Cubierto el cargo de procurador, ahora, el debate

Ya es pública la designación de la Dra. Liliana Piccinini como procuradora general del Poder Judicial de la provincia de Río Negro.

Ahora corresponde hacer algunas reflexiones de carácter institucional. Ha llegado el tiempo de definir la organización institucional del Ministerio Público y de la Defensoría General. Es un debate necesario e inmediato, una discusión de ideas y proyectos que compromete a los legisladores, a los abogados y a la sociedad en su conjunto.

En la actualidad no hay ideas rectoras en y para un órgano de tal trascendental importancia. Claramente existe un vaciamiento de ideas y una falta total y absoluta de debate. Es momento de fijar políticas de Estado y propuestas de trabajo, de política criminal, de criterios de defensa de los intereses generales de la sociedad. Falta básicamente un encuadre lógico que defina los objetivos, campo de acción y límites, medios e instrumentos de quien es cabeza del Ministerio Público.

Es necesaria e imprescindible una reforma constitucional -por vía de enmienda- que adecue el Ministerio Público a las actuales exigencias legales, para así transformarlo en un órgano absolutamente independiente con la necesaria autonomía funcional y autarquía financiera, y el posterior dictado de la norma reglamentaria del mismo. Esta ley debería prever la existencia de dos titulares, un procurador general y un defensor general, a diferencia del actual diseño institucional dado por la Convención Constituyente de 1988, en el que el Ministerio Público es, por un lado, jefe de los fiscales y, por otro, también de los defensores oficiales, lo que constituye una contradicción. Esa necesaria enmienda constitucional y la legislación que lo reglamente deberá tener en cuenta, entre otras cosas, un presupuesto independiente del fijado para el Poder Judicial y una mejora sustancial del plantel de colaboradores del Ministerio Público, con el fin de hacerlo más eficaz, acorde con las necesidades actuales.

Resulta conveniente establece como puntos de debate, entre otros:

1) Facilitar el mayor acceso del ciudadano a la Justicia.

2) Posibilitar la oralidad e instrumentar un proceso para conflictos de menor cuantía económica como herramientas que preservan el acceso del ciudadano a la Justicia económica.

3) Impulsar la mediación penal.

4) Utilizar la herramienta informática para el mejor desempeño en el rendimiento del servicio en su administración y auditoría.

5) Analizar una reestructuración interna de los agentes fiscales y fiscales de cámara.

6) Evaluar la creación de asesorías de menores por fueros o, en su caso, por instancias, y jerarquizar las defensorías generales.

7) Establecer y/o coordinar centros de atención a la víctima en cada circunscripción judicial, porque el interés que representa el Ministerio Público es el de la sociedad en general y, en particular, el de la víctima.

8) Realizar encuestas para monitorear la evolución de los cambios que se propongan o que se estén llevando a cabo.

9) Analizar el horario, cambio o eliminación de las ferias judiciales de enero y julio en el fuero criminal -desde luego, estableciendo otro sistema de licencias y vacaciones-.

10) Establecer de forma inmediata un plan edilicio para el Ministerio Público, que debería contar con oficinas fuera de la estructura de los juzgados y cámaras en cada una de las circunscripciones.

11) Estudiar la implementación progresiva para dar cumplimiento a la manda constitucional (art. 223) de la creación de la Policía Judicial con capacitación técnica para la investigación y participación en los procedimientos con una clara intervención del Ministerio Público Fiscal.

12) Establecer el diseño de una definida política para la investigación criminal, con mayor capacitación del personal que esté a cargo de los fiscales. Incluso prever el trabajo mancomunado (colegiado) en una sola oficina fiscal.

13) Propiciar el dictado de un nuevo Código Procesal Penal fundado en el sistema acusatorio.

14) Invitar a participar a quienes hoy forman parte del Ministerio Público formulando propuestas y métodos de trabajo.

15) Capacitar y jerarquizar a la planta de personal, partiendo de la premisa de que es el punto de contacto más asiduo y constante con quienes reclaman y requieren el servicio de justicia.

A partir de éstas, que son sólo propuestas o algunas ideas, se debería generar el necesario debate.

Otra cuestión fundamental (aunque urticante y opinable) es la periodicidad del cargo. Los cargos de procurador y defensor general deben tener un mandato de entre seis (con posibilidad de una reelección) y diez años (sin posibilidad de reelección), porque no se puede anquilosar a un funcionario en un despacho público hasta el día de su jubilación. La futura ley, además, deberá contemplar la posibilidad de su remoción mediante el voto popular de los funcionarios del Ministerio Público. Sería saludable que el pueblo comenzara a elegir y despedir a sus autoridades judiciales en forma directa.

(*) Abogado. Doble Magíster MDE y MDA. Participó en la reforma procesal penal en el año 2003