La capital del fuego

De tomarse en serio a ciertos voceros oficiales, el denso humo que desde hace varios días envuelve la Capital Federal y ciudades vecinas como Zárate y Campana, además de Entre Ríos, Santa Fe e incluso buena parte de Uruguay, fue creado adrede por los productores agropecuarios con el presunto propósito no sólo de ahorrarse dinero, sino también de fastidiar a los habitantes de las zonas urbanas y, desde luego, al gobierno. Dicha interpretación del desastre ecológico y sanitario desatado por la quema de pastizales ha sido rechazada con indignación por los representantes del campo. Según la Federación Agraria, «hubo intencionalidad política del gobierno en responsabilizar a los ruralistas justo cuando el campo negocia una salida de la crisis». Tendrá razón. En un esfuerzo por minimizar los costos políticos que le está causando el conflicto con el campo, el oficialismo no ha vacilado en ubicarlo en el contexto de una campaña a su juicio emprendida por un sector rico y avaro de sentimientos golpistas contra los pobres, de suerte que no es nada sorprendente que el gobierno haya aprovechado una ocasión para acusarlo de ser pirómano también. Parecería que es tan intensa la hostilidad que sienten la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los ministros de su gabinete hacia el campo, que lo creen capaz de cometer cualquier barbaridad por motivos despreciables.

Si bien la quema de pastizales es habitual en el delta del Paraná, suele llevarse a cabo en las semanas últimas del invierno y las iniciales de la primavera, no en el otoño, razón por la cual hay quienes sospechan que en esta oportunidad los responsables no han sido los productores rurales sino cazadores, turistas desprevenidos o, como suele suceder en muchas partes del mundo en períodos de sequía, individuos malintencionados que provocan incendios sin ningún motivo salvo el placer que les produce causar problemas a los demás. Conforme a un representante de la Sociedad Rural, sería «demencial» que los productores prendieran fuego donde hay hacienda, ya que el 80% de las tierras es para ganado, aunque admite la posibilidad de que algunos productores sí lo hayan hecho sin tomar las precauciones correspondientes. Asimismo, existe consenso en el sentido de que en este ámbito la legislación es sumamente defectuosa, puesto que hasta ahora siempre se ha tolerado la quema de pastizales a pesar de los peligros evidentes planteados por una práctica que necesita ser cuidadosamente regulada. De todos modos, antes de acusar a los «productores rurales» en su conjunto, dando a entender que se trata de otro golpe salvaje del «campo» contra «el pueblo», con el propósito de desprestigiarlos a ojos de la ciudadanía urbana que está sufriendo los efectos del humo que se ha hecho ubicuo en una zona muy extensa, los portavoces del gobierno debieron haber identificado con nombre y apellido a los responsables, pero parece que son tan fuertes sus prejuicios contra los agricultores que no se les ocurrió preocuparse por tales pormenores.

En vista de los daños inmensos que se han producido – muertes en accidentes de tránsito atribuibles al humo, el cierre del Aeroparque, de la terminal de ómnibus de Retiro y de cuatro puertos, los problemas de salud causados y así largamente por el estilo- es claramente necesario que haya una investigación judicial exhaustiva, tanto del origen de los centenares de incendios como de la acción, o inacción, de los funcionarios nacionales, provinciales y municipales frente a la crisis imprevista que ha surgido. Sin embargo, el que el gobierno nacional ya haya llegado a la conclusión de que los productores rurales están detrás de la humareda gigantesca que se ha difundido por las zonas más densamente pobladas del país significa que el asunto se ha politizado hasta tal punto que cualquier resultado se verá puesto en duda. Por lo demás, culpar a todo un sector por lo presuntamente hecho por algunas personas determinadas no es racional: al fin y al cabo, nadie pensaría en acusar a la industria en su conjunto de ser responsable de un accidente en una fábrica para entonces intentar hacer de lo ocurrido un pretexto para obligar a todos los industriales a abonar impuestos mucho más altos.