaldo político de los sectores sociales afectados, que ya han sentenciado la ruptura del orden económico neoliberal liderado por el «club de la deuda externa». Por otro lado, se ha producido una ruptura del clásico «contrato social» de «mandatos delegados», deslegitimándose el poder político del actual Estado.

El informe anual de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo: UNCTAD (creada en 1964), formula una propuesta de cambios financieros en el orden internacional, recogiendo preocupaciones sobre un estado de cosas, vinculadas a: la circulación irrestricta universal del capital-dinero, la especulación financiera y el endeudamiento descomunal de los Estados pobres y en vías de desarrollo. La UNCTAD estima que hoy el 95% del intercambio internacional se usa para la especulación financiera y sólo el 5% en transacciones de mercancías. Este hecho lo han advertido también distintos tratadistas, asesores gubernamentales, etc., al señalar que ponen en peligro el futuro del capitalismo, hecho de por sí no preocupante, sino fuera por sus consecuencias, que al acelerar en forma vertiginosa la concentración de riquezas y su centralización, desplaza simultáneamente a miles de millones de seres humanos a la miseria y exclusión social. La propuesta de la UNCTAD, puede ser un punto de partida o un documento de trabajo, que por su origen descarta una parcialidad política. La propuesta formula un nuevo esquema para el tratamiento de las crisis de la deuda externa de nuestros países, diferente a los planes de ajuste impuestos hasta ahora por el FMI. Este ha incorporado a su accionar y políticas, los preceptos económicos e ideológicos de los «Diez Mandamientos» del llamado Consenso de Washington. Se ha producido un cambio sustancial en el polo hegemónico, a partir del abandono unilateral por EE. UU. de la convertibilidad dólar-reserva oro; y al desmantelamiento del Sistema de Breton Woods. Sus organismos han abandonado postulados básicos, por ej. el Banco Mundial, (en su art. 1º Carta Orgánica de 1944) establecía que sus préstamos debían ser hechos para producir bienes transables en los países prestatarios; o como el FMI, convertido en auditor de políticas de ajustes para controlar las posibilidades de pago de la deuda externa.

El documento resume las bases de la propuesta: a) hacer participar a los acreedores en la solución de la deuda como corresponsables de las mismas; b) evitar que los acreedores se apropien de los activos de los países endeudados (Plan Brady en Argentina) y c) evitar los ajustes y planes que aumenten la recesión y la pobreza en los países en crisis, para acumular excedentes financieros para el pago de la deuda. Sobre estas bases se desarrollan por la UNCTAD, distintas formas para instrumentar su propuesta: 1º) El país deudor en crisis podrá suspender en forma temporal y unilateral sus pagos. En ese caso no podrá ser calificado de incurrir de default (cesación de pagos) por los organismos de crédito internacional. 2º) El país en cuestión no será eliminado del mercado de capitales con respaldo del FMI para obtener créditos (se debería agregar con destinos fijos para recomponer reservas y para inversiones productivas de bienes transables). 3º) Durante un período a determinar, dice el informe, se reunirán los acreedores y los organismos financieros (a mi juicio también debería incluirse el país deudor), los que en forma voluntaria deberán negociar un acuerdo de reprogramación de la deuda. Se entiende que en esta etapa tan importante, se analizarán las posibilidades reales de recuperación del país deudor.

Otro aspecto muy importante del documento de la UNCTAD es el referido a: la necesidad de modificar el Comité Consultivo del FMI con el objeto de proteger al país deudor contra el riesgo de ser demandado por sus acreedores. En relación con la suspensión de pagos unilateral del país deudor; se señala que éste deberá ser autorizado por una instancia independiente, que no sea el FMI. A mi juicio debería ser una comisión especial de las Naciones Unidas integradas por países sin intereses directos en el país deudor (sea por inversiones directas o préstamos). Esta comisión se constituiría al solicitarlo el país en crisis; debiendo crearse -opino- un comité técnico permanente en la UN para el análisis, seguimiento, regulación y control de los capitales financieros internacionales. La propuesta de la UNCTAD recomienda la creación de una nueva estructura financiera internacional, que resguarde a los países en desarrollo de las decisiones económicas que adopten los EE. UU., Japón y la Unión Europea, reconociéndose así en forma implícita la gravitación decisiva dominante de ese grupo de países, al reconocer que casi todas las crisis importantes de las llamadas economías emergentes, han estado relacionadas con variaciones en las áreas cambiarias y monetarias de los países industrializados. Por lo que se recomienda la vigilancia multilateral de las políticas macroeconómicas de los países industrializados, para observar su repercusión en los países en desarrollo. Menciona también otras medidas tendientes a estabilizar las monedas de reserva internacional. Creo que las Naciones Unidas no sólo deben recomendar, sino adoptar medidas concretas de protección a disposiciones unilaterales de tales países, en perjuicio del resto del mundo (tales como subsidios, medidas paraarancelarias, proteccionismo, carteles de precios, etc.). Con respecto a los programas de créditos del FMI, el documento cita en forma expresa los casos de Argentina y Turquía, recomendando que los acuerdos se concreten en objetivos básicos macroeconómicos (por ejemplo políticas industriales) y no en incorporar condicionamientos políticos y económicos (como está ocurriendo -digo- ahora con la Argentina), que afectan dice el documento, la soberanía de esos países.

No escapa la importancia de este poco conocido documento que da bases de argumentación proveniente de un organismo de las Naciones Unidas, para discutir el problema de la deuda externa argentina. Creo que la comisión del Congreso que encabeza la diputada «Lilita» Carrió es de tal trascendencia política y económica, que debería solicitarse su ampliación para el análisis de la deuda externa argentina, eliminando aquella que en su momento el juez Ballesteros determinó como ilegítima y alguna otra que seguramente surgirá del informe de lavado de dinero. La deuda externa argentina se ha convertido en casi un centenar de países, en un obstáculo insalvable para su desarrollo y causa principal de pobreza y miseria. La evolución impresionante de su crecimiento constituye un desequilibrio financiero de fuerte exacción del valor, por parte de la plutocracia internacional y nacional y se expresa en los siguientes valores: en 1970 el total de 96 países (incluidos los petroleros) debían un poco más de U$S 75.000 millones. En 1999 esos países debían U$S 1,965 billones y al finalizar el 2000 debían U$S 2,029 billones. En treinta años la deuda se había multiplicado por veintisiete. Igual proceso para América Latina. Para la Argentina: en 1975 debíamos U$S 6.580 millones; en 1989 alcanzaba a U$S 65.257 millones y en 1999 trepó a 169.930 entre pública y privada. Si los países latinoamericanos nos uniéramos, seríamos formidablemente fuertes. Nueve de los principales bancos de los EE. UU. tenían una situación muy crítica con la región, al punto de que absorbían el 200% de su capital propio por deuda latinoamericana. En resumen: un tema a debatir. El documento que comentamos puede ser una base de propuestas para el «Programa Económico y Social Alternativo» que proponemos, con siete u ocho «Políticas de Estado», todo lo que deberán acordarse en un amplio debate institucional y social, con acuerdo multisectorial.