La CEB defendió su pedido de suba del 40% por los «costos más altos» que la inflación

 Los usuarios eléctricos de Bariloche y de Dina Huapi deberán afrontar un aumento tarifario del 40% si el EPRE convalida el incremento que solicitó la CEB para cubrir los mayores costos de prestación “no salariales” y que justificó hoy en una audiencia pública virtual.

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La exposición de las razones técnicas que invoca la CEB para pedir el ajuste estuvo a cargo del contador Néstor Prado, quien se refirió a la escalada del proceso inflacionario y las crecientes dificultades de la CEB para sostener la calidad del servicio con la actual tarifa.

El único orador inscripto en la audiencia fue el Defensor del Pueblo adjunto, Álvaro Larreguy, cuyo mensaje apuntó contra la “discrecionalidad” que advirtió en el planteo de la cooperativa y la indiferencia sobre “los ingresos reales de los hogares”.

Prado describió con abundancia de cuadros la evolución de costos en el período comprendido entre febrero y diciembre de 2023, que fue el abarcado en el pedido de la CEB. La recomposición de tarifas anterior que obtuvo la prestadora, en abril pasado, fue de un 12% a un 15%, según las categorías.

En este caso variaría entre el 40% y el 45% y estaría aplicada directamente a cubrir el aumento del “valor agregado de distribución”, es decir la porción del precio que paga el usuario dirigido en forma directa a remunerar a la CEB, y que representa el 41 % del precio final en la factura. El resto se compone entre el costo de compra de la energía (generación y transporte) que sumaban a diciembre un 36%, más otro 24% de impuestos.

Según explicó Prado, la CEB debió afrontar un fenómeno de “inflación en dólares” para varios de los materiales empleados en la prestación del servicio. Señaló por ejemplo que mientras el gasoil aumentó en el período febrero/diciembre un 178%, el salario mínimo vital y móvil un 124% y el transporte urbano en Bariloche un 74%, en el mismo lapso los postes de madera registraron un incremento de precios del 210%, el cable pretensado un 365% y los medidores monofásicos un 494%.

Dijo que estos últimos insumos tuvieron subas muy superiores a la inflación en pesos debido a la evolución del precio internacional del cobre (“condicionado por la guerra entre Rusia y Ucrania) y también por las restricciones que enfrentaron las empresas importadoras, entre otras razones.

Aclaró que el valor agregado de distribución en su porción salarial, que representa un 64% del total, quedó afuera de la actual solicitud y se ajusta en forma automática, sin audiencias públicas.

En este caso el proceso abierto por el EPRE fue para considerar el vad “no salarial”, que hoy impone un gasto de 2.053 millones de pesos anuales para la CEB.

Según la Cooperativa, el nuevo requerimiento para el vad no salarial sería de 4.400 millones de pesos, a fin a atender amortizaciones y “nuevos servicios”, entre otras obligaciones.

Una carga que superaría los 3.000 pesos

Prado dijo que necesitan “recomponer ingresos” para hacer frente al costo de insumos indispensables, entre los que enumeró “transformadores, postes, columnas, vehículos, software y hardware”.

Indicó que la CEB tiene uno 57.147 asociados que le compran regularmente energía, lo cual representa aproximadamente un tercio de los usuarios de toda la provincia. De ese total, el 87% son residenciales y el resto comercios e industrias.

Según el directivo de la empresa, el impacto del aumento pretendido para una vivienda unifamiliar que consume 250 kW/h mensuales sería de 3.104 pesos.

En el turno de los oradores anotados, solo empleó ese derecho (también en forma remota) el defensor del Pueblo Larreguy, quien cuestionó que la referencia pormenorizada de la CEB sobre el incremento de costos no haya estado acompañada de un detalle sobre “cómo se traduciría el aumento en cada categoría”. Sugirió al EPRE que exija esa información a la prestadora.

Dijo que no puede ser ajeno al análisis que “la canasta básica es hoy de 495 mil pesos” y que existe “un aumento de precios generalizado que afecta a todos los hogares argentinos”.

Citó un fallo de la Corte Suprema según el cual “el Estado debe tener especial prudencia y rigor a la hora de fijar tarifas” y también normativas regulatorias que imponen garantizar la provisión del servicio eléctrico “con el mínimo costo compatible con la seguridad del abastecimiento”.

Hacia el final de su ponencia Larreguy también propuso aplicar medidas “que limiten la desconexión del servicio por falta de pago”. Y pidió otro dato que no estuvo disponible en la audiencia, referido con el nivel de cumplimiento de los usuarios en el pago de las facturas de la CEB.

“Sería provechoso conocer el nivel actual de morosidad -dijo el Defensor-, a fin de evaluar el impacto futuro del aumento”.