Techo Digno en Bariloche: pidieron condena para Martini por defraudación y peculado

El fiscal de la causa Techo Digno en Bariloche, Martín Lozada, dijo que las diferencias en las certificaciones de obras que acumuló ese programa de viviendas durante el período 2013/2015 “superaron con creces cualquier margen de error” y pidió la declaración de responsabilidad penal para la exintendenta María Eugenia Martini por avalar pagos millonarios a las empresas contratistas a partir de esos documentos.

Le atribuyó el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, en concurso real con peculado, en este último caso por “sustraer fondos” de la cuenta específica de Techo Digno para darles otro destino, relacionados con los gastos generales del municipio.

Para el exinspector del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas Alfredo Milano el fiscal pidió también condena por defraudación en calidad de “partícipe necesario”. Los abogados defensores de ambos imputados descalificaron con dureza los términos de la acusación y pidieron la absolución.

Para la defraudación la pena prevista varía entre 2 y 6 años de prisión, para el peculado va de 2 a 10 años. El tribunal del juicio, integrado por Romina Martini, Víctor Gangarrosa y Marcos Burgos, anunció que comunicará el veredicto el próximo lunes 30.

Lozada se tomó una hora y cincuenta minutos para fundamentar la acusación, en la que citó el relato de exfuncionarios, peritos y técnicos que declararon durante el juicio. Señaló que la sumatoria de esos testimonios demostró el pago en exceso por obras no ejecutadas en las nueve licitaciones de Techo Digno en Bariloche, que comprendieron un total de 825 viviendas.

Subrayó que en el caso del “acuerdo 2”, suscripto hacia el final del gobierno de Martini, Nación ya había enviado el 82,5% del dinero cuando “no existía un ladrillo sobre el terreno”. Calificó ese desfase como “un escándalo” y dijo que la defensa “no produjo una sola prueba” que refute esos datos aportados por los testigos.

Según el fiscal, la irregularidad en las certificaciones ubicó a Bariloche como “un caso insólito” en el historial de la obra pública, dado que las viviendas tenían plazo de ejecución previsto de 24 meses pero los avances documentados de las obras lo redujeron a 18 meses.

Controversia por la calificación penal

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Lozada dijo que existió un vínculo funcional entre Milano, como técnico que registraba lo ejecutado, y Martini, quien cumplido el circuito administrativo autorizaba los pagos. Dijo que la exintendenta “violó los deberes de fidelidad” en el manejo de los recursos municipales y que “el bien tutelado era el patrimonio público”.

Introdujo una novedad a la hora de acusarla de peculado, porque pidió al tribunal que si no era por ese delito la condene malversación de caudales públicos. Dijo que las dos figuras penales “comparten una misma estructura básica” y consisten en apartar fondos de su destino legal.

Este recurso del fiscal fue descalificado más tarde por el defensor de Martini, Sebastián Arrondo, quien dijo que de ningún modo podía cambiar la calificación en los alegatos. “Afecta el principio de congruencia y el debido proceso”, alegó.

Dijo que sin duda el golpe de timón ensayado por Lozada se debía al juicio que perdió en fecha reciente con una acusación equivalente contra el exintendente Gustavo Gennuso. También subrayó que dejó de mencionar los desvíos de dinero para constituir plazos fijos, como lo sostuvo en un principio, porque ese argumento fue rechazado en la causa Gennuso, tanto en primera instancia como en la posterior impugnación.

Arrondo dijo que -en el caso de Martini-, si cumplía con el deber de objetividad el fiscal debió desistir de la acusación por peculado.

La comparación entre los registros del municipio y del IPPV

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El abogado dijo que la actuación de su defendida “estuvo siempre amparada por la normativa municipal y no hubo delito alguno”. Calificó la exposición de Lozada como “una novela, una construcción fantástica”. Señaló que Martini “pagó a las empresas según el certificado de obras, y no había otra posibilidad”. Según Arrondo, las diferencias en las certificaciones “no existen” y la comparación esgrimida por la fiscalía “es disparatada”.

Más enfático aun fue el defensor de Milano, Luciano Perdriel, quien dijo que “la sobrecertificación de obras a sabiendas nunca se acreditó, y tampoco el perjuicio al erario municipal y el beneficio a terceros”.

Citó un fallo reciente en el Alto Valle por una causa similar y fustigó los criterios de comparación que formularon algunos peritos entre el relevamiento del IPPV y las certificaciones previas de Milano, tomados por el fiscal para sostener que el funcionario falseó el real avance de las obras. Esas evaluaciones, dijo Perdriel, se fundaron en “planillas absolutamente disímiles”, de modo que los resultados invocados “no tienen ningún rigor técnico”.

Dijo que lo ocurrido “no es una defraudación consumada”, consideró que el juicio oral desnudó la “orfandad probatoria” de la acusación y le pidió al tribunal que además de la objetividad y ecuanimidad apliquen la “coherencia”.

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Respaldo partidario y momentos de emoción

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Como no había ocurrido en las seis jornadas previas, la sala de audiencias 1 de los tribunales barilochenses quedó colmada en la mañana de hoy por referentes políticos del justicialismo que se sumaron a algunos familiares para brindarle su apoyo a Martini.

Estuvieron la diputada Adriana Serquis, la senadora Ana Marks, los concejales Julieta Wallace, Leandro Costa Brutten y Roxana Ferreyra y numerosos exmiembros del gobierno de Martini.

Antes del cierre del debate los jueces le dijeron a los acusados que tenían derecho a una última palabra. Milano declinó, pero Martini aprovechó la oportunidad y relató en forma breve los padecimientos que le deparó el extenso proceso, que comenzó hace más de diez años. “Mi hijo iba a sala de cinco cuando empezó Techo Digno y ahora acaba de pasar a cuarto año del secundario”, afirmó.

Con voz entrecortada por la emoción, la exintendenta declaró una vez más su inocencia y pidió que “se haga justicia”. Tal como lo había dicho ayer, en su declaración sin preguntas, negó haber cometido delito alguno. “De ninguna manera esta mujer, esta madre, esta dirigente política, esta licenciada en trabajo social tocó una un peso de los dineros públicos ni benefició a ninguna empresa”, dijo Martini.

Ya fuera de la sala agradeció la presencia de quienes se acercaron a acompañarla, se quejó de lo largo que resultó el proceso y dijo que “solo queda esperar el veredicto”. Aun contrariada por el trance judicial que le tocó enfrentar, Martini eludió las consideraciones políticas.

Hace un mes el PJ provincial, con la firma de sus principales dirigentes, dijo que las causas Techo Digno contra Martini y otros exintendentes son parte de una “persecución” y cuestionaron el “mal desempeño y la parcialidad de un sector” del poder judicial. Titularon su documento como “judicialización selectiva de la política”.

Este medio le preguntó a Martini si se considera perseguida y si existe alguna responsabilidad del gobierno provincial, pero la exintendenta no quiso ahondar en esa línea. Solo dijo que “el partido ha expresado sus posiciones” y que ahora solo corresponde “esperar el fallo”.