El STJ advierte que no creará cargos sin recursos

Reclamó un 65% más de presupuesto que en 2008. Sin ese dinero peligrará la paz social, afirmó.

VIEDMA (AV).- El Superior Tribunal de Justicia advierte a los otros Poderes del Estado que no pondrá en «marcha nuevos organismos» o reformas judiciales que «no cuenten con la asignación presupuestaria específica». Plantea esta consideración en la elevación del presupuesto reclamado para el 2009, que alcanza a los 225 millones de pesos.

En su fundamentación, el STJ insiste en la obtención de esas asignaciones como «necesidad de fortalecer y consolidar» la «independencia de los jueces» y además prevé, «lamentablemente, un incremento de la conflictividad y, en consecuencia, de la actividad judicial».

La Acordada N° 2/08 requiere un presupuesto de 225.489.000 pesos (222.149.000 pesos de Rentas Generales y 3.340.000 pesos de Recursos Propios). La partida de personal concentra 194.821.000 (casi el 87 por ciento) y la de Funcionamiento insumirá 30.668.000 pesos.

La ejecución presupuestaria de la Justicia en el 2008 superará los 140 millones, es decir, en el proyecto se piden unos 85 millones más, lo que representa una suba pretendida de 61 por ciento.

El STJ recuerda -como ha hecho en mensajes anteriores- que la participación de ese Poder en la asignación del presupuesto general promedió el 6,14 por ciento en el período 1993-2003 y en el 2008 fue del 4 por ciento.

 

«Pautas de Hacienda»

 

En relación con el proyecto 2009, los magistrados informaron que Hacienda indicó un presupuesto para el año próximo que debía «anualizar la masa salarial de septiembre y una asignación para gastos de funcionamiento muy inferior» a la del 2008.

El STJ destacó que esa posición «no se condice» con el mandato de la Constitución provincial que establece que el Poder Judicial «formula su proyecto de presupuesto y lo envía a los otros dos Poderes».

«Las pautas» de Hacienda -agregó- «resultan de imposible cumplimiento» ya que desconocen «la voluntad del legislador», con las creaciones de los Juzgados de Familia de Viedma y Cipolletti, de los Juzgados de Ejecución Penal de Viedma, General Roca, Bariloche y Cipolletti, y de los equipos interdisciplinarios de los Juzgados de Familia.

También enumera la Ley Orgánica del Ministerio Público, que incorpora al Fiscal y al Defensor General, y otros funcionarios y estructuras de ese organismo judicial que están pendientes de implementación y designación de cargos.

 

Otro aumento en enero

 

En lo salarial, el tribunal prevé un 5 por ciento de aumento a partir de enero, ejecutando un acordada de setiembre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la cual reivindican estar enganchados salarialmente los jueces rionegrinos. Aclara que no se prevén «otros aumentos», los cuales «se gestionarán» si la CSJN fija nuevas subas salariales.

También se contempla la continuidad de los concursos internos para restituir la carrera judicial.

La elevación del proyecto de presupuesto judicial destaca que «los mayores déficit» del Poder Judicial «están dados por la insuficiente e insatisfactoria infraestructura», por lo cual se acuerda gestionar un «plan de obras públicas». El proyecto fija la necesidad de encarar construcciones de sedes de los Ministerios Públicos en Viedma y otros edificios en Regina, Choele Choel, Jacobacci, Allen, Cipolletti y SAO, así como nuevos tribunales para Bariloche.

El STJ destacó su presupuesto por su «tradicional austeridad» y aclara que su «importante incremento» en relación al actual ejercicio «no obedece» a las subas de remuneraciones sino al cumplimiento de distintas leyes, que establecieron nuevos organismos y reformas en los procedimientos.

Sus pretensiones son los «valores mínimos y de subsistencia», indicó.

Advierte la elevación que si no se otorgan esos recursos se pondrá «en peligro el equilibrio institucional y la paz social».

De ese modo, el Superior Tribunal de Justicia ratificó el «rígido criterio de no dar curso a designaciones» ni a la puesta en «funcionamiento de nuevos organismos creados por el legislador» o de «reformas de códigos» que se dicten a partir del 31 de octubre de 2008 y que no cuenten «con asignación presupuestaria específica».


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