«Belém do Pará y pirí pirí, ¿sabe dónde quedan?». El insólito argumento de un defensor público en Neuquén
Fue en una audiencia por un hecho gravísimo: un matrimonio está acusado de abusar de sus tres hijos en su vivienda en San Martín de los Andes. Les impusieron prisión preventiva.
El año pasado se celebraron 21 años de la aprobación de la Convención. (Archivo)
Un matrimonio de San Martín de los Andes permanecerá cuatro meses con prisión preventiva acusados de graves delitos contra la integridad sexual de los que fueron víctimas sus hijos varones de 9 y 4 años, y una niña de 6. Los defensores públicos intentaron sin éxito que les impusieran una detención domiciliaria, uno de ellos con un argumento insólito y carente de perspectiva de género.
Los hechos, según describió la asistente letrada de la fiscalía Inés Gerez, ocurrieron entre enero y agosto de este año, la mayoría de ellos en la vivienda familiar en la ciudad lacustre. Los tres hijos de la pareja fueron víctimas, en especial el mayor de edad.
Además de los abusos, los obligaban a presenciar actos sexuales y a tomarles fotos que después enviaban a un amigo del hombre.
Temor al imputado
Al parecer la abuela y la bisabuela materna de los niños y la niña se enteraron del tema pero no hicieron la denuncia por temor al hombre, quien tendría antecedentes por violencia de género y mantenía bajo amenazas de muerte a sus hijos.
La descripción de los hechos fue apoyada por la querellante institucional, la funcionaria de la defensoría de los derechos del Niño, Niña y Adolescente, Julieta González, así como la calificación legal: en el caso del hombre, abuso sexual simple tres hechos; abuso sexual simple reiterado; abuso sexual doblemente agravado; corrupción de menores doblemente agravado. En el caso de la mujer, corrupción de menores doblemente agravada, en carácter de coautora.
La acusación pidió a la jueza que dirigió la audiencia, Laura Barbé, cuatro meses de plazo de investigación e igual tiempo de prisión preventiva. Señaló que las víctimas tienen miedo, una de ellas dejó de hablar, a otra le surgió un trastorno para comunicarse, y «hay que neutralizar cualquier riesgo que ponga en peligro» esta investigación, dijo Gerez.
«Pirí pirí»
El defensor jefe Bernardo Areco, quien asiste a la mujer, pidió prisión domiciliaria. Usó un curioso argumento: dijo que el 1 de julio, el juzgado de Familia dictó una prohibición de acercamiento para la madre respecto de sus hijos, pero hasta el 12 de septiembre no la habían notificado.
«Mi asistida cumplió, el Poder Judicial no», dijo Areco a la jueza Barbé. «Entonces Belém do Pará y todo el pirí pirí, ¿sabe dónde queda? Usted sabe. Entonces esto es una fiesta y nos reímos todos, o es un drama donde lloramos todos; las dos cosas no pueden suceder». Si intentó ser una crítica al sistema, del cual el funcionario forma parte, no se entendió.
Belém do Pará, por la ciudad de Brasil donde se aprobó en 1994, es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer, y tiene fuerza de ley en nuestro país.
Areco añadió que su asistida «nunca intentó acercarse a sus hijos, cumple con lo que tiene que cumplir. El Poder Judicial no».
En similar línea argumental, el defensor público Ignacio Pombo señaló que desde el 30 de junio el padre no se acerca a los niños (ese día le quitaron la guarda), está en libertad y no se acercó a ellos.
«Extrema vulnerabilidad»
La jueza Barbé hizo lugar al pedido de la fiscalía, e impuso los cuatro meses de prisión preventiva porque «hay peligro de entorpecimiento» de la investigación.
«Los tres niños han estado en una situación de extrema vulnerabilidad» y «hay datos objetivos que permiten hacer una prognosis de una probable intervención de los padres» con fines de coaccionarlos.
Añadió que «el Estado debe extremar los recaudos para proteger a estos tres niños. Las medidas establecidas por el fuero de Familia son las que cuenta dicho fuero. Celebro que hayan sido respetadas, pero ahora en sede penal la prisión preventiva es la medida que más se ajusta a este caso concreto».
Ambos defensores pidieron la revisión de la medida.
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