Ex funcionario de SAPSE debe pagar medio millón

VIEDMA (AV).- Un ex funcionario provincial deberá reintegrar casi medio millón de pesos por perjuicios originados al Estado rionegrino.

El Tribunal de Cuentas de Río Negro determinó que el ex presidente de Sapse, Ricardo González Corroza, abone a la provincia un monto superior a 491 mil pesos. Durante su gestión, esta empresa aérea rionegrina -que todavía sigue en etapa de liquidación- abonó entre abril y junio de 1.995 más de 321 mil pesos de «facturas apócrifas» a una firma «inexistente» y por «vuelos charter que nunca se realizaron». En su defensa judicial, el acusado siempre aludió que los desembolsos estaban destinados a la campaña presidencial del ex gobernador Horacio Massaccesi. (Ver recuadro). Con la actualización, el Tribunal exige un reintegro de más de 491 mil pesos en un plazo no mayor de 10 días.

Este monto sólo es superado por la devolución exigida (más de 500 mil pesos) en 1999 al ahora fallecido ex secretario general de la Gobernación, Jorge Acebedo en relación a gastos de la operación del bono Cedepre. A un reintegro de 331 mil pesos fue condenada además la ex directora de Becas, Griselda Gorriarán. Según datos extraoficiales, las solicitudes no prosperaron y sus reclamos están en las esferas de la Fiscalía de Estado.

En el juicio de responsabilidad del Tribunal de Cuentas, González Corroza sólo planteó «la prescripción liberatoria» que establece el artículo 4037 del Código Civil y está fijado en dos años «de la acción por responsabilidad civil extracontractual».

La fiscalía de Investigaciones Administrativas entendió que la prescripción se dará «a los 10 años por tratarse de una relación contractual de función o empleo público». El Tribunal de Cuentas coincidió con la Fiscalía y afirmó que el juicio de responsabilidad «se deriva por un daño patrimonio estatal», a partir del «incumplimiento o violación del contrato de empleo o función publica, contrato de carácter administrativo».

Ocho boletas

Por otra parte, el Tribunal ratificó que quedó acreditado el pago de Sapse de ocho facturas «apócrifas». Las mismas registraron los siguientes montos: 26.080 pesos, 29.420 pesos, 44.400 pesos, 55.500 pesos, 55.500 pesos, 44.400 pesos, 55.500 pesos y 11.000 pesos.

Esas boletas fueron abonadas -según la resolución del Tribunal- a «la empresa inexistente Aero Sur SA, en concepto de vuelos charter que nunca se realizaron, provocando un daño patrimonial a Sapse que ascendió a la suma de 321.800 pesos».

En los últimos días, el Tribunal de Cuentas -que preside Pedro Casariego y completan Pedro Funes y Rubén Gianni- finalizó el juicio a González Corroza. Ese organismo consideró que «la responsabilidad surge de la misma sentencia» penal, siendo «innecesario su encuadre dentro de las figuras previstas por la ley de Contabilidad, dado que el análisis de la ilicitud de los hechos, su autoría e imputabilidad se encuentran declarados con fuerza de verdad legal» en la resolución judicial.

Según la resolución del tribunal de control, la «dolosa conducta ha provocado un perjuicio a la empresa Sapse y, por ende, al patrimonio de la provincia, pues al momento de acaecidos los hechos era de su propiedad».

El monto inicial y total de las facturas era de 321.800 pesos, que «adicionado un interés puro del 8 por ciento, asciende a la suma de 491.992,53 pesos».

La resolución del Tribunal establece que «la restitución debe concretarse en un plazo de 10 días» mientras precisa que su «no pago determinará la intervención de la Fiscalía de Estado para su cobro por vía judicial».

Antes fue condenado penalmente

La Cámara del Crimen condenó a González Corroza a tres años de prisión en suspenso por el delito de «defraudación por administración fraudulenta» y le impuso una inhabilitación perpetua para desempañar cargos públicos. Esa condena se conoció el 30 de junio de 2000. Integraron el tribunal Eduardo Giménez, Susana Milicich de Videla y María del Carmen Vivas de Vázquez.

El condenado se desligó de la responsabilidad de los pagos con el argumento que respondían a solicitudes superiores. Pero los jueces consideraron que no podía «desconocer que con su accionar comprometía perjudicialmente los intereses de la empresa». Destacó que en su condición de contador y su larga trayectoria en la administración pública «no podía desconocer que las facturas remitidas carecían de datos imprescindibles». El tribunal cuestionó también que el imputado «no haya impartido órdenes precisas en relación a los pagos que debían efectivizarse tratando de asegurarse la identidad de quien cobraba las sumas que se iban liberando. Estamos hablando de 321.800 pesos que pertenecían legítimamente a la empresa, en situación financiera deficitaria y atravesando la provincia una honda crisis económica y social como fue de público y notorio en el «95. Todo se tramitó sin tener el más mínimo recaudo». (AV)