La dictadura y sus huellas a 50 años del Golpe: una historia que incomoda

El golpe de estado del 24 de marzo de 1976 no representó una novedad en la historia argentina ni tampoco en el escenario regional. En el ámbito nacional, esto es así porque esa fue la sexta vez que las Fuerzas Armadas irrumpieron en el sistema constitucional en el siglo XX. En el Cono Sur, el régimen militar formó parte del ciclo de gobiernos autoritarios que se implementaron bajo la influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional entre las décadas del 60 y 80. Ambos escenarios permiten comprender que su irrupción haya sido vivida con cierta naturalidad por amplios sectores de la sociedad argentina.

Sin embargo, la última dictadura militar trajo aparejada una drástica innovación al perfeccionar la dinámica represiva desplegada hasta el momento: la implementación de un plan de desaparición forzada de personas, que incluía el secuestro, la tortura en centros clandestinos de detención, el asesinato y la eliminación de los cuerpos.

Así, si bien es posible identificar antecedentes de ese método represivo desde 1975, el régimen militar lo transformó en un verdadero sistema, organizado desde las cúpulas de las tres fuerzas (Armada, Ejército y Fuerza Aérea) y ejecutado por unidades militares y de seguridad con control territorial de todo el país.

Los golpistas fundamentaron la llamada “guerra sucia” en la necesidad de eliminar a las organizaciones político-militares (principalmente Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo) que amenazaban el orden “occidental y cristiano”.

Inmerso en el marco de la Guerra Fría, este discurso resultó convincente para muchos contemporáneos debido al contexto de crisis que vivía el país. No obstante, esta justificación era engañosa.

Las investigaciones históricas han demostrado que estas agrupaciones se encontraban prácticamente desarticuladas para el momento del golpe, a raíz de la represión desplegada durante el gobierno peronista.

Asimismo, hoy en día sabemos que existió una correspondencia entre las decisiones en materia represiva y otras áreas del gobierno dictatorial.

La elección del terror de Estado como metodología no respondió tanto al accionar revolucionario que se buscaba erradicar como al tipo de orden que se pretendía imponer.

Aun cuando existían otras alternativas “legales” y visibles -como la pena de muerte-, las Fuerzas Armadas optaron deliberadamente por un sistema represivo que articulaba una dimensión clandestina (desaparecidos en centros de detención) con otra visible (presos en cárceles comunes) porque era funcional a un plan más ambicioso, que implicaba una definición mucho más amplia del enemigo a combatir.

Desde su autodenominación como “Proceso de Reorganización Nacional”, el régimen militar puso de manifiesto que su objetivo era una profunda y dramática reestructuración de la sociedad argentina para terminar de una vez y para siempre con el “caos” y retornar al “orden”. Para las Fuerzas Armadas, la inestabilidad social y política imperante en el país desde 1955 se debía a dos factores: una democracia demagógica y corrupta, y un modelo económico industrial que sobrevivía artificialmente al amparo del Estado.

Ambos procesos surgidos dentro del peronismo habrían permitido el ingreso y avance del enemigo: la “subversión”. Este término era una categoría difusa y cambiante, cuyos límites se ampliaron con el tiempo incorporando variaciones como la “subversión industrial”, la “subversión estudiantil”, la “subversión económica”. Así, llegó a designar no sólo a las organizaciones armadas revolucionarias, sino también a diversos proyectos alternativos al oficial en ámbitos sindicales, religiosos, estudiantiles y barriales, entre otros.

Por ende, para aniquilar el “avance subversivo” había que eliminar las fuentes de conflicto, es decir, había que disciplinar a esa sociedad profundamente movilizada desde los ‘60 y, aún más, había que reorganizarla en los aspectos político, económico, social y cultural. En definitiva, el terror de Estado se sumó a las medidas represivas tradicionales de las dictaduras para garantizar el disciplinamiento social, al tiempo que desde la cúpula se ponía en marcha el proyecto de “Reorganización Nacional”.

En la política

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A nivel político, tras el golpe las Fuerzas Armadas establecieron una dictadura institucional, ocupando todo el aparato del estado mediante la distribución del poder entre las tres armas. Y, aunque no lo lograron, el objetivo de largo plazo era reformar la Constitución nacional para garantizar su lugar en el sistema político. En el plano económico, la dictadura buscó “modernizar” la estructura económica y modificar sus bases apuntando a la revalorización financiera. En particular, intentó reducir el rol del Estado y reemplazarlo por el mercado en la provisión y distribución de bienes, servicios y capitales.

Más allá de sus ambiciones, la propia impericia de las autoridades militares limitó su capacidad para concretar plenamente los objetivos propuestos. Los conflictos internos del régimen y la creciente movilización social provocaron una crisis que resultó irreversible después de la derrota en la Guerra de Malvinas. Sin embargo, los ocho años de gobierno dejaron una huella profunda en la sociedad argentina.

La última dictadura militar provocó una reconfiguración de las relaciones sociales, económicas y políticas. Si bien no pudo implementar el modelo económico en su totalidad, la apertura comercial, la reforma financiera, la consecuente desindustrialización y la estocada al Estado de Bienestar sentaron las bases para que el neoliberalismo se consolidara en los años 90.

Asimismo, el uso del terror, que se extendió en forma capilar en toda la sociedad, junto al retraimiento del Estado de otras esferas produjeron comportamientos y actitudes que también abonaron al posterior consenso neoliberal: pasividad, repliegue a los espacios privados, autocensura, fragmentación e individualismo.

En contrapartida, la ferocidad y la magnitud de la represión desplegada por la última dictadura militar también generó cierta revalorización del sistema democrático, aun de parte de actores sociales y políticos que habían sido sus mayores críticos.

Consenso pos dictadura

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El escenario posdictatorial se caracterizó por la existencia de un consenso en torno a una serie de principios: el imperio de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, el repudio a la violencia en todas sus formas, el respeto a los derechos humanos y a la pluralidad de voces, la vigencia del diálogo como forma de resolución de conflictos, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder, entre otros.

A medio siglo del golpe, ese consenso, que durante años pareció inquebrantable, comienza a mostrar signos de desgaste.

Revisitar la última dictadura no implica sólo reconstruir el pasado, sino también interrogar las tensiones del presente y los sentidos en disputa sobre la democracia argentina. Frente a los discursos que relativizan el terrorismo de Estado o cuestionan los pilares democráticos, tener presente lo que significó la última dictadura militar para la sociedad argentina es tan imperioso como indispensable.

La democracia no es un logro adquirido, sino una construcción colectiva, histórica y frágil que requiere ser defendida de manera permanente.

** Historiadora, Grupo de Estudios de la Norpatagonia sobre el Pasado Reciente (GENPAR)/Universidad Nacional del Comahue.

** Historiadora, Grupo de Estudios de la Norpatagonia sobre el Pasado Reciente (GENPAR)/Universidad Nacional del Comahue- Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales/Conicet.