Está listo el sumario que investigó las denuncias contra la fiscal jefa de Bariloche Betiana Cendón

El sumario para investigar la denuncia que funcionarios judiciales formularon contra la fiscal jefa de Bariloche Betiana Cendón por presunto abuso de autoridad, maltrato laboral, tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato está terminado.

Así lo informó el legislador del Pro Juan Murillo Ongaro, que fue el instructor sumariante. “Se entrega en tiempo y forma a la sumariada (por Cendón) y la Presidencia del Consejo de la Magistratura. Así que supongo que va a ser tratado en la próxima reunión de la Circunscripción”, informó el legislador a Diario RÍO NEGRO, sin adelantar el contenido del documento.

Desde el Poder Judicial rionegrino informaron que el Consejo de la Magistratura de la Tercera Circunscripción, cuya cabecera es Bariloche, tiene previsto reunirse el 10 de septiembre. En esa sesión, Murillo Ongaro informará las conclusiones del sumario administrativo.

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El 9 de septiembre del año pasado, el entonces fiscal Tomás Soto y su par Guillermo Lista, junto con los fiscales adjuntos Álvaro Vitterbori y María Fernanda Orticelli, el jefe de división Germán Torres y la defensora adjunta penal Mónica Goye, presentaron la denuncia contra Cendón ante la presidenta del Consejo de la Magistratura y titular del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Criado. Relataron varios hechos relacionados con abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato por parte de la funcionaria del Ministerio Público Fiscal.

La denuncia contra Cendón causó un sismo puertas adentro del Ministerio Público Fiscal en Bariloche. El fiscal general Fabricio Broga y el procurador general, Jorge Crespo, viajaron a esta ciudad para intentar calmar los ánimos y controlar la situación. Pero los hechos denunciados eran graves. La fiscalía quedó en el ojo de la tormenta durante semanas.

Tras declararse admisible la denuncia, el 8 de noviembre del 2025, el Consejo de la Magistratura resolvió abrir el sumario y designó a Murillo Ongaro como instructor. A esa altura, el fiscal Soto ya había renunciado.

Hubo hechos denunciados que se convirtieron en una denuncia penal, que no prosperó. Primero, el fiscal jefe Hernán Trejo desestimó la denuncia porque concluyó que los hechos atribuidos a Cendón no constituían delito. Consideró que eran irregularidades administrativas. Después, el fiscal general subrogante Juan Pedro Peralta declaró inadmisible la presentación que los denunciantes hicieron para que se revisara la resolución de Trejo.

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El sumario avanzó con freno de mano. Mientras los denunciantes criticaban el hermetismo absoluto del sumariante. “En este proceso de recopilación de pruebas, yo no puedo andar ventilando información. Así que no me corresponde ni es parte del proceso informar en qué estado está (el sumario)”, explicó Murillo Ongaro a este diario a finales de abril pasado.

A diferencia de otros sumarios, Cendón no fue suspendida en forma preventiva como reclamaban los denunciantes. Es que la denunciada y la mayoría de los denunciantes compartían el mismo espacio de trabajo, en el edificio del MPF de Bariloche.

Casos como el de la exjueza de El Bolsón Erika Fontela que fue suspendida de manera preventiva durante el sumario por las denuncias de violencia laboral que empleados del juzgado multifueros de esa localidad hicieron contra la magistrada. El sumario desencadenó en el juicio político a Fontela, que fue destituida en marzo del 2021 del cargo por el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en la función y graves desarreglos de conducta.

Otro caso reciente es el del excamarista laboral Gustavo Guerra Lavayén, que fue suspendido en su cargo en forma preventiva mientras se desarrolló el sumario. También, fue destituido por el Consejo de la Magistratura.

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“Como siempre dijimos: los denunciantes nunca fueron informados en relación a todo lo que pasó con este sumario que se llevó de esta forma tan poco transparente desde nuestro punto de vista”, planteó el miércoles la abogada Carla Orticelli, que asiste a los denunciantes.

“Porque si bien los denunciantes no son parte, sí tienen derecho a ser informados y ese derecho fue absolutamente vulnerado, porque todo lo que se solicitó jamás fue informado por el instructor sumariante ni tampoco cuando respondieron el informe a los legisladores”, sostuvo la abogada.

“No había fundamentos para no dar a conocer a quienes tienen un interés legítimo que son los denunciantes”, afirmó Orticelli. Y aseguró que “hubo testigos que corroboraron muchos de los hechos denunciados”. Y lamentó que una de los denunciantes renunció. “Una más que el sistema se llevó puesta”, sostuvo.

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Se trata de Goye, que presentó el 3 de agosto pasado su renuncia ante el Procurador General. La renuncia se hará efectiva a partir del 21 de septiembre.

“Esta decisión marca el cierre de una etapa de 19 años de labor ininterrumpida dentro del sistema de justicia provincial. Durante casi dos décadas, me he brindado a la función pública con absoluto compromiso, dedicación y lealtad hacia los valores fundamentales que deben regir el servicio de justicia en una sociedad democrática. Sin embargo, las recientes experiencias institucionales que me han tocado atravesar marcaron un punto de inflexión definitivo”, explicó la defensora penal.

“Tomo esta decisión amparada en la más absoluta firmeza de mis convicciones y mi dignidad profesional: me resulta imposible continuar integrando un sistema de justicia que, mediante sus prácticas, tolerancias y omisiones, termina por legitimar la violencia institucional. Cuando la estructura que debe garantizar los derechos falla desde su propio interior, el camino más coherente con mi ética es dar un paso al costado”, aseveró en la nota que envió al Procurador. Así de los seis denunciantes, solo cuatro siguen en el MPF.