Desaparición de Rosana en Neuquén: Fernández seguirá detenido por mentir en su declaración
Un tribunal confirmó hoy por unanimidad la prisión preventiva de la expareja de la mujer, que fue el que la vio por última vez. La presidenta dijo que no se puede soslayar que se está buscando a una víctima de violencia de género.
Rosana tiene 46 años y fue vista por última vez el 23 de noviembre pasado. Foto Matías Subat.
José Andrés Fernández, la expareja de Rosana Artigas, continuará detenido acusado de falso testimonio. La fiscalía de Neuquén sostiene que mintió deliberadamente en la información que le dio a la policía en el contexto de la investigación por la desaparición de la mujer de 46 años. Él fue justamente la última persona que tuvo contacto con ella.
El tribunal presidido por Carolina García e integrado por sus colegas Dardo Bordón y Mauricio Zabala confirmó hoy por unanimidad la prisión preventiva de un mes contra Fernández, que había sido dictada el domingo 26 de noviembre por el juez de Garantías Marco Lupica Cristo.
El imputado es empleado municipal y estuvo 20 años en pareja con Rosana. Ella lo denunció por violencia de género en diciembre de 2022. Estaban separados y tienen un hijo en común de 14 años.
El fiscal jefe Agustín García contó que una de las hermanas de Rosana denunció su desaparición hace ocho días en la comisaría séptima de Plottier, el jueves 23 de noviembre, a las 23.20 horas.
Al día siguiente, entre las 15 y las 16 horas, Fernández fue citado al departamento de Seguridad Personal de la Policía, que se encuentra en Neuquén capital, y allí lo entrevistaron el comisario inspector Sergio Llaytuqueo, el comisario Miguel Arjona, el subcomisario Pablo Ulman y el oficial ayudante Miguel Castillo. Ese encuentro está filmado.
En ese testimonio el acusado afirmó que la última vez que había visto a Rosana fue el domingo 19 de noviembre, cuando se desarrolló en Argentina el balotaje presidencial, y que el 23 de noviembre estuvo en Plottier, sin mantener contacto con su expareja.
Sin embargo, la declaración de una testigo, más las cámaras de seguridad y los reportes de los teléfonos celulares contradicen sus dichos.
García señaló que Rosana le mandó un mensaje el 23 a las 9.20 horas. Las cámaras de seguridad de la zona lo muestran a él dirigiéndose en su auto -un Chevrolet Corsa Classic gris verdoso- hacia la vivienda de ella. Una vecina de Fernández la vio a las 9.30 horas aproximadamente ingresando a la casa de él.
A las 10.52 horas las cámaras de seguridad del expeaje, ubicado sobre la Ruta Provincial 7, captó al auto entrando a la ciudad de Centenario. Las antenas tomaron tanto al teléfono de él como al de ella en esa zona, en ese horario. El celular de Rosana se desactivó ahí.
A las 11.03 horas las cámaras del expeaje registraron al vehículo regresando en sentido contrario: desde Centenario hacia Neuquén.
El fiscal añadió que si bien el acusado tiene empleo registrado, se encuentra de licencia médica hace meses por un problema en los meniscos, en todo este tiempo «se dedica a jugar al fútbol». «¿Qué me está mostrando esta situación? Lo mismo que ha hecho cuando mintió. Miente siempre. Como mintió en el falso testimonio, miente al municipio», aseguró.
Puso otro aspecto sobre la mesa: después de la declaración se fue a dormir a la casa de un amigo.
Por esta causa, que es paralela a la de la búsqueda de Rosana, la fiscalía tiene un mes para investigar.
Anular la detención
A Fernández lo asisten los defensores públicos Raúl Caferra y José María Maitini que en la audiencia de hoy pidieron que se anulara la prisión, entre otros argumentos, porque el falso testimonio tiene una pena cuya escala va de un mes a cuatro años de prisión. La detención es una medida que no aplica para delitos de ejecución condicional.
Caferra insistió en que el imputado, de 49 años y 7 hijos, tiene arraigo en Plottier. Que se fue a dormir al barrio Almafuerte II, pero no con el propósito de huir porque además no estaba imputado en ese momento.
Mencionó que la víctima del falso testimonio es la administración de justicia y no «una mujer».
Maitini cuestionó que Lupica Cristo no haya considerado que hasta el domingo 26 de noviembre había 92 personas detenidas en comisarías de la primera circunscripción judicial (Neuquén capital).
Las alternativas a la preventiva que le plantearon al tribunal fueron comparendos en la fiscalía (esto significa que el imputado se presente periódicamente), la colocación de un dispositivo de geolocalización o la prisión domiciliaria.
«Mintió sobre un aspecto central»
«Si bien el hecho que está bajo análisis es un testimonio falso, no se puede desprender ese testimonio falso del contexto. Es un hecho en el cual hay una persona que hace ocho días que está desaparecida», remarcó el juez Zabala.
Dijo que el acusado no «miente respecto de una circunstancia periférica al hecho, sino que miente respecto del último contacto» con Rosana. Eso, explicó el magistrado, hace que la eventual pena que pudiese recibir Fernández sea la máxima posible para este delito, por lo cual podría ser de efectivo cumplimiento y no condicional.
Respondió que la crítica a la situación carcelaria que expuso la defensa fue genérica, y no sobre las condiciones de detención de su asistido.
La jueza García agregó que Lupica Cristo actuó de una «manera fundada» en la imposición de un mes de preventiva. Subrayó que no se puede perder de vista que Rosana denunció a Fernández por violencia de género y el imputado es quien estuvo con ella por última vez.
Indicó que Fernández «ya intentó desviar la investigación, ya entorpeció». «La víctima no apareció, y entonces, ¿qué podemos presumir de todas estas circunstancias? Que la última persona que estuvo con la víctima, en este caso el imputado aquí presente, se puede presumir que sabe lo que pasó con la víctima y que sabe dónde está la víctima, y la víctima no aparece. Entonces hay que resguardar esta circunstancia», enfatizó la magistrada.
Precisó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció «que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, una ofensa a la dignidad humana, una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres» y que todos los operadores judiciales deben actuar con «debida diligencia».
Planteó que «las respuestas ineficientes del Estado, las actitudes indiferentes frente a la gravedad de hechos como este permitirían que se sigan perpetuando la violencia contra las mujeres».
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