Riesgosa improvisación

El debate sobre el problema del narcotráfico en Rosario volvió a mostrar que la clase política argentina, embarcada en la campaña electoral, solo ofrece respuestas espasmódicas y efectistas a problemas profundos que afectan la vida cotidiana de la población, a menudo sin detenerse a considerar las consecuencias de largo plazo que pudieran tener.

La creciente violencia en la tercera ciudad del país por el accionar del crimen organizado tiene décadas. Sin embargo, quedó evidenciada en los últimos meses por un recrudecimiento de los ataques a balazos a organizaciones públicas y privadas y sobre todo por las amenazas a la familia del futbolista Lionel Messi, que dieron visibilidad internacional al tema.

La respuesta del Gobierno consistió en enviar más fuerzas federales a la provincia, que ya suman 1.400 efectivos para retomar el control de las calles y el polémico anuncio del despliegue de del cuerpo de Ingenieros del Ejército que colaborarán en la urbanización de los barrios más pobres de la ciudad. Irán desarmados y como ayuda civil, de acuerdo a la Ley de Seguridad Interior.

La propuesta fue criticada desde varios frentes. Desde quienes la consideran insuficiente, como la titular del PRO Patricia Bullrich, quien consideró que no sólo debieran colaborar en infraestructura sino debieran involucrarse activamente en la lucha contra el narcotráfico. O el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, del FdT, quien propuso una estrategia similar a la del presidente salvadoreño Nayib Bukele, de “guerra total” al narcotráfico, con el uso de militares y un estado de excepción que suspende garantías constitucionales. “Es música para mis oídos”, señaló sobre este método punitivo extremo.

Desde partidos y organismos de derechos humanos se cuestionó el uso de militares para pacificar la ciudad, incluso en este acotado marco. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló que la “improvisada medida” afecta el consenso nacional desde el retorno a la democracia sobre “la separación de la defensa nacional y la seguridad interior” y que “se envía a las Fuerzas Armadas a destinos en los que no debiera intervenir, en contextos para los que no están capacitados y en donde el sentido de sus funciones es poco claro”, sentenció.

Resulta evidente que los anuncios son sólo para mostrar que “se está haciendo algo” pero que no existe un plan articulado entre instancias federales, provinciales y municipales para combatir la criminalidad organizada. Tampoco una colaboración entre los tres poderes del Estado para generar herramientas legales, judiciales y ejecutivas coordinadas, sino más bien una transferencia de culpas y responsabilidades, mientras la violencia la padecen a diario los ciudadanos de pie. Amontonar fuerzas policiales sin un plan de acción para abordar el problema en todas sus fases, a escala nacional, servirá sólo para una calma momentánea en Rosario y probablemente para desplazar el delito a regiones vecinas.

Basta revisar la experiencias de México en este siglo y la de Brasil en el último gobierno de Lula con el “copamiento” en las favelas de Río en 2010 para darse cuenta que militarizar la lucha antidrogas tuvo nulos efectos en frenar el tráfico y por el contrario dejó secuelas en muertes y violaciones a los derechos humanos entre la población a la que se pretendía proteger.

Mientras el país siga sin contar con una inteligencia criminal eficaz y una agencia federal que centralice la lucha antidrogas; no se controlen las pistas clandestinas y las principales vías de ingreso y transporte de drogas; los criminales presos puedan planificar tráfico, extorsiones y balaceras desde los penales federales; no se aborden las rutas del dinero, el lavado ni sus vínculos con las campañas electorales y la política; se demore por interés partidario la designación de jueces y fiscales y la implementación del sistema acusatorio; se subestime el narcomenudeo y no se aborde el consumo de sustancias problemáticas desde la salud, las medidas quedarán apenas como un recurso electoralista de corto plazo, que nada incide sobre los problemas reales de los argentinos.


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