El gobierno querelló a Noble, Magnetto y Mitre

A casi un mes de que Cristina Fernández de Kirchner presentara el informe “Papel prensa, la verdad”, el Gobierno pidió la declaración indagatoria de la titular del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, su CEO, Héctor Magnetto, y del director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, así como del ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, entre otros, por la “apropiación ilegal” de la empresa papelera del Grupo Graiver durante la última dictadura. La querella fue presentada ayer por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, con patrocinio del Procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, ante el Juzgado Federal 3 de La Plata. En nombre del Estado, el gobierno pidió las indagatorias del dictador Jorge Rafael Videla, del jerarca de la Marina y ex miembro de la junta militar, Emilio Eduardo Massera (declarado inhábil mental por la Justicia), del ex ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz y del ex secretario de Desarrollo Industrial, Raymundo Juan Pío Podestá, quienes habrían obligado a los integrantes del Grupo Graiver a transferir sus acciones a los tres diarios. “Los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, no sólo tuvieron el escenario de las mesas de torturas, o los vuelos de la muerte, sino también se combinaron con acciones en despachos alfombrados y mesas de directorios de grandes empresas, con actores civiles tan responsables en su conducta criminal, como aquellos que manejaban las picanas”, comienza diciendo el escrito de 192 páginas. En la querella se afirma que los delitos de lesa humanidad contra el “Grupo Graiver” no comenzaron con el “secuestro, tortura y vejámenes de todos ellos”, ni con la muerte de Jorge Rubinstein (mano derecha de David Graiver), a consecuencia de las torturas sufridas, sino que fueron “fruto de un concierto delictivo preciso que comienza con la etapa extorsiva que lo antecede, que obtuvo los resultados buscados tras una cuidadosa preparación mediática”. El Gobierno denuncia que esa “cuidadosa preparación mediática” fue urdida por los diarios La Nación y Clarín para apropiarse de forma ilegal de las acciones de Papel Prensa, en connivencia con los militares. Esta actitud, señala la querella, se inscribe en el propósito de ejercer el “control de la prensa escrita en todo el territorio nacional, a través del axioma de que ‘el que controla el papel controla la información’”. En ese sentido, se afirma que los grandes medios, en referencia a esos diarios, tuvieron como objetivo crear una “un ambiente propicio para la interrupción institucional”, así como para generar un consenso que legitimase al gobierno surgido en esas circunstancias. (DyN, Perfil.com)

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