Estafa institucionalizada

A su modo, los jueces de la Corte Suprema son idealistas. Creen que todos, incluyendo los gobernantes, deberían acatar la ley y respetar los derechos legales adquiridos y que, si exige algo, las autoridades correspondientes lo harán. Sin embargo, como entienden muy bien los integrantes de la clase política, hay una diferencia insalvable entre el país real y el imaginado por quienes toman al pie de la letra la Constitución de la Nación, las leyes aprobadas por el Congreso o decretadas por la presidenta y los fallos judiciales. Así las cosas, sería asombroso que prosperara el intento de la Corte Suprema de obligar a la Anses a prestar atención a la cantidad fenomenal de juicios que han resultado ser favorables a los reclamos de jubilados que, desde hace años, cuando no décadas, han estando procurando cobrar todos sus haberes. A esta altura, la deudas acumuladas por el sistema previsional son tan grandes que honrarlas supondría una transferencia de recursos de las arcas estatales a los bolsillos de los jubilados que ni el gobierno actual ni su eventual sucesor estarían dispuestos a tolerar. Aunque merced a años de crecimiento macroeconómico “a tasas chinas” el país esté en condiciones de ceder a los jubilados lo que es, al fin y al cabo, su propio dinero, los encargados de gobernarlo se negarán a hacerlo porque tienen otras prioridades, en primer lugar las supuestas por “la política”. No sólo es cuestión de la voluntad notoria del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de usar el dinero público para subsidiar a quienes dicen sentirse comprometidos con su “proyecto” sino de la actitud de la clase política en su conjunto que, según parece, no tiene la más mínima intención de hacer frente a los problemas gigantescos planteados por la decisión tácita de abandonar a su suerte a la llamada clase pasiva. En teoría, nuestro sistema previsional es generoso. En realidad, está entre los más mezquinos del mundo civilizado. Al darse cuenta de que los “costos políticos” de estafar a los jubilados no serían tan abultados como se suponía, una serie de gobiernos de preferencias ideológicas distintas se ha habituado a pagarles una proporción pequeña de lo debido a sabiendas de que el paso del tiempo terminará “solucionando” el problema de forma definitiva. El método empleado es sencillo. Cuando un jubilado comienza a cobrar, ve que el monto que le ha sido adjudicado es muy inferior al esperado. Como tantos otros, confía en que la Justicia lo ayude a corregir lo que, con ingenuidad, atribuye a un error burocrático, pero pronto descubre que aun cuando tenga pleno derecho a una jubilación varias veces mayor la Anses se resiste a darse por aludida. Según se informa, ya están tramitándose casi medio millón de juicios que inundan los tribunales, de ahí el desconcierto que sienten los jueces de la Corte Suprema ante los problemas edilicios ocasionados por la cantidad descomunal de expedientes, pero para todos salvo una minoría minúscula privilegiada se trata de una pérdida de tiempo y esfuerzo, puesto que no cabe duda de que la Anses seguirá defendiendo el dinero de la caja con las eficaces tácticas dilatorias que le son rutinarias. Desde la restauración de la democracia en 1983, ningún gobierno se ha animado a enfrentar con sinceridad la crisis gravísima planteada por el colapso del esquema previsional que fue motivado en parte por la costumbre de aprovechar para resolver problemas coyunturales el dinero supuestamente destinado a pagar los haberes de los jubilados y en parte por los cambios económicos y demográficos experimentados por la sociedad. En lugar de reformar globalmente el sistema para que funcionara, radicales alfonsinistas, peronistas “liberales” y, últimamente, kirchneristas optaron por mantener la ficción de que las dificultades eran meramente pasajeras y que por lo tanto se resolverían sin que resultara necesario hacer nada más que esperar. Los cruelmente depauperados por tanta irresponsabilidad ya se cuentan por centenares de miles, pero puesto que la mayoría se ha acostumbrado a que con escasas excepciones los jubilados, hayan aportado regularmente al sistema o no, cobren una miseria, el escándalo incide poco en la marcha política del país. Es de prever, pues, que la intervención de la Corte Suprema resulte ser meramente testimonial.


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