¿De qué se habla?

Uno ya sabe, por experiencia, que en los años electorales casi cualquier cosa es posible. Sin embargo, ¡oh sorpresa!, en la agenda política de estos últimos días, dominada por las encuestas y las especulaciones más diversas, han aparecido temas de fondo referidos al sistema de salud. ¡Aleluya!: parece que la salud se ha vuelto tema de campaña… ¿Fue la oposición, superando su dificultad para hilar unas candidaturas consensuadas, que ha elaborado una propuesta superadora de las falencias de la salud nacional, convocando al debate a diversos técnicos y protagonistas sociales del sector, y ha logrado trasladarla al dominio público? ¿Fue el gobierno nacional, en su afán de consolidar un proyecto transformador de largo plazo, convocando y promoviendo lineamientos básicos para una política de Estado en Salud, más allá de la coyuntura electoral? No. Y el entusiasmo dura poco. Veamos qué pasó. Por una parte, seguramente se aprobará en estos días en el Congreso la ley que viene a regular la medicina prepaga, luego de un trámite al menos moroso, pese a que la mayoría, de un lado y del otro, manifiesta su acuerdo. Esta nueva norma nace con algunas heridas: no son pocos los que creen, por diversos motivos, que deberá avanzarse rápidamente en una ley modificatoria, por ejemplo, de la exclusión de mutuales y entidades sin fines de lucro de los alcances de la norma a punto de aprobarse. Y es que en realidad la discusión no se saldó, los dictámenes fueron demorados o acelerados de acuerdo a los tiempos de la política. El gobierno decidió a fines del año pasado impulsar fuertemente el proyecto, que fue calificado como desastroso por las empresas del sector. Y apoyado por usuarios y prestadores que sienten la presión de la enorme concentración de capital y poder de compra que representan las empresas líderes. Al calor del debate, uno de sus máximos representantes fue muy claro al señalar que la responsabilidad de la salud pública es del Estado y que sus empresas ofrecen un servicio que es buscado por las personas justamente por las falencias del sistema público estatal. Es un argumento duro, que podría interpretarse como “ustedes no hacen lo que deben, pero se meten con nosotros”. (Piénselo desapasionadamente y, si lo hizo, recuérdese a usted mismo por qué decidió contratar una prepaga. ¿La mayoría de los diputados, senadores y funcionarios se atenderán en hospitales públicos?). Indudablemente necesaria y largamente postergada, la regulación de estas empresas, en cualquier caso y más allá de aspectos de la ley que son imprescindibles e impostergables para la racionalidad del sistema en su conjunto, no ha respondido a la idea de la integración de un sistema de salud –hoy atomizado e insolidario– en cuyo marco debe haber un lugar para la medicina prepaga bajo claras reglas de juego. Entre otras cosas porque el debate sobre esas ideas no se realiza. Y en general se ha preferido legislar “en parches” y respondiendo a presiones o necesidades coyunturales de la política. Por otra parte, ya se habla de proyectos de reforma de algunos aspectos del sistema nacional de obras sociales, a propuesta de la CGT y también en despachos oficiales, pero… todo en el marco de una explícita puja con el gobierno por recursos económicos y posicionamiento político. Reformular la –últimamente famosa– Administración de Programas Especiales o impedir la asociación de obras sociales con empresas de medicina prepaga (es decir limitar la incipiente desregulación del sistema) podrán convertirse en realidad o quedar en el limbo de los amagues entre amigos y no tanto, dependiendo de la transferencia de fondos adeudados a las obras sociales (en Argentina esos números exactos son difíciles de precisar, pero hablamos de miles de millones) y el posicionamiento del poder sindical en las listas de candidatos para octubre. De lo que oímos hablar en estos días es de aspectos parciales de reforma del sistema, que se debaten en ámbitos donde las posibilidades de discusión amplia, racional, atendiendo la problemática sanitaria y que resulte en la elaboración de un programa sostenible en el tiempo (política de Estado) se hacen imposibles. Será una pulseada, no una reforma. Una vez más, parece que la indisoluble vinculación de los recursos de la seguridad social en salud con diversos estamentos del poder político nacional convertirá en coyunturales las argumentaciones de fondo y en centrales las estrategias de poder. Un mundo al revés, en el que parece que hablamos de salud pero en realidad discutimos de otras cosas. (*) Médico. Magíster en Economía y Ciencias Políticas. Ex secretario de Salud de la provincia de Río Negro

JAVIER O. VILOSIO (*)