El intento de desalojo reavivó el movimiento ciudadano

Barcelona :: España

Por primera vez desde que los “indignados” plantaron sus campamentos por toda España, las fuerzas de seguridad cargaron hoy contra ellos y desalojaron en Barcelona la céntrica Plaza de Catalunya, en una acción que se saldó con dos detenidos y 121 heridos leves, 37 de ellos agentes de policía.

Horas después del enfrentamiento, que tuvo lugar por la mañana, las fuerzas de seguridad abandonaron el lugar y los acampados recuperaron la plaza.

Y no sólo lo hizo el millar de personas que se encontraba allí cuando intervinieron las fuerzas policiales, sino que miles de ciudadanos se fueron uniendo a la protesta a lo largo de la tarde y esta noche superaban ya los 12.000, según fuentes policiales citadas por medios españoles.

“Ya no tenemos miedo”, gritaban los manifestantes en la Plaza de Catalunya, algunos portando flores y otros con las manos teñidas de blanco.

“Cataluña no está sola”, gritaron por su parte manifestantes en la Puerta del Sol de Madrid, epicentro y símbolo de las protestas desde el 15 de mayo.

Allí también acompañaron esta noche a los acampados más personas que en los últimos días, coincidiendo además con el día en el que el gobierno regional madrileño, en manos del conservador Partido Popular (PP), instó al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a desalojar la acampada por los efectos perniciosos que, según dijo, está teniendo sobre los comercios de la zona.

La dureza policial en Barcelona reavivó unas protestas que, exigiendo el cambio del modelo político y social en España, irrumpieron en plena campaña electoral, pero que tras los comicios municipales y autonómicos del domingo pasado habían ido perdiendo fuerza.

El violento desalojo en Barcelona, en el que las fuerzas de seguridad catalanas cargaron con porras y pelotas de goma, desató numerosas críticas en todo el país y movilizó también a cientos de estudiantes que cortaron la avenida Diagonal, una de las arterias de la Barcelona, en solidaridad con los acampados.

Las autoridades de Cataluña negaron que su objetivo fuera desalojar a los “indignados” y aseguraron que lo que pretendían era limpiar la plaza de cara a las celebraciones que se prevé allí mañana sábado si el Barça gana la final de la Champions en Londres contra el Manchester United.

El objetivo no era desalojar, sino “recuperar la normalidad desde un punto de vista de higiene, seguridad y salud pública y disminuir el riesgo de una posible celebración ante una hipotética victoria del FC Barcelona”, dijo el consejero de Interior del gobierno regional catalán, Felip Puig.

A primera hora de la mañana, camiones de basura entraron en la Plaza de Catalunya con la orden de limpiarla y retirar los objetos que pudieran resultar peligrosos si mañana sábado el lugar se llena para celebrar el triunfo del Barça.

Los acampados rechazaron salir del lugar en el que llevan 12 días pidiendo un cambio en el modelo político y social de España. Y numerosas personas fueron llegando hasta allí para apoyarlos, bloqueando las salidas de la plaza a los camiones al grito de “no tenemos miedo”.

Las fuerzas de seguridad cargaron en varias ocasiones con porras y pelotas de goma contra aproximadamente un millar de personas, según medios españoles.

El Defensor del Pueblo catalán, Rafael Ribó, abrió una investigación para saber si la actuación policial vulneró derechos y si los agentes actuaron con proporcionalidad.

La operación policial la llevaron a cabo los Mossos d’Esquadra -policía autonómica catalana- y la Guardia Urbana de Barcelona. De los heridos, en su mayoría leves, 37 fueron agentes de policía. También hubo varios periodistas.

Entretanto, el gobierno de Zapatero dijo que estudiará con las fuerzas de seguridad la posibilidad de desalojar la Puerta del Sol en Madrid, tras la petición del Ejecutivo regional presidido por Esperanza Aguirre.

“Voy a analizar con la policía la situación y ya tomaremos una decisión”, manifestó el vicepresidente primero del gobierno español, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Los acampados “están poniendo en grave riesgo la viabilidad de muchísimos negocios, de pequeños comerciantes”, dijo a medios españoles el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.

“Creo que una parte de los problemas que planteaban (los indignados), que eran problemas ciertos, se han resuelto ya, quedan algunos por resolver”, respondió el vicepresidente Rubalcaba, al asegurar que analizará con la policía la petición antes de tomar una “decisión”.

El Ejecutivo de Zapatero ha tolerado hasta ahora las protestas, incluso cuando fueron prohibidas explícitamente por la Junta Electoral Central (JEC), el pasado fin de semana, por la jornada de reflexión y los comicios municipales y autonómicos.

DPA.-