Frenaron el convenio que preveía las usurpaciones

Critican el acuerdo entre Cascón y SOYEM

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Ante el rechazo de numerosas organizaciones sociales, el intendente Marcelo Cascón paralizó la firma de convenios con juntas vecinales del oeste que fomentaban la toma de «medidas de acción ciudadana» para la prevención de usurpaciones.

Los acuerdos impulsados por la asesoría Letrada y la delegación Cerro Otto fueron suscriptos por unas 15 juntas vecinales de ese sector sin la participación del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas ni del Consejo Social de Tierras.

El presidente del IMTVHS; Oscar Zamora, informó ayer a «Río Negro» que «el domingo me reuní con Cascón y resolvimos no avanzar más con los convenios y tratar en profundidad el tema para definir si las ocupaciones son legales o no», aunque no precisó si se suspenderá la aplicación de los documentos ya rubricados.

El funcionario aseguró que el ente que preside no tuvo ninguna participación en la redacción del documento, al que calificó de «muy híbrido», y atribuyó la autoría al asesor Legal, Daniel Balduini. «El sábado me desayuné del tema» dijo Zamora, quien reconoció que la información le fue suministrada por las organizaciones de la tierras durante el taller que realizaron en Villa Los Coihues para abordar el tema y asesorarse sobre la legalidad del instrumento.

En cuanto a la controversia desatada por la adjudicación en venta de tierras al SOYEM, Zamora admitió que desconoce los términos y la justificación técnico social del beneficio otorgado por Cascón a ese gremio, del mismo modo que desconoce los pormenores de la negociación «avanzada» con Unter Bariloche. «El convenio con Unter lo está manejando Cascón, el Instituto desconoce los términos, tenemos que reunirnos esta semana para definir este y otros acuerdos».

Consultado por este diario sobre «cuántas políticas o lineamientos de tierra maneja el municipio» el funcionario reconoció que existe una cierta dispersión en las acciones y que desde su asunción está abocado a los problemas de regularización de los asentamientos existentes, pero aseguró que está trabajando para unificar los actos de gobierno frente a la emergencia habitacional.

Las organizaciones integrantes del Consejo Social del Tierras consultadas anticiparon que hoy pedirá cuentas a los funcionarios responsables de desvirtuar las funciones de las organizaciones barriales y reclamarán una aclaración a Balduini por impulsar un acuerdo que, a su entender, es «totalmente inconstitucional». Cristina Marín, integrante de la Asamblea por el Derecho a la Tierra, advirtió que «dando este tipo de roles a las juntas vecinales alientan el conflicto entre vecinos».


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