«Hay mafias que se escudan detrás de los desocupados»

NEUQUEN (AN).- «Dos de los hombres que me reclamaron una mensualidad para estar tranquilo tenían armas en la cintura».

El secretario de Acción Social de la municipalidad de Neuquén, Marcelo Barberis, afirmó ayer los cinco hombres que el jueves lo amenazaron en su despacho le pidieron plata y se «preocuparon» por mostrarle que estaban armados: «abrían las camperas y se veían las armas», describió el funcionario.

«Creo que hay mafias que se escudan detrás de los desocupados; se trata de gente que no representa a nadie y que se las arregla para vivir sin trabajar», afirmó el funcionario en diálogo con «Río Negro». Barberis dijo que el jueves, cuando los amenazaron, «no sentí miedo, sino preocupación y les dije que se fueran, que conmigo se equivocaron». Desde el viernes, la casa del funcionario de la comuna está custodiada por un Policía: «cambiaron muchas cosas, y mis hijos (tiene tres) no van de un lado para otro como hicieron siempre, sino que se quedan adentro», comentó.

El funcionario descartó que el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) tenga responsabilidad en las amenazas. «He recibido al MTD como organización en más de una oportunidad, es gente con la que he tenido buen trato, lo mismo que con otros grupos de desocupados: La orden del intendente (Horacio Quiroga) ha sido recibir a todas las personas», agregó Barberis.

«La gente que me amenazó no es del MTD aunque puede ser que alguno tenga alguna relación con ellos. Lo quiero decir es que hay gente que no representa a nadie y que está un poco nerviosa y apela a estas metodologías que no vamos aceptar», sostuvo.

Barberis dijo que tres de las personas que lo amenazaron «están identificadas» pero «no puedo dar el nombre por pedido del juez (José Luis Cartolano) que no pidió reservas hasta que termine la investigación». Sin embargo admitió que uno de sus amenazadores fue el presidente de la comisión vecinal de San Lorenzo, Heriberto Chureo, quien niega haber estado siquiera en el despacho del funcionario.

Barberis dijo que no piensa renunciar y consideró que «de una vez por todas tienen que terminarse estos manejos con los desocupados: Creo que hay verdaderas mafias detrás de los necesitados», añadió,

-¿Cree que hay alguien detrás de esas mafias?- le preguntó este diario.

– «Creo que sí, pero no sé de quién se trata. Está claro es que hay dirigentes de desocupados que tienen un nivel de vida muy decoroso, con una propiedad y con autos nuevos. Hay que investigar más a fondo», dijo Barberis

Existe consenso para jubilar a 100 empleados comunales

NEUQUEN (AN).- El borrador en el que trabaja el Ejecutivo municipal para jubilar en forma obligatoria a casi un centenar de empleados superó ayer el primer examen. El documento que presentó el Secretario General y de Coordinación municipal, Fernando Gallo, a los concejales de las comisiones Legislativas y de Hacienda, representantes del gremio y de la caja jubilatoria del municipio, lejos de cosechar cuestionamientos logró el consenso de las partes durante una reunión realizada ayer en el Concejo local.

La intención del Ejecutivo es desprenderse de los empleados de más de 70 años que no tiene los años de aportes jubilatorios y de aquellos que, aunque no tienen la edad requerida, cuentan con los 30 años exigidos por la legislación vigente.

Tras el encuentro el secretario general del gremio municipal, Sitramune, Luis Martínez afirmó que la intención es dar una respuesta a un problema histórico que tiene el municipio, pero «sin perjudicar a ninguno de los trabajadores». Al contrario, remarcó que «la idea es garantizarle a los empleados una jubilación digna».

El presidente del Concejo Deliberante, el radical Néstor Burgos, que participó del cónclave en reemplazo de su correligionario, Carlos Vidal, evaluó «como altamente positivo el primer encuentro durante el cual se analizaron los aspectos jurídicos y políticos que implica la norma que estamos a punto de sacar de manera consensuada».

Admitió que son 95 los empleados en condiciones de jubilarse según el informe presentado por el Ejecutivo municipal, y observó que «hay algunos empleados con más de 70 años contratados en gestiones anteriores, que merecen un tratamiento humanitario y social».

De todos modos, aclaró que en el borrador está previsto «el congelamiento de vacantes para producir el ahorro para las arcas del municipio», que prevé ahorrar con las jubilaciones unos 800.000 pesos.

Martínez explicó que en el caso de los trabajadores mayores de 70 años la idea «es que no sigan trabajando y jubilarlos aunque no tengan los aportes necesarios». Dijo que se trata de unos 10 casos y el propósito es impedir que sufran algún tipo de contratiempos mientras cumplen su jornada laboral.

Para los empleados que no tienen los años requeridos -65 los hombres y 60 las mujeres-, pero que disponen de los aportes, la situación es más compleja. Sostuvo que es necesario un incentivo del municipio para que los trabajadores se adhieran al régimen, porque ninguno se jubilará con una categoría baja. Como ejemplo mencionó el aporte jubilatorio del 11% que a su juicio tendría que pagar la comuna hasta alcanzar la edad jubilatoria. Pero objetó que la información no está completa y los datos del gremio no coinciden con los de la comuna. Por eso, mañana habrá un nuevo encuentro para ultimar los detalles del proyecto.

Los ex agentes de YPF critican a la diputada Marta Milesi

NEUQUEN (AN).- Ayer, una asamblea de ex trabajadores de YPF de Cutral Co, Neuquén, Centenario y Plottier advirtió que iniciaría medidas de acción directa si prospera un proyecto de la diputada radical por Río Negro, Marta Milesi, para modificar la ley 25.471 que, de aprobarse y aplicarse, los excluiría del derecho a reclamar su parte en el programa de propiedad participada. En total, los eventuales perjudicados serían unas 15 mil personas, de las cuales cinco mil aproximadamente residen en la provincia.

Todos, como ex empleados de la petrolera en su versión estatal, iniciaron juicio para cobrar el 10% de acciones clase C cuando se privatizó la empresa. En el proyecto de ley aparece la firma de la diputada emepenista Teresa Savrón que, según dijeron los ex trabajadores, negó totalmente su participación.

El proyecto de ley, que firman otros legisladores de provincias patagónicas, fue cuestionado duramente porque establece que quienes iniciaron juicio deben esperar la sentencia de la justicia y, «en última instancia, someterse al arbitrio del presidente de la Nación», dijo Angel Garro, vicepresidente de la mesa coordinadora nacional.

Según Garro, se beneficia a sólo un sector de ex trabajadores en reclamo, que iniciaron acciones judiciales con un estudio jurídico, pero hay una gran mayoría que hicieron presentaciones con posterioridad y quedarían fuera de cualquier posibilidad de cobro.

El año pasado, se impulsó un proyecto para indemnizar a los ex empleados de YPF que no accedieron a la propiedad participada. El beneficio se calcularía sobre la base del valor de libros de las acciones que debieran haber percibido y el actual de mercado de esos títulos.

Desde entonces, las gestiones se estrellaron en la jefatura de gabinete y el ministerio de Economía que nunca tuvo los recursos para pagar los reclamos. Solamente se logró distribuir bolsones de comida a los beneficiarios en las localidades petroleras, pero no se pudo llegar a un acuerdo que cancelase la deuda reclamada.