Imputan a una quinta persona por estafas reiteradas contra el Ipross a través de un centro de salud mental de Roca

El Ministerio Público Fiscal imputó este jueves a una quinta persona por delitos cometidos contra Ipross en el marco de tareas que no concretaron con pacientes del Establecimiento de Salud Mental Valle Sereno-San Cirano S.A. de Roca. 

El 9 de junio pasado se realizó la imputación a cuatro personas, y según pudo confirmar este medio, se le formularon cargos a Luis Mercado (médico clínico y psiquiatra), María Galván (licenciada en psicología), Silvia Sirotich (presidenta del centro de salud mental) y Luis Valsangiacomo (socio). Este jueves se imputó a la acompañante terapéutica Paola Ulloa.

Según la acusación fiscal se trata de 21 hechos que habrían sucedido entre noviembre de 2021 y julio de 2023, en modalidades similares cuando “la hoy imputada -Ulloa, acompañante terapéutica – un médico clínico y psiquiatra, una licenciada en psicología y, quienes integraban el equipo de profesionales a cargo del lugar, en connivencia con la presidente del establecimiento y su socio, habrían defraudado a la Obra Social I.Pro.S.S”.

“De esta manera, los tres profesionales habrían falsificado historias clínicas, planillas de asistencia, inclusiones ficticias de pacientes ambulatorios en la modalidad especial denominada Hospital de Día, cuyas contraprestaciones facturadas y pagadas por la Obra Social Ipross a San Cirano S.A. no fueron efectivamente brindadas a los afiliados”, describió la fiscal adjunta Gimena Ducca, según comunicó el área de prensa de Ministerio Público.

“Además, esos servicios fueron por un monto superior por tratarse de un módulo diferenciado y específico”, agregó el equipo fiscal.

“Es así que con la complicidad del médico clínico y psiquiatra, la licenciada en psicología y la acompañante terapéutica, que completaban, firmaban y remitían a la administración de San Cirano S.A. los listados de pacientes y la documentación necesaria para generar las facturas mensuales. Eso finalmente era también firmado y luego remitido por la presidente de Valle Sereno al Departamento de Rendiciones Médicas y Sanatoriales del Ipross”, detalló la fiscalía.

“Así la obra social provincial creaba los expedientes de pago de la facturación emitida por San Cirano S.A., que elevaba a la Secretaría General Administrativa del Ipross, que luego aprobaba y efectivizaba el pago al establecimiento prestador”, dijeron las representantes del Ministerio Público Fiscal.

“Esta operatoria pudo concretarse por un Convenio celebrado entre Ipross y Valle Sereno, en el que el establecimiento se comprometía a brindar a los afiliados las prestaciones de modulos de internación, módulos de internación especial, módulo hospital de día y módulo reinserción socio productiva, como también asumía la total responsabilidad por la operación y administración de los servicios que se comprometía a brindar”, finalizó la acusación.

La imputada fue acusada de partícipe necesaria de “estafas reiteradas agravadas»

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La calificación legal por la cual quedó imputada la acompañante terapéutica es la ser partícipe necesaria de “estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública”.

Cuáles son las pruebas de la acusación

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Entre el sustento probatorio mencionado para la imputación de hoy se encuentra: la denuncia penal radicada en mayo de 2024 por la obra social en la Fiscalía General, expediente administrativo de Ipross y el establecimiento sobre la investigación inicial, sobre facturaciones, resoluciones del convenio prestacional.

Se agregó el Informe Técnico Contable confeccionado por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal del Ministerio Público, también las órdenes de pago emitidas por la obra social a los bancos donde recibían los cobros.

El informe de la O.I.Tel como de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se cuenta con la habilitación del establecimiento ante el Ministerio de Salud de Río Negro in, el informe de mismo ministerio en cuanto a los profesionales que se desempeñaron en la institución entre noviembre del año 2021 y diciembre de 2023, y las entrevistas realizadas en la fiscalía interviniente.

La defensa pidió una pericia caligráfica

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El defensor penal público, Juan Pablo Chirinos, que asiste a la mujer no presentó objeciones a la formulación de cargos, y aclaró que ya se ha solicitado una pericia caligráfica.

Finalmente, el juez de Garantías Gustavo Quelín tuvo por imputados los cargos en los términos del Ministerio Público Fiscal y se estableció la etapa de investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.