Una falsa médica, documentos apócrifos y más de $96 millones: el acuerdo sin prisión que espera resolución en Roca
Mariela Fernanda Marzano reconoció seis hechos por ejercicio ilegal de la medicina y estafas en Roca. Tras admitir el fraude de $96 millones, acordó tres años de prisión condicional en la causa penal. Al acuerdo abreviado le resta de la homologación del juez federal Hugo Greca, quien dará a conocer la decisión en los próximos días.
La investigación por el ejercicio ilegal de la medicina más relevante de los últimos años en el Alto Valle sumó este viernes una definición en Roca. En un acuerdo de juicio abreviado ante la Justicia Federal, Mariela Fernanda Marzano reconoció su culpabilidad en seis hechos delictivos y aceptó tres años de prisión condicional, el máximo legal previsto. La imputada admitió haber ejercido la profesión con documentación apócrifa y provocar estafas por más de 96 millones de pesos.
La audiencia fue conducida por el juez federal Hugo Horacio Greca y contó con la exposición del fiscal general interino Matías Zanona y el auxiliar fiscal Facundo Lencinas, de Casos Complejos. El acuerdo incluyó la conformidad de las víctimas y querellantes, como el Ministerio de Salud de Río Negro y las clínicas privadas Roca y Juan XXIII. El magistrado notificará su resolución en 3 días hábiles.
Seis hechos en concurso ideal y títulos falsificados
El esquema acordado entre la fiscalía y la defensa del abogado Oscar Pineda estableció que los seis hechos imputados concurren en forma ideal para simular idoneidad profesional y generar ingresos. Marzano desplegó el ejercicio ilegal de la medicina y la usurpación del título de médica cirujana entre el 13 de agosto de 2020 y el 3 de marzo de 2026, cuando la provincia suspendió su matrícula. Durante 5 años, 6 meses y 19 días, atendió pacientes y firmó historias clínicas en el hospital López Lima y dos clínicas privadas de la ciudad.
Para sostener el engaño, utilizó un diploma apócrifo de la Universidad de los Andes de Venezuela y una revalidación falsa del Ministerio de Educación nacional. Con esos instrumentos fraguados, gestionó en agosto de 2020 la matrícula provincial retirada el 5 de mayo de 2021 ante la fiscalizadora. Dos días después, presentó los papeles ante un escribano para certificar copias y continuar su actividad.
Defraudaciones millonarias a la salud pública y privada
El catálogo de delitos admitido por Marzano abarca graves defraudaciones a las instituciones donde prestó servicios. Entre septiembre de 2020 y noviembre de 2022, cobró salarios 26 meses como médica del hospital López Lima, perjudicando a la Administración Pública. En ese ámbito, incorporó a su legajo una resolución falsificada de la UNCo del 20 de julio de 2022. Paralelamente, engañó a Clínica Roca, percibiendo 96 millones de pesos en sueldos, y al Sanatorio Juan XXIII por coberturas de guardia por 62 mil pesos.
En la exposición del acuerdo, el fiscal Matías Zanona precisó que las acciones perseguían una finalidad económica sistemática. «La mecánica de las acciones desarrolladas por la señora Marzano ha tenido por único objetivo ejercer la medicina con un contenido de poder generarse ingresos y obtener un modo de vida», detalló el representante del Ministerio Público ante el juez. Las pruebas revelaron que la acusada aprobó el 50% de medicina en la UNCo antes de abandonar, mientras que sus supuestos antecedentes en ingeniería química eran falsos.
Decomiso de instrumental, donaciones y reglas de conducta
Junto a la pena de tres años de prisión condicional, las partes pactaron medidas reparatorias y decomisos de bienes. Se dispuso que el instrumental médico secuestrado —estetoscopios, tensiómetros, recetarios y medicamentos— sea donado al hospital López Lima. En reemplazo de tareas comunitarias, se acordó la entrega de equipamiento informático a las fuerzas de seguridad: una notebook para Toxicomanía de Río Colorado y un dron con disco rígido para Gendarmería Nacional en Roca.
El acuerdo fijó la destrucción de credenciales y sellos falsos, además de la devolución de teléfonos y computadoras no involucrados en los ilícitos. Tras comprobarse que carece de antecedentes penales y se mantuvo a derecho, la Justicia dispuso restituirle el pasaporte y cesar las medidas cautelares. No obstante, Marzano deberá cumplir reglas de conducta del artículo 27 del Código Penal, incluyendo la fijación de residencia, el control semestral ante el patronato de presos y no cometer nuevos delitos.
Homologación inminente ante la Justicia Federal
En el tramo final de la audiencia, la defensa técnica expresó su plena conformidad con los términos alcanzados. «La defensa no tiene objeciones al acuerdo, ya previamente lo habíamos arreglado a los fines de transparentarlo, y solicitamos que se homologue», manifestó el abogado Oscar Pineda. Ambas partes renunciaron a los plazos de impugnación para acelerar la firmeza del fallo.
El juez Hugo Greca confirmó que la resolución será notificada dentro del plazo legal de tres días hábiles, cerrando el proceso de una de las estafas sanitarias más complejas de la provincia.
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