En busca de justicia

Con la presunta excepción de los jueces mismos, nadie puede sentirse conforme con los resultados, aún provisionales, del juicio por el incendio del boliche República Cromañón en que murieron 194 personas muy jóvenes. Todos dicen querer justicia, pero cada uno tiene su propia idea, que por lo común es difusa, de la forma que la justicia debería asumir. Como es lógico, los más exigentes son los deudos de las víctimas, algunos de los cuales protestaron con virulencia contra los veredictos del tribunal, sobre todo por la absolución de Callejeros que festejó, con levedad incalificable, una recua de aficionados del grupo.

Era inevitable que no bien se anunció el fallo comenzaran a plantearse preguntas sin ninguna respuesta fácil. ¿Fue Omar Chabán el gran responsable del desastre horroroso que se produjo después de que suplicó al público olvidarse de la pirotecnia o es sólo un chivo expiatorio irremplazable porque no se ha identificado al sujeto que efectivamente provocó la hecatombe? ¿Fue legítimo absolver a los músicos de Callejeros porque, si bien es de suponer que entendían que la costumbre de sus seguidores de lanzar bengalas en recintos inflamables cerrados era peligrosísima, a diferencia de su mánager no estaban a cargo de la seguridad y por lo tanto podían darse el lujo de aprobarla? También pueden cuestionarse las condenas simbólicas a dos funcionarias porteñas por incumplimiento de sus deberes y la nada simbólica, de 18 años, a un subcomisario por recibir coimas a cambio de pasar por alto «las contravenciones que se daban en el local»: ¿no debería castigarse con severidad igual a todos los funcionarios y policías que actuaran así, aun cuando su desprecio por las reglas no hubiere tenido consecuencias aciagas? Al fin y al cabo, en principio son igualmente culpables.

Los jueces tuvieron que limitarse a decidir el destino inmediato de los directamente vinculados con lo sucedido. Otros, decididos a cavar más hondo en la búsqueda de responsabilidades, no han vacilado en culpar a toda una sociedad que a su juicio está demasiado dispuesta a resignarse a la desidia y la corrupción, a la proliferación de empresarios sin escrúpulos, a una cultura juvenil comercializada que premia a los transgresores, o sea a quienes se mofan de la autoridad, y a la conducta desenfadada resultante de quienes asisten a los recitales de rock no sólo para escuchar música sino también para perderse en medio de una muchedumbre enfervorizada. En todos los análisis de este tipo hay una cuota de razón, pero la verdad es que los fenómenos que indignan a quienes los hacen pueden encontrarse en todos los países del mundo. Hasta en los países más ordenados, aquellos en que los ciudadanos se enorgullecen por su comportamiento disciplinado, se han registrado desastres similares.

En el mundo actual, o por lo menos en los países democráticos, es rutinario que los familiares y amigos de víctimas de un episodio nefasto se organicen para reclamar justicia. A veces es difícil distinguir lo que quieren de la venganza. Hace algunos días, un grupo de italianos celebró la condena a cadena perpetua de un nonagenario alemán por una corte en Munich a raíz de un crimen que cometió en 1944; lo habrá merecido, pero tanto tiempo transcurrió desde la Segunda Guerra Mundial que el fallo no pudo haber contribuido a curar ninguna herida. Por lo demás, a esta altura quienes insisten en obligar a los pocos criminales nazis que todavía quedan a rendir cuentas ante la Justicia parecen estar más interesados en las connotaciones políticas de los juicios que en la justicia propiamente dicha, ya que escasean los deseosos de tratar de la misma manera a las docenas de miles de asesinos y torturadores comunistas que aún andan sueltos en Europa y otras partes del mundo. Asimismo, en la Argentina, los más decididos a ver castigados a todos los involucrados en la represión ilegal no se han destacado por su voluntad de ver procesados a los terroristas que por motivos políticos perpetraron crímenes parecidos.

Ayer no más, los deudos de las 270 personas que murieron en 1988, cuando terroristas presuntamente empleados por el régimen libio de Muamar al Gaddafi hicieron estallar un avión de Pan American sobre el pueblo escocés de Lockerbie, alzaron sus voces en protesta contra la decisión del gobierno local de liberar al único condenado por el crimen por razones humanitarias, ya que según los médicos que lo asisten está por morir de cáncer. Los muchos británicos y norteamericanos indignados por lo que toman por un exceso de sensiblería acaso «políticamente correcta» por parte del gobierno autonómico de Escocia dicen sentirse privados de justicia. Si bien a esta altura pocos confesarían creer que la justicia debería resumirse en la expresión bíblica «ojo por ojo, diente por diente», la mayoría sigue aferrándose a variantes menos cruentas de la ley del talión. Mal que les pese a algunos, los jueces no pueden librarse por completo de los instintos que subyacen en tal actitud.

Frente a un caso tan terrible como el supuesto por el siniestro que truncó casi 200 vidas en República Cromañón, los jueces tienen que tomar en cuenta una multitud de factores que en teoría no deberían incidir en sus fallos: la presión ejercida por los deudos que reclaman justicia, el estado de la opinión pública que tal vez sea más proclive a favorecer a músicos «rebeldes» que a empresarios dueños de boliches, la realidad política, la necesidad de asegurar que las condenas reflejen la magnitud de los daños ocasionados y la cantidad de víctimas. Si una sola persona muere a causa de un incendio atribuido a negligencia o corrupción, las penas, si las hay, serán con toda probabilidad leves. En cambio, si mueren centenares, a los juzgados culpables les aguardarán muchos años entre rejas.

¿Es justo que sea así? Puede que no, que en un mundo libre de turbulencias emotivas los jueces estarían más dispuestos a imputar la catástrofe que se abatió sobre Cromañón al azar que a la malignidad o, cuando menos, a la inconsciencia de tres personas.

¿Servirán las condenas recibidas por el «empresario de la noche» Chabán, el mánager Diego Argañaraz y el subcomisario Carlos Díaz para reducir el riesgo de que haya otros desastres equiparables el futuro? Aunque pocos pueden creer que merced a la severidad de las penas anunciadas para tres de los seis juzgados culpables se hayan hecho más seguros los boliches, estadios de fútbol y otros lugares en que se juntan miles de personas, hay que rezar para que nunca tengamos motivos para lamentar lo escasa que haya sido su incidencia en la conducta de la gente, trátese de empresarios, funcionarios o jóvenes que se burlan de las advertencias molestas que les formulan mayores que en su opinión son autoritarios de mentalidad anticuada.

 

JAMES NEILSON


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