Familias de Bariloche presentaron un hábeas corpus

Archivo

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Las madres de algunos de los jóvenes de esta ciudad que fueron señalados por el gobernador Alberto Weretilneck como miembros de “bandas” delictivas presentaron un hábeas corpus preventivo ante la Justicia. Optaron por esa vía en razón de que sus hijos se sienten “amenazados” y tienen temor de salir a la calle. También suponen que figurar en la lista de presuntos delincuentes los expone a que “alguien pueda atacarlos” en el intento de hacer justicia por mano propia, según explicó la abogada Marina Schifrin. La lista incluye también el nombre de un policía retirado, Aroldo Octavio Nieves, cuya familia cree improbable que se trate de un homónimo y no entiende por qué lo involucraron. Su esposa dijo que el decreto de retiro de Nieves fue firmado por el propio gobernador en agosto pasado. En declaraciones a Radio Seis, se quejó de que no hayan chequeado mejor los nombres y sugirió que podría haber detrás una motivación política, porque ella fue funcionaria del municipio durante el gobierno de Omar Goye. El hábeas corpus por los jóvenes acusados por Weretilneck fue firmado Schifrin, a pedido de varias familias del barrio Dos de Abril. “Lo que hizo el gobernador es desconocer el principio de inocencia y es vulnerar el derecho de los más pobres”, dijo la letrada. Aseguró que los jóvenes “tienen miedo de que la policía los persiga”. El recurso fue radicado ante el juez de instrucción Martín Lozada. Schifrin dijo que, si le hace lugar, el magistrado podría “librar oficio a las comisarías y al gobernador para indicar que los jóvenes están libres de toda sospecha, que se sienten amenazados y que se debe preservar su libertad de deambular”. La abogada dijo que “el monopolio de la fuerza (por parte del Estado) es algo muy serio y habría que ponerle algún freno”. Agregó que “los derechos están enumerados en la Constitución y en la Convención por los Derechos del Niño y para algo están”. Se negó a dar los nombres de sus representados “para que no suba la estigmatización”, pero señaló que entre los afectados por los dichos del gobernador “hay también menores de edad”. Schifrin subrayó que “el Estado tiene un área de Desarrollo Social, un área de Derechos Humanos, tiene el Inadi, que deberían actuar, pero que en estos casos no funcionan. De ahí también la gravedad”. Lamentó por otro lado que no intervengan los organismos de Derechos Humanos. A su juicio estas organizaciones “deben ser independientes de cualquier gobierno, si no no sirven para defender los valores más profundos”. Weretilneck, en tanto, afirmó ayer en Viedma que la lista no está integrada por ningún menor .