Esa vieja costumbre de querer «copar» la Corte

Con el juramento de Juan Carlos Maqueda, el presidente Duhalde también puso su hombre en la Corte Suprema de Justicia. En los últimos 60 años, sólo Fernando de la Rúa no intentó modificar la composición de la Corte Suprema. El primer avasallamiento del máximo tribunal fue durante la primera presidencia de Perón y el avance más reciente lo ejecutó Menem al ampliarla para conseguir una mayoría adicta. Opinan los juristas.

Nazareno, del estudio jurídico de los Menem en La Rioja a la presidencia del máximo tribunal. Un claro ejemplo que cómo se ejerce el poder.
BUENOS AIRES (ABA) – «Para gobernar es necesario contar con jueces afines», decía a comienzos de 1997 el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde. Seis años después, como titular del Poder Ejecutivo, pasó a los hechos.

La asunción de Juan Carlos Maqueda como nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia en el último día hábil de 2002, es un eslabón más de una costumbre que se instaló en la Argentina de los últimos 60 años consistente en que cada presidente busque instalar en el Máximo Tribunal a hombres que respondan a su tendencia política.

En este caso, Duhalde cubrió con la designación de Maqueda la vacante que había dejado Gustavo Bossert, pero lo grave -según especialistas como Daniel Sabsay- es que lo haya hecho «durante un mandato de transición».

«Es incoherente que faltando unos meses para concluir su período, el actual gobierno llene un cargo de carácter vitalicio como el de ministro de la Corte Suprema», coincidió el especialista, Miguel Padilla.

Distinta es la posición del constitucionalista, Gregorio Badeni, quien afirmó que «los cargos constitucionales están para ser cubiertos, y el Presidente tiene la facultad (con conformidad del Senado) para hacerlo».

«Desde el punto de vista institucional el nombramiento de Maqueda no merece ninguna objeción; y en otro aspecto, todos los presidentes que propusieron jueces a la Corte buscaron personas adictas a su línea política», justificó Badeni.

Aunque es discutible si la cabeza del Poder Judicial debe acompañar los lineamientos de la administración, lo negativo es cuando se dan pasos para hacer de los jueces un brazo más del gobierno de turno. En nuestro pasado, hay sobradas experiencias en ese sentido.

Casi todos

El avance más reciente sobre la Justicia ocurrió en 1990 cuando el ex presidente Carlos Menem amplió de 5 a 9 el número de ministros de la Corte para conseguir una mayoría adicta. Al renunciar Bacqué y Cavallero, el ex mandatario riojano consiguió durante los años siguientes mantener lo que se conoció como «mayoría automática».

Los nombres de esta última cambiaron, siendo primero Julio Nazareno, Rodolfo Barra, Mariano Cavagna Martínez, Ricardo Levene y Eduardo Molinné O Connor; mientras tres años después para obtener la reelección Menem incorporó a un jurista proclive al radicalismo, pero siempre manteniendo la hegemonía con el ingreso de Guillermo López, Adolfo Vázquez y Antonio Boggiano (que se agregaron a Nazareno y O Connor).

De tal modo, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Enrique Petracci (y después Gustavo Bossert) votaron las cuestiones centrales en disidencia.

Primera Invasión

El primer eslabón de avasallamiento al Poder Judicial ocurrió durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, cuando por juicio político se destituyó a 4 de los 5 jueces de la Corte (subsistiendo nada más que el nacionalista peronista, Tomás Casares). Ese Tribunal oficialista llegó hasta a convalidar el desafuero del entonces legislador, Ricardo Balbín, por haber afirmado que «comenzaba la revolución social del radicalismo».

Con el derrocamiento del peronismo, fue la Revolución Libertadora la que puso en comisión a los magistrados nombrados por el presidente destituido y nombró a sus reemplazantes.

En 1958, Arturo Frondizi formuló un proyecto para aumentar los jueces a diez y dividir al Máximo Tribunal en salas, pero el mismo no prosperó.

Durante el mandato de Arturo Illía, se elevó de cinco a siete la cantidad de integrantes de la Corte, y luego el dictador Juan Carlos Onganía la volvió a reducir a la cantidad anterior.

Después le tocó el turno al gobierno de Isabel Perón que ofreció jubilaciones de privilegio a esos magistrados hasta forzar renuncias, y después el último Proceso militar removió a los nombrados por el justicialismo.

Aunque con minoría en el Senado, Raúl Alfonsín reemplazó a los jueces designados en 1976. Le ofreció uno de los sillones al candidato a quien había derrotado, Italo Luder, pero este lo rechazó.

Finalmente, Carlos Menem consiguió durante la década del 90 construir un Tribunal a su medida.

En el libro «Hacer la Corte», el periodista Horacio Verbitsky retrató cómo se manejó el tema de la justicia durante aquella etapa. Hasta un ministro como Vázquez se definió sin rodeos como justicialista y amigo del ex presidente Menem.

Y en sucesivos fallos (como el per saltum en la privatización de Aerolíneas) se advirtió el alineamiento directo de los jueces.

Unicamente Fernando de la Rúa se abstuvo de forzar modificaciones en el Tribunal. «Fue el único momento en que tuvimos una Corte ajena a todo tipo de presiones del poder político», destacó Badeni, quien recordó que Duhalde ha vuelto a la costumbre al amenazar con juicio político a los magistrados que apoyan la salida de los depósitos atrapados en el corralón.

En el nombramiento de Maqueda, pocos analistas cuestionaron sus conocimientos o su probidad (aunque casi no tiene bibliografía sobre temas jurídicos), pero si su procedencia de neto corte político ya que era el presidente del Senado nacional y estratégicamente responde al oficialismo.

«Una cosa es tener simpatía política, pero otra es ser un dirigente o un militante», espetó Padilla reiterando lo que expuso ante la Cámara alta.

Salvo frente a la designación de Maqueda (ante la cual reaccionó un grupo de ahorristas), no hubo en los casos anteriores protestas públicas ni cacerolazos frente a los cambios provocados en la Corte, algo que la clase política seguramente agradece.

Parecido y diferente con EE. UU.

BUENOS AIRES (ABA) – En Estados Unidos -cuyo modelo de designación tomó nuestra Constitución Nacional-, la cantidad de nueve miembros de la Corte no ha sido modificada desde 1869.

El tratadista Lawrence Baum, en su obra «La Suprema Corte» detalla como en el país del Norte la Cámara alta antes de aceptar el nombre propuesto por el Presidente no sólo recibe informes de asociaciones y entidades no gubernamentales, sino que en agotadoras audiencias públicas se priorizan los aspectos técnicos.

En un 90 % tienen una nutrida experiencia jurídica, o son profesores de las Universidades de Harvard, Standford o Yale, aunque según Badeni «hay que reconocer que ninguno de ellos tiene reparos en mostrarse cercano al Presidente que lo designó».

«

Sin autoridad moral»

Diferentes entidades cuestionaron la poca atención que recibieron en el Senado sus críticas a la postulación de Maqueda. «Nos escucharon, pero los dados estaban echados», puntualizó Padilla en nombre del Colegio de Abogados.

El constitucionalista Badeni sostuvo que esta última entidad conducida por Roberto Durrieu «no tiene ninguna autoridad moral para criticar (la llegada de Maqueda a la Corte) porque siempre fueron partidarios de los nombramientos del gobierno de facto de 1976.

«Académicamente los magistrados eran intachables, pero acompañaban sin miramientos la política del Proceso militar». «Si Duhalde hubiera nombrado un juez de tendencia conservadora estarían aplaudiendo», agregó.

Lo propio -continuó Badeni- ocurre con el Colegio Público de Abogados: «si se designaba un magistrado de centro izquierda lo hubieran apoyado».

«Claudio Rabinovitch crabinovitch@rionegro.com.a


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