Uno de los protagonistas del juicio por YPF explica: “Es muy imprudente afirmar que Donald Trump influyó en el fallo”

Argentina obtuvo una victoria crucial en tribunales internacionales: le ganó a Burford Capital, un fondo inglés, el juicio por la expropiación de YPF. Así, el país se evitará de forma casi definitiva, pagar una cifra que ronda los US$ 18.000 millones.

Un breve resumen: en 2012, el Congreso argentino expropió el 51 % de las acciones de YPF a la española Repsol, la accionista mayoritaria. La presidenta era Cristina Fernández de Kirchner y el funcionario a cargo de la expropiación fue Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía. El país no realizó una oferta pública de adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios, tal como lo exigía el estatuto de YPF.

En 2015, el fondo inglés Burford Capital demandó a Argentina ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de Loretta Preska. Burford había adquirido el derecho a litigar en nombre de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos firmas pertenecientes a la familia Ezkenazi, propietarias de parte de las acciones restantes. La empresa pagó 15 millones de euros al síndico de la quiebra para las empresas Petersen.

En 2023, Preska dictaminó que el país había incumplido su contrato y le ordenó pagar US$ 16.000 millones a las empresas Petersen. Sin embargo, el pasado viernes 27, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, con sede en Nueva York, revocó la sentencia.

Sebastián Soler fue subprocurador del Tesoro, dedicado a temas internacionales, entre 2019 y 2023, bajo la presidencia de Alberto Fernández. Se trata de uno de los funcionarios que sentó las bases para lo que sucedió el viernes. En diálogo con RÍO NEGRO, Soler cuenta cómo se armó el equipo, qué dice (y qué no dice) el fallo y cómo se gestó la victoria que todos quieren capitalizar.

“El de YPF no era el único caso, pero probablemente por lo que se trataba y por el tamaño de la contingencia, era el más importante”, cuenta, rememorando su llegada a la Procuración del Tesoro en diciembre de 2019.

El caso ya llevaba cuatro años. Junto al procurador, Carlos Zanini, Soler tuvo que rearmar su equipo. Primero, confirmó como subdirectora Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales a Alejandra Etchegorry, que venía de la gestión anterior. “Ella entendía perfectamente de qué se trata ser funcionario público de carrera: los gobiernos cambian, pero el interés del Estado argentino no”, cuenta Soler.

Pero la dirección estaba vacante. Soler convocó a Mariana Lozza, que había sido subdirectora nacional en años anteriores y había vuelto al sector privado. Además, llamó a Agustina Guazzaroni, a quien conocía de Marval O’Farrell, Mairal, estudio en el que ambos fueron socios.

PREGUNTA: ¿Qué fue lo primero que hicieron al asumir el caso?
RESPUESTA: Entrevistamos a los estudios que atendían casos internacionales de Argentina, que eran tres: Skadden Arps, nos defendía en el caso YPF; Sullivan & Cromwell, en el caso conocido como Cupón PBI, que transcurría en Londres y en Nueva York; y Cleary Gottlieb nos representaba en los temas de deuda externa. Prácticamente de inmediato decidimos consolidar la defensa de los casos Cupón PBI e YPF en un solo estudio: Sullivan & Cromwell. Primero porque había eficiencias económicas en consolidar las defensas. Segundo, porque sabíamos que venía la cuestión de fondo, que tenía que ver con el derecho argentino. El estudio internacional iba a tener que nutrirse del aporte de abogados argentinos, principalmente del equipo de la Procuración. Era muy importante que rápidamente hubiera sinergias, trabajar diariamente con ellos.

P: ¿Cómo estaba compuesto el equipo de la Procuración?
R: La tradición en la Procuración es que los abogados llegan ahí después de una larga carrera en la academia, la justicia o el sector privado, porque es un lugar de máxima excelencia. Si hubiéramos respetado esa tradición, nos habríamos quedado con los pocos abogados que teníamos. Es una función que no es tan jerárquica y que paga poco. Entonces le sugerí a Carlos un camino alternativo, y él coincidió. Contactamos universidades argentinas, tanto públicas como privadas, preguntamos por los graduados recientes en Derecho Internacional Público que eran brillantes, los entrevistamos uno por uno, y armamos un equipo de jóvenes profesionales. Trabajaron con nosotros y con Sullivan & Cromwell a lo largo de los cuatro años que yo estuve, y unos cuantos siguen trabajando hasta hoy.

P: Qué tan importante es que la sentencia le de la razón a Argentina sobre la manera en que se expropió en 2012?
R: Es la posición que se sostuvo desde 2012, cuando se decidió impulsar la expropiación. El gobierno de aquel entonces era consciente de que el estatuto incluía un artículo incorporado en los años ‘90, como parte del proceso de privatización, que en otras palabras era una promesa a los inversores de entonces de que nunca otro gobierno iba a expropiar la mayoría de YPF, porque le saldría carísimo. En 2012, se decidió que esa disposición del estatuto no podía estar por encima ni restringir de ninguna manera la facultad expropiatoria amplia que la Constitución Argentina le concede al Estado Nacional desde 1853. Eso es lo que la Cámara tomó en cuenta, entre otros factores, para fallar a favor de la postura argentina y revocar el fallo de Preska.

P: Hay voceros del gobierno que dicen que Argentina cambió su estrategia con Milei ¿Es así?
R: Los argumentos de defensa que se expresaron a lo largo de todos estos años, bajo las distintas administraciones incluyendo la que yo integré y la última en la apelación, han sido en esencia siempre los mismos. En la apelación no podían no serlo, porque bajo el derecho procesal estadounidense el apelante no puede plantear argumentos nuevos: debe limitarse a reiterar los de primera instancia y explicar por qué fueron mal rechazados. Eso es lo que se hizo, y se hizo bien.

P: También se sugiere que la mano de Donald Trump estuvo detrás ¿no es un argumento que podría beneficiar a Burford?
R: Yo trazaría la siguiente distinción: el gobierno actual trabajó bien intentando conseguir —y consiguiendo— escritos de amicus curiae, no solo del gobierno de Estados Unidos sino de otros países que apoyaron la postura de la defensa argentina. Pero los dos escritos que presentó el gobierno de Estados Unidos —uno bajo la presidencia de Biden y otro bajo la de Trump— no apoyan la postura argentina en la apelación de fondo, es decir, en lo que se resolvió favorablemente el viernes 27. Se presentaron en una cuestión lateral, aunque importante: la orden de Preska que pretendía obligar a la Argentina a pagar por anticipado la sentencia entregando las acciones de YPF, pese a que la sentencia no estaba firme. Esa orden fue apelada por la Argentina. En ese expediente sí intervino el gobierno de Estados Unidos, argumentando que esa orden no podía ser cumplida porque la Ley de Inmunidad Soberana estadounidense solo permite embargar o ejecutar bienes de un Estado extranjero que estén dentro del territorio de Estados Unidos, y las acciones de YPF no lo están, porque están registradas en la Comisión Nacional de Valores en Argentina. Conseguir esos escritos fue parte de una estrategia exitosa. Ahora, no creo que Trump haya levantado el teléfono y les haya dicho a los jueces que revocaran el fallo de Preska. No solo no lo creo, sino que me parece imprudente decirlo.

P: ¿Puede Burford ir al CIADI?
R: Si bien el viernes se dio un paso decisivo y creo que va a ser muy difícil para Burford dar vuelta esta cuestión, no podemos descartar que mañana nos encontremos discutiendo el caso en el CIADI, por ejemplo. Y ciertamente sería desagradable que el argumento que se plantee allí sea la intervención de Trump. No va a prosperar, porque no alcanza con decirlo, hay que probarlo, pero igual es desafortunado siquiera sugerirlo.

P: Burford entró a este juicio comprando los derechos para litigar de la quiebra de los Eskezani. ¿Este fallo podría poner un freno a ese tipo de prácticas?
R: Creo que sí. Para empezar, le pone un freno fuerte a Burford. La sentencia de Preska que condenaba a pagar US$ 16.000 millones más intereses, representaba más del 40% de los activos en el balance de Burford, una compañía pública, que cotiza sus propias acciones en la bolsa de Londres y de Nueva York. A las 11 de la mañana del viernes tenían eso en la mano. Unos minutos después tenían cero, y eso provocó que su acción cayera a la mitad de su valor. Para una empresa como Burford, eso implica un riesgo financiero muy importante, porque se financia pidiendo préstamos. El propio Burford dice en sus contratos de financiamiento que si el valor de su acción cae por debajo de determinado límite, no puede pedir más plata prestada. Entonces tiene un problema financiero, pero también uno reputacional: Burford se pasó años diciendo “miren lo bien que me va a ir”, y de golpe le va muy mal. Eso inhibe su capacidad de conseguir inversores y nuevos negocios.

Perfil

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El Dr. Sebastián Soler es abogado recibido en la Universidad Nacional de Rosario, y master en derecho de la Universidad de Harvard.
Fue miembro del Consejo de Administración e investigador de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE).
En el sector público se desempeñó como Subgerente General de Supervisión y Seguimiento de Entidades Financieras y Cambiarias, y Sub Procurador del Tesoro y parte del equipo argentino en el litigio por YPF entre los años 2019 y 2023.