Incierto destino del barro cloacal de Bariloche

Alfredo Leiva

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El propietario de las tierras por las que circulan a diario los camiones con el barro cloacal que produce la planta depuradora rumbo a su sitio de disposición final se opone a esa operatoria y ya tiene dos sentencias judiciales a su favor. El titular de la CEB, Rodolfo Rodrigo, y el delegado local del DPA, Gabriel Sorá, admitieron que los herederos de la sucesión González Lera podrían en cualquier momento “poner la tranquera” y generar un grave problema para el sistema de saneamiento. Rodrigo alertó a los concejales sobre el problema y consideró que “la representación política de la ciudad debía tener conocimiento y tomar postura” sobre la crítica situación. También dijo que el DPA estaba realizando gestiones, hasta ahora sin resultado, para alcanzar un acuerdo con González Lera, quien habría exigido un alto resarcimiento económico. Hace casi una década la CEB, como operadora de la red cloacal y la planta de tratamiento de efluentes, consiguió autorización para transportar los lodos a un predio de 34 hectáreas que pertenece al municipio y fue cedido en comodato al DPA. Allí es utilizado para la elaboración de compost. El terreno está ubicado en cercanías del Cañadón de los Loros, pero no linda con ningún camino público, de modo que para llegar desde la ruta de Circunvalación, es indispensable transitar por una huella de unos 1.200 metros de largo que cruza por la propiedad de González Lera. Según explicó Rodrigo, existía “una servidumbre de paso” tramitada por la provincia y luego a su juicio hubo también “una expropiación mal hecha”, que derivó en la causa judicial. El juez en lo civil Emilio Riat falló en favor del particular demandante y su criterio fue ratificado hace pocos meses por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. “Si nos cierran ese lugar habría que buscar una solución inmediata porque los barros acumulados no darían para más de dos días –graficó Rodrigo ante los ediles–. Se imaginan que un conflicto así no es para ‘Clarín’, es para el ‘New York Times’”. Dijo que la situación es compleja porque González Lera “puso un precio altísimo” a la servidumbre y ya efectuó algunas intervenciones sobre el camino que revelarían la intención de colocar un cerco o tranquera. Según Rodrigo, la especulación inmobiliaria no sería razonable porque parte de la parcela está sobre la Circunvalación y la alcanza la veda de construcciones para un radio de 300 metros desde esa arteria que impuso la Carta Orgánica. En tanto que Gabriel Sorá, en representación del DPA, dijo que “se está buscando una salida para consolidar el camino de acceso”. Señaló que durante largo tiempo el organismo pagó al titular de la tierra “un importe que fue cuestionado por vía judicial”. Interpretó que el Estado tiene “legitimidad” para plantear la servidumbre porque están en juego un riesgo ambiental y la prestación de un servicio público, pero dijo desconocer otros detalles del caso porque está en manos de la asesoría letrada del DPA.