Jueces le responden al gobierno por críticas

BUENOS AIRES (DyN) – La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) y el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Buenos Aires replicaron ayer los «razonamientos simplificadores» que responsabilizan a la Justicia por la inseguridad, y advirtieron que es obligación del «poder político» brindar las condiciones para que un ciudadano no se convierta en delincuente.

El pronunciamiento es una respuesta a la presidenta Cristina Fernández, que había dicho que «la policía detiene, detiene y la justicia libera, libera» y a su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, quien convocó a los jueces a «ponerse los pantalones».

La FAM y el Colegio de Magistrados bonaerense advirtieron que «en menos de una semana desde las instancias más altas del poder político se ha insistido varias veces en ese sentido» y se quejaron por «la debilidad del argumento, con el que se pretende eludir responsabilidades propias en una materia tan grave».

«Digámoslo claramente: más temprano o más tarde, las personas que cometieron delitos saldrán de la cárcel. Todos los días se cumple el plazo de numerosas condenas», dijeron Abel Fleming, titular FAM, y Carlos Lami, del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia. Los jueces remarcaron que «las razones por las cuales un individuo se convierte en un delincuente son muchas, complejas y ajenas en su mayoría a las posibilidades de intervención directa de los jueces, ya que se trata de la aplicación de políticas de Estado y la implementación de modelos sociales y económicos cuyos diseños y consecuencias pertenecen a la órbita de responsabilidad del poder político».

El Gobierno nacional, a través del ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a lanzar reclamos a los jueces, pidiéndoles que «cumplan con la ley, ni con mano dura ni blanda» para combatir la inseguridad.

En tanto el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) manifestó su «preocupación» por las propuestas para «aumentar el poder represivo del Estado sobre las personas menores de edad». Expresó que «Las declaraciones de altos funcionarios nacionales y provinciales desconocen que el funcionamiento de los sistemas penales en la Argentina se basa fundamentalmente en el encarcelamiento», y que recientes reformas «han profundizado esta tendencia sin dar mayores respuestas» al problema.