Ignorancia, benevolencia, malversación

Por Pablo Bohoslavsky (*) (Especial para "Río Negro")

En nuevo caso que ha provocado conmoción pública en la región a partir de la investigación periodística del diario «Río Negro», y cuyas consecuencias políticas y jurídicas son aún imprevisibles, roza la marca del gigante de la computación norteamericana: IBM.

Sin dudas que la denuncia alrededor de la compra-alquiler efectuada oportunamente por la Municipalidad de Villa Regina no ocupará los espacios que los medios de comunicación nacionales brindaron al sonado caso de las coimas entregadas a directivos del Banco Nación, o los que tomaron estado público por las denuncias de cohecho de funcionarios provinciales en proceso de contratación con dicha firma estadounidense.

Pero el caso de Villa Regina, como todos los conocidos, muestra de manera inequívoca ciertos comportamientos comunes a este tipo de transacciones que provocan pérdidas económicas irrecuperables, retrasos en el desarrollo de una gestión pública eficiente y pérdida de calidad en el servicio.

Estos comportamientos incluyen: evitar los procesos licitatorios u orientarlos de manera sesgada en los pliegos de condiciones cuando la competencia no puede sortearse, promover la incorporación de equipamiento obsoleto (técnica o socialmente) o sobredimensionado, comprometer a los asesores de quienes deben tomar las decisiones de adquisición con la o las firmas proveedoras, de manera que la adjudicación quede determinada de antemano.

Para que estos comportamientos prosperen se debe contar con algunas condiciones «ambientales» favorables: decisores políticos que cultivan la ignorancia o al menos son incapaces de buscar una opinión independiente y objetiva, que por omisión, o connivencia, abren camino a una acción que provocará perjuicio al erario público. En tal caso el desconocimiento, que no puede ser alegado en defensa propia, debería obrar como acicate y obligar a una actuación con más celo y menos permisividad. Paradojalmente, la máxima indica que al terreno fangoso es mejor transitarlo con cautela.

También estos procesos encierran una buena dosis de benevolencia por parte de las autoridades políticas respecto de sus funcionarios o asesores técnicos y de los ciudadanos respecto de los mandatarios. Como no es sencillo definir un tamaño apropiado de equipamiento informático para una dependencia pública, es posible la acción discrecional que se manifiesta a posteriori comprobando lo injustificado de la compra o advirtiendo pagos por montos largamente superiores a los necesarios para las funciones a cumplir.

Como por otra parte, y salvo honrosas excepciones, las autoridades políticas no son responsables de los perjuicios económicos (a menos que se determinara la presencia de un hecho delictivo y su participación) que tales maniobras provocan, suelen tener una actitud laxa y permisiva. Los ciudadanos rara vez hacen oír su voz y los bloques partidarios se encierran tras el discurso de que la denuncia no es sino una maniobra que encierra intencionalidad política…

Por consiguiente están dadas casi todas las condiciones necesarias para que se produzca una acción delictiva: ignorancia de autoridades, benevolencia oficial, insensibilidad pública, impunidad en la acción.

Sería injusto reprochar a la firma norteamericana participación activa en el caso de Villa Regina, como en tantos otros que tomaron estado público.

Sin embargo sí tiene responsabilidad en interesarse por el cliente que le solicita una contratación o cotización, alertarlo sobre el equipamiento por él ofrecido o requerido por aquél, indicar los eventuales sobredimensionamientos o las incompatibilidades que se presentarán. No se trata de colocar a cualquier costo, sino de brindar un servicio eficiente y leal.

Más de diez años atrás, el que suscribe, junto con otros dos profesores universitarios, Jorgelina y Gustavo Giorgetti, integramos una comisión que tuvo por objeto decidir la aceptación o no de un equipo de la firma IBM, que era ofrecido en donación a la Universidad Nacional del Comahue.

Luego de una primera opinión negativa, basada en el carácter obsoleto del equipo ofrecido, los altos costos del mantenimiento que sólo podía contratarse con IBM, las dificultades y restricciones para que los alumnos pudieran acceder a programas y lenguajes modernos y estandarizados, recibimos la recomendación de los directivos de la firma, en entrevistas realizadas en la Universidad, para que modificáramos el dictamen original.

Tal solicitud no fue considerada y el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue hizo suyo el dictamen que le propusiéramos. Aquella historia abrió el camino a la incorporación de un equipo moderno, para múltiples usuarios, mundialmente conocido y utilizado, donado por la entonces Secretaría de Informática y Desarrollo, al desarrollo de carreras universitarias con reconocimiento nacional y a la presencia de profesionales graduados capaces y honestos intelectualmente, con una visión orientada a las necesidades del cliente y no al aprovechamiento de su ignorancia.

En esa oportunidad fuimos acusados de perseguir ideológicamente a IBM, al proponer el rechazo de la donación ofrecida y no tuvimos posibilidad de defendernos. Hoy la empresa tiene la oportunidad de hacer pública su política de ventas y aclarando sus responsabilidades en el caso de la Municipalidad de Villa Regina y su vinculación con quienes han provocado un perjuicio a los dineros públicos.

(*) Ex rector de la UNC


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