Aspiran a los cargos más altos del fuero penal de Neuquén: quiénes son y cómo piensan

Como corresponde cuando se trata de un concurso con alta competencia, cada participante le sacó brillo a la que considera su faceta más valiosa y que lo diferencia del resto. Así pasó en las entrevistas personales a siete aspirantes a ocupar dos asientos en el poderoso Tribunal de Impugnación de Neuquén, que revisa todo lo que se resuelve en el sistema penal de la provincia.

Las y los competidores provienen de distintas especialidades y lugares geográficos. Hay tres jueces de Garantías: Carolina González (de Zapala), Estefanía Sauli (de Neuquén) y Juan Pablo Balderrama (de Villa La Angostura). Una jueza del Niño, Niña y el Adolescente, Carolina García (Neuquén). Dos representantes de la defensa pública: Natalia Godoy (Zapala) y Mauricio Macagno (Neuquén). Y una relatora del Tribunal Superior de Justicia, Sandra Erera.

Las y los jueces son desconocidos para el grueso de la sociedad, por eso las entrevistas personales realizadas por el Consejo de la Magistratura permitieron conocer un poco sobre la trayectoria personal, profesional, y el pensamiento de quienes aspiran a ocupar el cargo..

Aunque las evaluaciones fueron por separado, cada concursante tenía claro quién era su competidor y buscó diferenciarse.

Quiénes son y de dónde vienen

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Carolina González tiene 52 años, dos hijas, su esposo es un ingeniero civil español con una empresa en la Zona Franca de Zapala. Hace 10 años se desempeña como jueza de Garantías en esa ciudad.

Nació en Buenos Aires, se recibió en la Universidad Católica Argentina (junto con su hermana, la primera de su familia en completar estudios secundarios y universitarios). Fue catequista. Hizo una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Nación. Pero también trabajó como bartender, encargada de guardarropas y mesera en una discoteca.

Se radicó tres años en España y realizó el doctorado en la Universidad de Salamanca. Su tesis, de 470 páginas, obtuvo el premio extraordinario.

Buscará hacer un aporte al proceso de deliberación del Tribunal de Impugnación, con la búsqueda de consensos. Opina que “los jueces tenemos menos trabajo del que podríamos tener”.

En el concurso reunió hasta ahora 44,47 puntos (8,97 por antecedentes, 17 en el escrito y 18,5 en el oral).

Mauricio Ernesto Macagno nació hace 52 años en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y es egresado de la Universidad Nacional de La Plata, de la cual ahora es profesor de grado y de posgrado y dicta clases en forma virtual. Hizo, entre otras capacitaciones, una especialización en derecho penal en la Universidad de Buenos Aires.

Se desempeña como defensor público penal desde 2021 pero su experiencia en el Poder Judicial suma 30 años. Su esposa también es abogada.

Participó, como abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de los primeros juicios por la verdad por delitos de lesa humanidad. Junto con el fallecido Mario Juliano intervino en la redacción del proyecto modelo de Código Contravencional que sirvió de base para las reformas de Santa Fe y La Pampa.

Está seguro de “poder ver las cosas desde distintos puntos de vista”, incluso “la del abogado que patea los pasillos de los tribunales”. “Creo en el trabajo en equipo, y en escuchar más que en hablar”.

También dijo: “sé lo que es la labor un tribunal colegiado, lo que es la discusión puertas adentro, sé dictaminar o resolver una cuestión particular”.

Suma hasta ahora 41,34 puntos (12,34 por antecedentes, 15,5 en el escrito y 13,5 en el oral).

Carolina García es tataranieta de primeros pobladores de Neuquén. Divorciada, hace 11 años es jueza Penal del Niño, Niña y Adolescente. Se recibió en la Universidad Nacional de Buenos Aires y entre muchas especializaciones, vivió un año en España donde hizo una maestría en derecho ambiental. Está terminando el doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica Argentina.

Además, juega en “Las Cuervas”, el equipo de hockey femenino del Colegio de Abogados, y pinta cuadros (tengo 200 obras, dijo).

Se define: “soy estricta, soy dura”, pero “estoy abierta siempre a escuchar qué es lo que necesitan las partes. Tengo un montón de amigas y amigos defensores y fiscales”.

Su experiencia en el fuero juvenil “es distinta a la del resto de los jueces en Garantía y me parece que yo podría aportar una perspectiva que tenga en cuenta otras circunstancias”. Está en contra de la baja en la edad de imputabilidad.

Su puntaje parcial 39,98 (11,98 por antecedentes, 15 en el escrito y 13 en el oral).

Juan Pablo Balderrama tiene 50 años, es juez de Garantías en Villa La Angostura desde 2015 y está casado con una defensora pública.

Nacido y criado en Villa Pueyrredón, (CABA), fue cadete de una farmacia del barrio. Le quedó pendiente una materia del colegio secundario, estuvo empleado en una fábrica de hebillas de cinturones, hasta que rindió aquella materia y luego se recibió de abogado.

Trabajaba en el juzgado federal de San Martín cuando anularon las leyes de obediencia debida y punto final, y empezó a intervenir en causas por delitos de lesa humanidad.

En 2004 ingresó como secretario penal de la Cámara de Zapala (en la época del trío Rodeiro-Modina-Martínez), luego fue fiscal y ahora es juez.

“Una de mis características es siempre querer renovar algo”, dijo en la entrevista personal. Opina que “el Poder Judicial tiene un déficit muy serio con la comunicación”. Cuando su agenda se lo permite, se instala en una radio de la localidad para hacer docencia.

“Creo que escribimos la sentencia pensando en el superior que la va a revisar, y no en los que tienen el conflicto. A veces pensamos que es un error hablar en términos sencillos”, dijo.

Suma en el concurso 39,71 (9,21 en antecedentes, 12,5 en el escrito y 18 en el oral).

Natalia Cecilia Godoy, de 44 años, nació en Zapala donde se desempeña como defensora pública desde 2016. Se recibió en la Universidad Nacional de Buenos Aires, su esposo es geólogo recibido en la Universidad Nacional de La Plata.

Ejerció la profesión tres años e ingresó al antiguo juzgado de Instrucción de su ciudad. Tiene una especialización en la Universidad de Bologna y está terminando una diplomatura de Género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Se define como “muy transparente e imparcial. Si no considerara que estoy capacitada para presentarme no lo hubiese hecho. No me da lo mismo cualquier cargo, no me presentaría para fiscal”.

“Me interesa la evaluación de los conflictos sociales El juez aplica una mirada más amplia”.

39,58 es su puntaje actual (6,58 en antecedentes, 16 en el escrito y 17 en el oral).

Estefanía Sauli, egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires, tiene 43 años y está casada con un fiscal de Neuquén.

Durante diez años ejerció la profesión como defensora o querellante y ocupó cargos en el Poder Ejecutivo provincial, en la Municipalidad de Neuquén y en la Legislatura, donde fue asesora del bloque del MPN.

En 2015 ingresó al Poder Judicial como asistente letrada de fiscalía y desde 2018 es jueza de Garantías.

Tiene una especialización en derecho administrativo, está diplomada en juicio por jurados, en criminalística y en criminología, tiene una maestría en derecho penal de la Universidad Austral, con mención de honor por su tesis y medalla de oro al mejor promedio. Está completando la diplomatura en derecho de ejecución penal. Es docente en el instituto de la Policía.

El puntaje parcial es 39,42 (9,42 en antecedentes, 12 en el escrito y 18 en el oral).

Sandra Isabel Erera nació en Salta capital, se recibió en la Universidad Católica de Salta, fue asesora en un municipio de esa provincia y directora de una ONG dedicada a la prevención de adicciones.

Llegó a Neuquén en diciembre de 2005, fue asesora legal del Consejo Provincial de Educación y en 2008 pasó a cumplir esa función en el Ministerio de Desarrollo Territorial.

El mismo año ganó el concurso para ser prosecretaria penal en Rincón de los Sauces.

Desde mayo del 2012 es abogada relatora en la secretaría penal del Tribunal Superior de Justicia. A la vez es docente en la Universidad Católica de Salta.

Su función es elaborar proyectos de fallos que luego son corregidos y firmados por vocales del Tribunal Superior de Justicia.

“El trabajo que vengo realizando desde hace más de diez años es controlar las decisiones (del Tribunal de Impugnación). Entonces puedo detectar fallas lógicas, puedo detectar cuando hay arbitrariedad, también cuando hay errores en las interpretaciones”.

“Conozco los criterios de cada integrante del Tribunal”, dijo también.

Su marca hasta ahora 37,40 (11,40 por antecedentes, 13,5 en el escrito y 12,5 en el oral).

La motivación para ocupar el cargo

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Los consejeros Alejandro Vidal (MPN), Encarnación Lozano (MPN), Conrado Augusto Leszczynski (Juntos por el Cambio), Belén de los Santos (Unión por la Patria), Andrea Lorena Paz (Colegios de Abogados) y Eduardo Alfredo Sepúlveda (Colegio de Abogados) formularon varias preguntas comunes a los siete concursantes. El presidente del Consejo, Gustavo Mazieres (TSJ) casi no intervino.

Uno de los ejes fue por qué les interesa ocupar el cargo. La mayoría de las respuestas giraron en torno al desarrollo profesional, al interés por aportar experiencia, o iniciar una nueva etapa. Con algunas particularidades.

Carolina González dijo por ejemplo que desde el Tribunal de Impugnación tendrá «mayor incidencia para obtener objetivos sociales que son los que mi ideología entiende como valiosos en la administración de justicia».

En tanto Carolina García contestó que su motivación es «continuar trabajando desde otro lugar». Opinó que el TI «te permite estudiar más las causas«.

Mauricio Macagno dijo que lo ve «como una buena oportunidad de traer mi experiencia de casi 30 años de Poder Judicial», y Juan Pablo Balderrama reveló que «en este trabajo hay que cerrar etapas».

La deliberación es la esencia de un tribunal colegiado. Estefanía Sauli dijo que cuando tiene una postura sobre una determinado tema la sostiene: «mantener mi individualidad frente a la toma de una decisión», expresó. También admitió que «siempre fui de proponerme a realizar los primeros votos en las sentencias»

En cambio Carolina González señaló que su aporte será «la búsqueda de consenso» y «el respeto de las deliberaciones».

«Se requiere una mente muy amplia para deliberar», añadió. «Es un proceso que a los jueces de un jurado popular les sale fácilmente pero a veces a nosotros, con nuestra con nuestro carácter, quizás nos cuesta reevaluar la posición y cambiarla si eventualmente es necesario».

La polémica por las estadísticas

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Las y los concursantes coincidieron en la necesidad de difundir el trabajo que realizan, pero están lejos de ponerse de acuerdo en el mecanismo.

En el Consejo de la Magistratura les preguntaron por qué no están publicadas las estadísticas que reflejan, por ejemplo, las horas que trabaja cada magistrado. Tan grave como eso es que no están publicadas las sentencias: ni de los jueces de Garantías, ni del Tribunal de Impugnación ni del Tribunal Superior de Justicia. Sandra Erera, que trabaja en la sala penal, reveló que incluso a ella se le hace muy difícil rastrearlas para acceder a ese insumo vital para la tarea cotidiana.

Hay que decir, de paso, que el Tribunal Superior de Justicia publica sus acuerdos con notable demora, y no deja registro audiovisual de esas reuniones entre los vocales que son el equivalente a una sesión de la Legislatura.

Mauricio Macagno opinó que «el número (estadístico) poco dice», y en algunos casos «la gente podría entender que Poder Judicial no trabaja».

Aquellas cifras de Zapala

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En 2019, la Oficina Judicial de la Tercera Circunscripción (Zapala) publicó esas cifras ocultas. El resultado fue devastador: si un juez hiciera audiencias de corrido sin parar, estaría ocupado 10 días completos en el año, y le quedarían los otros 355 libres. Aquí los datos completos.

Carolina García no ocultó su molestia por aquella difusión. «A mí me afectó porque hago audiencias en el interior, un montón de veces me llaman porque falta un juez, y en esa estadística de Zapala figuraba como que había hecho una sola, y yo hago un montón. Fue una injusticia, estuvo sesgado».

Agregó: «las veces que se ha publicado algo, ha sido en perjuicio de otras personas. Neuquén es el lugar donde más audiencias hacemos en toda la provincia, donde hay más problemas, más causas penales, más todo».

Uno de los consejeros le retrucó: «las estadísticas hay que perfeccionarlas para que sean completas y no atacarlas porque son incompletas; hacen a la transparencia de la gestión».

Carolina González, que es de Zapala, dijo en su entrevista que «los jueces estamos trabajando por debajo de la medida de las horas que podríamos estar trabajando. Tenemos menos trabajo del que podríamos tener. Que después me digan que hacemos trabajo que no se ve, que no está… pero la realidad de las audiencias es esa».

Sobre el punto su colega García dijo, cuando le tocó el turno -se recuerda, las entrevistas son separadas-: «nosotros tenemos un montón de tareas que no figuran en la estadística, tareas extra que están incluidas en nuestra responsabilidad».

La etapa decisiva del concurso

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La entrevista personal otorga hasta 20 puntos que serán determinantes para definir ganadores. Como siempre, será el criterio de las y los consejeros el que dibuje la tabla de posiciones final. En teoría cada uno emite su voto sin consultar con el resto, y el resultado se conoce cuando se devela el puntaje que asignó cada uno a cada participante.

Por ahora lidera Carolina González con 44,47. Entre el segundo y el sexto lugar hay una luz de apenas 1,92 puntos: Mauricio Macagno (41,34), Carolina García (39,98), Juan Pablo Balderrama (39,71), Natalia Godoy (39,58), Estefanía Sauli (39,42). Más rezagada quedó Sandra Erera con 37,40.

El resultado final se conocerá la semana próxima, y las o los ganadores deberán pasar por el filtro de la Legislatura para recibir -o no- el acuerdo y así poder asumir.

El Tribunal de Impugnación

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El Tribunal de Impugnación tiene en el actualidad siete integrantes repartidos en la geografía provincial y está cerca de cumplir la paridad de género.

El presidente es Richard Trincheri (Neuquén), la vice Liliana Deiub (Zapala) y el resto son Andrés Repetto (Neuquén), Juan José Nazareno Eulogio (San Martín de los Andes), Patricia Romina Lupica Cristo (Cutral Co), Florencia María Martini (Neuquén) y Federico Augusto Sommer (San Martín de los Andes).

Su tarea es revisar las decisiones que producen todos los tribunales penales de la provincia, sean unipersonales o colegiados.

Puede pronunciarse sobre el fallo de un juicio, sobre una prisión preventiva, o una salida anticipada. Incluso tiene facultades para revisar los veredictos de los jurados populares.

Suele colisionar con los criterios de la fiscalía, como ocurrió con recientes casos de contaminación ambiental. Y también con los de la sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, que tiene la última palabra en la materia. La polémica por los plazos procesales es el caso más reciente.