El honor y los honores

El otro día, con cierto sobresalto, oí hablar del honor herido a un senador sospechado de soborno. El honor es una virtud poco frecuentada. Invocarla puede interpretarse casi una broma. Al menos, no parece utilizable en un recinto bancario, en algunas oficinas públicas o en un reducto prostibulario, por ejemplo, y sin ánimo discriminatorio respecto de este último. El «mercado» -sea éste el laboral en tiempos de desocupación; financiero o empresario, en épocas de quiebras y concursos comerciales- no es ambiente que favorezca su predicamento. Las cosas del honor son asuntos propios de un orden moral, que nos exige el más severo cumplimiento de nuestros deberes respecto del prójimo y de nosotros mismos. En el plano social, paralelamente, supone fama y buena reputación. Pero ese concepto, en su significado de «conciencia de responsabilidad ética» o en el sentido de «prestigio destacable», resulta actualmente algo solemne y ostentoso. Tiene un regusto pretérito que lo inhabilita para estos días sin gloria. Cuando hablamos del honor, mejor es referirlo a otros tiempos y lugares, presumiblemente míticos, en los que sí hubo hechos y actitudes gloriosas.

Históricamente, la honra está generada por acciones divinas o heroicas. Para los primitivos romanos el honor era, inicialmente, la ceremonia de homenajes que se rendía a los dioses. Pero muy pronto los humanos se adjudicaron el atributo. Rendir honores era un obsequio elogioso, el aplauso concedido en un acto visible y ritual a quien tuviese la potestad de merecerlo. Esa marca de consideración fue enseguida asimilada a la «carrera de honores» en el gobierno, esto es, el cargo oficial y público, generalmente bien retribuido. Los honores fueron así algunos privilegios obtenidos en la escalada de méritos y favores, el puesto o empleo generado en el curso sinuoso por donde discurre el poder público.

Salvo por las coimas, sólo disponibles para las altas jerarquías -que hasta los sobornos se concentraron- ese curso está deteriorado. Además es peligrosamente inestable.

«El que quiera honra, que la gane», es un precepto vulgarizado en refrán durante el medioevo tardío español. Nadie como los españoles imperiales para evocar el honor, independientemente de que éste fuese una máscara instrumental para la justificación del poder de represión y dominio arbitrario. Pero, de hecho y de derecho, la nobleza feudal transformó aquel criterio más o menos igualitarista y popular. Asumido por el «punto de honor del hidalgo castellano», hizo que trascendiese a la persona del titular honrado. Se confería, entonces, por razones de sangre y de fortuna, a familiares y descendientes.

Según las pautas de la nobleza tradicional, terrateniente y belicosa, el código de honor es cerrado, una doctrina implacable, susceptible hasta el exceso, que se juzga no tanto por las acciones del hombre de honor, sino por las acciones de los otros que lo deshonran. La nobleza es consciente de su honor, sea éste propio, heredado, justificado o hipócrita. En cambio, el ciudadano de una República que no reconoce los títulos de nobleza, es honorable o no sin proclamarlo. Su contraparte es la vergüenza.

Siendo los honores, por otra parte, una recompensa oficial discernida por el poder, aquel honor de otros tiempos adquiere un valor relativo, mucho más modesto en las prácticas políticas de nuestros tiempos pragmáticos y mercantilistas. Porque el honor como dignidad caballeresca y emulación patriótica, no es lo mismo que los «honores» recibidos por la función pública jerarquizada en escalafones de trepada, que tanto abunda en la competencia clientelista por cargos, en tiempos de desbarajuste de la ética republicana y escasez fiscal.

En rigor y en primera acepción, el honor es un sentimiento elevado de los deberes, incluido en el polo positivo del código ético por el lado de lo excelente. Pero debemos distinguir ese estado ético real, si lo comparamos con el posicionamiento simbolizado por los «honores» del cargo público. Estos últimos imponen investiduras no coincidentes, muy a menudo, con el honor glorioso de la moral heroica. Como se ve, la cuestión se asocia al poder y por lo tanto a cierta clase de política. Con motivo del escándalo producido recientemente en el Parlamento, pero desde hace años extendido por la función pública, podemos observar que muchas veces no se puede hablar seriamente del honor de los jueces, los ministros y los legisladores, aunque hayan sido investidos por los «honores» de sus respectivos puestos.

Durante las guerras napoleónicas, en las negociaciones previas a un decisivo combate naval, un capitán inglés le espetó al jefe de la escuadra francesa:

-Ustedes se baten por el dinero, nosotros por el honor.

-Es verdad, -le contestó el otro – siempre se pelea por lo que no se tiene.

Es posible que así sea, agreguemos. Sólo que a pocos se les ocurre ahora pelear por el «honor» en su sentido primigenio, que no sólo no se posee, sino que siendo un objeto tan poco valorado, ni siquiera se desea. Resulta demasiado cargoso y comprometedor. En todo caso se defienden los «honores» que, en realidad, son bastante asimilables a los dineros, bien o mal habidos. Para los ciudadanos sería suficiente, sin embargo, que se ejerciera la decencia, se despreciara la vanidad y se repudiara la mentira, con la sencillez, el buen gusto y la «clase» de una democracia bien plebeya.