Freno a la fusión entre el Correo y OCA

Al mismo tiempo que las compañías elevaron un documento por el cual desistieron de la operación, el gobierno rechazó ayer la fusión entre las empresas postales Correo Argentino y OCA. Consideraron que la fusión no es consistente con los objetivos de defensa de la competencia y no beneficia a los consumidores. Critican la falta de control de empresas privatizadas.

El gobierno rechazó ayer la fusión entre el Correo Argentino y OCA Postal por considerar que esa operación resultaría perjudicial para la competencia en el mercado postal argentino.

El anuncio fue realizado por el secretario de la Defensa del Consumidor, Carlos Winograd, luego de que el Exxel Group propietario de Oca le informó al gobierno que ya había desistido de comprar el Correo, en manos del Grupo Macri.

El funcionario, ratificado en su cargo tras la llegada al Ministerio de Economía de Ricardo López Murphy, dijo que al gobierno le resultó «preocupante» la concentración que se produciría en el mercado postal y que ni el Correo ni OCA garantizaban una mayor eficiencia del servicio.

La fusión fue estudiada desde su anuncio hace más de seis meses por la Comisión de Defensa de la Competencia, que elaboró durante este tiempo un trabajo de 150 páginas, en el que fundamentó las razones del rechazo en doctrina internacional sobre casos similares y en un análisis del mercado argentino.

«El gobierno manifiesta su prohibición a que esta operación se realice porque no es consistente con los objetivos de defensa de la competencia», dijo Winograd.

Los estudios determinaron que, de aprobarse la unión, «el aumento de la concentración en el mercado» de las cartas y encomiendas «era altamente preocupante, porque implican un debilitamiento de la competencia», explicó Winograd.

Agregó que «un punto central» para el rechazo fue que «ninguna de las dos empresas fueron capaces de fundamentar las ganancias en eficiencia que considere que los consumidores iban a ser beneficiados».

Durante el jueves y el viernes, el consorcio de inversiones Exxel había adelantado a algunos medios su decisión de no avanzar con la compra del Correo motivado por los problemas de rentabilidad de la ex estatal.

Entre las dificultades enumeraron el alto canon que le cobra el Estado y el marco regulatorio que estudia el Congreso para el negocio postal, elaborado por la Secretaría de Defensa de la Competencia, que garantiza la operación en el mercado de empresas chicas.

El Correo fue una de la últimas empresas estatales vendidas por el menemismo y fue adquirida por el grupo Socma, que lidera el empresario Francisco Macri.

Luego de que el Exxel anunció que se retiraba de la operación, el grupo Macri informó que buscará un nuevo socio en el extranjero para manejar la operatoria de la empresa, aunque ya cuenta con un socio internacional, la británica Post Office, que le brinda apoyo logístico. Antes de esto, la intención de Macri es renegociar con el Estado una deuda de 104 millones del canon impago del 2000, mientras reclama supuestos incumplimientos del contrato de concesión por 400 millones.

Las negociaciones para que el Exxel, que lidera el empresario Juan Navarro y es propietario de las ex empresas del fallecido empresario Alfredo Yabrán (Oca, Ocasa, Interbaires y Villalonga Furlong), se quedara con el Correo se habían iniciado hace casi un año.

El mercado postal es liderado por Correo Argentino mientras que Oca es la segunda en operaciones de este tipo, por lo que su posible unificación había llamado la atención de varias agrupaciones de defensa del consumidor y de los partidos políticos. (DYN e Infosic)

«Nadie controla»

La mayoría de los usuarios cree que nadie controla a las empresas privatizadas de servicios públicos y un importante porcentaje sostiene que nadie defiende sus derechos, según una encuesta efectuada por entidades de consumidores.

De acuerdo con el trabajo, realizado sobre 600 casos en Capital y Gran Buenos Aires por Consumidores Argentinos y Unión de Usuarios y Consumidores, el 68% de los consultados opina que nadie controla a las empresas de servicios públicos.

Para el 27%, en cambio, existe control pero no se las sanciona cuando corresponde.

Según las opiniones relevadas, el 34% siente que nadie defiende sus derechos. (Télam)


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