El 25% de las quejas en la Defensoría del Pueblo es por medicamentos

El organismo de control elevó a la Legislatura su informe anual. Las demoras en la entrega de drogas oncológicas están al tope de los reclamos. Duras críticas por la atención en Salud Mental.

Redacción

Por Redacción

La problemática de la salud relacionada con la falta de provisión de medicamentos, y las cuestiones sociales encabezan el ranking de reclamos de los rionegrinos, según el último informe que la Defensoría del Pueblo presentó como balance del 2017 a la Legislatura rionegrina.

Más del 20% de las presentaciones corresponden a reclamos de medicación oncológica, indica en el escrito la titular del organismo de control, Adriana Santagati. Una de las causas se debe a la falta de stock de los proveedores que abastecen al sistema estatal.

A su vez, un 5% de los casos corresponden a demoras en la provisión oportuna de otros medicamentos no oncológicos.

Tanto en el Ministerio de Salud como en la obra social provincial (Ipross), se advierte que los dos ejes centrales de reclamo en responden a la adquisición de prótesis-ortesis y por las especialidades farmacéuticas.

Dentro de la temática referida a salud mental se incluyen patologías de padecimiento mental y adicciones, temas que siguen siendo objeto de estudio e intervención de parte y de oficio por parte de este órgano de control.

Frente a situaciones críticas la defensora advierte una actitud “cuanto menos pasiva o de transferencia de las problemáticas que le corresponde asumir al área, hacia la sociedad u otros niveles de Estado”.

Apunta que “hemos comprobado cómo el equipo de Salud Mental minimiza los reclamos de los familiares, reduciéndolos a un problema de índole social, trasladando a su familia o su propio entorno las responsabilidades”.

Por otra parte en el tema de adicciones a estupefacientes, se observó que cuando se derivan pacientes a centros de internación ubicados fuera de los límites provinciales se evidencia “la falta de acompañamiento integral del paciente y su familia durante la internación y luego de la externación, lo que produce la reincidencia en el consumo de los pacientes con el irreversible daño para su salud y el impacto en el grupo familiar”.

Paralelamente, Santagati expresó su preocupación por “la derivación de pacientes de salud mental a residencias para adultos mayores”.

Niñez y Familia

En el área de Niñez y Familia, las demandas estuvieron relacionadas con la falta de profesionales que asisten a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad o familias en situaciones extremadamente desfavorables.

Si bien destacó como una “instancia superadora” la creación de la Secretaría de Niñez, se puso atención en “la ausencia de líneas de trabajo estables a largo plazo, producto de las modificaciones estructurales y funcionales relacionadas a la conducción” del Ministerio de Desarrollo Social.

En cuanto a la situación de personas en vulnerabilidad social, luego de analizar el nivel de requerimientos, el informe recomienda elaborar una planificación coordinada e interrelacionada de políticas públicas en general y políticas sociales en particular.

“Hemos comprobado cómo el equipo de Salud Mental minimiza reclamos de los familiares, reduciéndolos a un problema de índole social”.

Adriana Santagati, defensora del Pueblo.

Puntos débiles en la asistencia a personas con discapacidad

Cuestiones vinculadas al transporte, la emisión de certificados únicos, además de la asistencia para mejoramiento y la accesibilidad a la vivienda son los reclamos centrales recibidos en la Defensoría del Pueblo de parte de personas con discapacidad o de sus familiares.

Dos casos relevantes para el órgano de control fueron la suspensión de pago de pensiones y el otorgamiento de cupos de transporte. Ambos inconvenientes trasladados a la Defensoría derivó en reclamos a las autoridades nacionales desde la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina en virtud de que no se ve en el horizonte, solución alguna.

A su vez, se puso el acento en los inconvenientes que se le presentación a los discapacitados para obtener un cupo en viajes de colectivos, ya que se elevó la queja sin resultado alguno a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que sólo respondió sobre el nivel de multas que se aplican.

Multas

Datos

“Hemos comprobado cómo el equipo de Salud Mental minimiza reclamos de los familiares, reduciéndolos a un problema de índole social”.
30 a 60
días demoran las sanciones pecuniarias hacia las empresas desde el momento en que se eleva la denuncia.

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