Contaminación con PCB en Plottier: estalló el fiscal y le contestaron los jueces
El presidente de la Cooperativa y concejal del MPN, Sergio Soto, sigue afuera del caso por ahora. La fiscalía profundizará la investigación.
Fiscal jefe Breide Obeid y asistente letrada Julieta González. (Archivo/Matías Subat)
«Hay una máquina de impedir investigar. Que nos aten las manos para investigar, es grave». Así lo expresó el fiscal jefe de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, después de que le rechazaran por segunda vez su intento de imputar al presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier (en uso de licencia) y concejal del MPN en esa ciudad, Sergio Luis Soto.
Breide Obeid fue más allá: «Hay jueces que no saben lo que es el derecho ambiental, que no están a la altura, por lo menos de los cambios de paradigmas que viene marcando la Corte Suprema en materia ambiental».
Los dardos del fiscal tienen destinatarios concretos: la jueza de Garantías Natalia Pelosso, quien rechazó la formulación de cargos el 1 de marzo pasado, y los jueces del Tribunal de Impugnación Federico Sommer, Juan José Nazareno Eulogio y Liliana Deiub, quienes confirmaron la decisión de la jueza el miércoles 13.
«Necesitan capacitarse en derecho ambiental»
En declaraciones a la radio LU5, el fiscal jefe dijo que los magistrados «deben capacitarse en derecho ambiental. No quiero meterlos a todos en la misma bolsa, pero hay jueces que necesitan capacitarse, que es una obligación constitucional de la provincia de Neuquén».
«Como nosotros (los fiscales) salimos cada vez que ustedes tienen una inquietud a comunicar, estaría bueno que algún día algún juez explique por qué hace lo que hace, con palabras sencillas para que lo entienda la gente. Que no se escude atrás de formalismos jurídicos para ocultar cuáles son las verdaderas razones por las que toman las decisiones», agregó.
La respuesta del Tribunal de Investigación
Diario RÍO NEGRO consultó al Tribunal de Impugnación, pero no quisieron alimentar la polémica pública por lo que no hubo respuesta oficial.
La contestación a Breide Obeid la dio, en la audiencia del miércoles, uno de los integrantes del Tribunal, Federico Sommer. «¿El fiscal puede seguir investigando? ¿Está investigando? Sí», dijo.
«La decisión (de la jueza Pelosso) no resulta recurrible, no es manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, no es arbitraria y no es de imposible reparación ulterior. No implica que se haya cercenado la facultad de investigar» de la fiscalía, agregó.
Sommer volvió las palabras de Breide Obeid en su contra: «Como lo reconoció el fiscal, no es lo mismo rechazar una formulación de cargos que dictar un sobreseimiento. ¿No lo está reconociendo la fiscalía cuando pide una decisión que sí es recurrible, como es el sobreseimiento?».
El trasfondo político
Detrás de la hojarasca técnica, hay un espeso fondo político. La investigación de los transformadores con PCB de la Cooperativa de Plottier comenzó por una denuncia de allegados a la vicegobernadora Gloria Ruiz, ex intendenta de la ciudad.
Uno de los imputados es el exsubsecretario de Ambiente de la provincia, Juan de Dios Lucchelli, a quien la fiscalía acusa de cajonear expedientes con sanciones para la Cooperativa. «No haber controlado la descontaminación y disposición final de transformadores con PCB que, durante su gestión, estaban en poder de la cooperativa de Plottier», dicho en términos formales.
Lucchelli recusó a la asistente letrada de la fiscalía, Julieta González Schlachet, porque fue empleada de la subsecretaría de Ambiente entre 2016 y 2019, y tiene parentesco con el anterior titular de ese área, Ricardo Esquivel.
Las recusaciones fueron rechazadas, pero en forma contemporánea, la asistente letrada perdió un ascenso a fiscal que tenía ganado, porque el Consejo de la Magistratura inesperadamente declaró fracasado el concurso.
La investigación continúa
En la causa por los transformadores con PCB de Plottier están imputados, con formulación de cargos, el exsubsecretario Lucchelli y el vicepresidente de la Cooperativa, Humberto Ciro Peñalver.
El presidente de licencia y concejal Soto, y el jefe de capataces Marcos Fuentes, seguirán bajo investigación de la fiscalía pero con la formulación de cargos rechazada.
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