Fijan pautas para trato a detenidos en Río Negro
Las acordaron el ministro Lázzeri, la procuradora Piccinini, el secretario García Osella y el jefe de Policía, Ucha.
VIEDMA (AV).- La Procuración General instruyó y requirió el cumplimiento de acciones como garantías de los derechos de los detenidos. Así, se dispuso la confección de registros para un mejor seguimiento de los condenados o procesados, reclamando además que se faciliten «lugares adecuados para entrevistas con funcionarios judiciales» y que se aseguren «los llamados telefónicos que efectúe desde su lugar de detención». También se ordenó un registro de «denuncias por torturas o apremios ilegales cometidos en lugares de alojamiento de detenidos».
El ministro de Gobierno, Iván Lázzeri se reunió con la Procuradora General, Liliana Piccinini, el jefe de la Policía, Jorge Ucha y el secretario de Seguridad, Jorge García Osella para coordinar «acciones de la Policía en función judicial».
En principio, el propósito fue «la optimización del aprovechamiento de los recursos humanos con los que cuenta la institución policial y la necesidad de avanzar en el mejoramiento de los recursos técnicos, como también las tareas de capacitación de funcionarios policiales y del ministerio público en relación a las técnicas de investigación científica».
Por su parte, la Procuración formalizó la resolución 107 para instrumentar medidas que «hagan a la garantía de los derechos de las personas privadas de su libertad que se encuentren sujetos a proceso o condenados».
En ese sentido, Piccinini dispuso que es «adecuado y conveniente contar con registros y estadísticas actualizadas sobre cantidad de menores de
tenidos o internados», ordenando «un contralor registrado del lugar de internación, causa, autoridad judicial que lo tiene a su disposición y tratamiento ordenado».
Además, con el propósito de «evaluar adecuadamente los niveles de tratamiento de las personas privadas de su libertad» determinó confeccionar «registros y estadísticas que den cuenta del número de causas instruidas por torturas y o apremios cometidos contra detenidos en sus lugares de alojamiento». Estos registros deben completarse en un plazo de 30 días.
Se estableció la «obligatoriedad de un libro de visitas» donde defensores y fiscales «dejarán constancia de su visita» al detenido. Para eso se plantea que se debe garantizar «un lugar adecuado para mantener entrevistas, otorgando a dichas acciones funcionales un marco de seriedad, dignidad, privacidad y seguridad para los intervinientes».
Asimismo, se instruye a «los fiscales y defensores para que aseguren la debida atención de los llamados telefónicos que efectúen los detenidos, instrumentado -de no ser posible la atención directa- la delegación de un agente de la dependencia».
En otra parte, la Procuradora adelantó su opinión de que «no se evidencia necesidad de constituir en querellantes a los defensores generales», ni «tampoco deviene plausible la creación de un defensor en comisaría, pues es función asignada procesal, legal y orgánicamente al agente fiscal cuando se debe promover o recibir denuncias de personas privadas de la libertad que resulten víctimas de delitos».
Equipamiento para policías
VIEDMA (AV).- La Jefatura de Policía dispuso realizar una serie de inversiones destinadas a mejorar el equipamiento de los efectivos de esa repartición.
Por ello convocó a licitación pública con el propósito de adquirir cascos antitumulto, máscaras antigás, escudos para control antidisturbios y filtros para máscaras antigás.
De esta manera será reforzada la infraestructura perteneciente a la Brigada Operativa de Rescate y Antitumultos (BORA).
El costo estimado desde el punto de vista técnico ronda los 122.750 pesos, según los estudios oficiales.
El acto de apertura de ofertas fue asignado por la Dirección General de Suministros de la provincia para el día 11 de agosto, a partir de las 10.30.
Por otra parte, el ministro de Gobierno, Iván Lázzeri, anunció para los próximos días la incorporación de chalecos antibalas que servirán para renovar el stock entre los efectivos.
El ministro encabezó días pasados una reunión con el titular de la fuerza, Jorge Ucha, con el objeto de analizar la situación salarial del sector. Este tipo de encuentros podría volver a repetirse durante la semana próxima, de acuerdo con los resultados que pueden dar la profundización de estudios del actual presupuesto.
VIEDMA (AV).- La Procuración General instruyó y requirió el cumplimiento de acciones como garantías de los derechos de los detenidos. Así, se dispuso la confección de registros para un mejor seguimiento de los condenados o procesados, reclamando además que se faciliten "lugares adecuados para entrevistas con funcionarios judiciales" y que se aseguren "los llamados telefónicos que efectúe desde su lugar de detención". También se ordenó un registro de "denuncias por torturas o apremios ilegales cometidos en lugares de alojamiento de detenidos".
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