Bariloche: la causa de los saqueos terminó con una probation para los imputados

Así lo dispuso la jueza Romina Martini a partir de un pedido de la fiscalía. El plazo de la probation es por un año y medio. Deberán cumplir 100 horas de trabajo comunitario y pagar 5 mil pesos, en conjunto, a modo de resarcimiento.

Los saqueos ocurrieron el 20 de diciembre de 2012 y la causa dio idas y vueltas hasta ahora. (Archivo)

Los saqueos ocurrieron el 20 de diciembre de 2012 y la causa dio idas y vueltas hasta ahora. (Archivo)

La causa por los saqueos en el supermercado Changomas, que ocurrieron el 20 de diciembre de 2012 en Bariloche, fue una prioridad para el Ministerio Público Fiscal durante los primeros meses. El poder político la seguía de cerca y reclamaba castigo a los responsables de haber puesto a Bariloche en un estado de convulsión social inédito.

La investigación avanzó rápidamente las primeras semanas. Decenas de allanamientos, de vehículos secuestrados y numerosa mercadería recuperada. Sin embargo, con el paso del tiempo se diluyó. Tras seis años y medio de idas y vueltas, los imputados por los saqueos no irán a juicio.

Los saqueos ocurrieron el 20 de diciembre de 2012. (Archivo)

La jueza de garantías Romina Martini admitió el pedido de la fiscalía y concedió el beneficio de la suspensión de juicio a prueba (probation) durante un año y medio a los imputados Miguel “El Mohicano” Mansilla, José Paredes, Giselle Poblete, Catalina Lineros, Haydeé Grande, Estela Grande.

Además, dispuso que paguen, en conjunto, un resarcimiento económico de 5.000 pesos a una institución de bien público y deberán cumplir 100 horas de trabajo comunitario, en una institución que se definirá en los próximos días.

Así lo resolvió en la audiencia que se hizo el 19 de junio pasado, cuyo desenlace no trascendió hasta ahora.

“Estoy actuando bajo expresas directivas de los fiscales jefes Martín Lozada y Eduardo Fernández”, explicó el fiscal adjunto Gerardo Miranda, que puso la cara en la audiencia. Dijo que actuaba además en representación del fiscal Sergio Pichetto, que es el titular de la unidad donde se tramitó la causa. Aunque el expendiente pasó en estos seis años y medio por los despachos de varios fiscales.

El fiscal adjunto (izquierda) Gerardo Miranda pidió la probation para los imputados. El fiscal Pichetto dijo que no participó. (Archivo)

De hecho, Fernández fue el que estuvo al frente de la causa en las primeras semanas de la investigación. Después, cayó en manos de los fiscales Guillermo Lista, Alejandra Bartolomé y Pichetto.

Miranda recordó en la audiencia que la causa había sido elevada a juicio tras superar la audiencia de control de acusación, que se hizo en diciembre pasado.

Explicó que el juicio a los imputados se iba a hacer en septiembre, pero como excepción, Lozada y Fernández consideraron que una suspensión de juicio a prueba para los acusados era una solución justa para el conflicto. Por eso, avanzaron en un acuerdo con la defensa de los imputados. Ayer, Pichetto dijo a este diario que no participó de ese acuerdo.

Los fiscales jefes Martín Lozada y Eduardo Fernández avalaron la probation para los acusados. (Archivo)

Miranda recordó que a los imputados se los acusa de haber actuado en los saqueos del 20 de diciembre de 2012 en Changomas y señaló a Mansilla como uno de los líderes.

Dijo que de esa forma se apoderaron ilegítimamente de todo tipo de mercaderías y electrodomésticos. Y describió los roles que cumplió cada uno de los imputados. Por eso, les atribuyó el delito de robo agravado porque se cometió en poblado y en banda. Sólo el acusado Edgardo Nimis no se presentó y tiene averiguación de paradero.

La fiscalía sostuvo que seis personas se están haciendo cargo de un hecho que cometieron más de un centenar de personas. (Archivo)

Miranda dijo que ese delito tiene una condena que va desde los 3 hasta los 10 años de prisión. Pero señaló que los fiscales jefes entienden que correspondía aplicar la tesis amplia para la procedencia de la probation. Es decir, aquella postura que no toma en cuenta la pena máxima, sino que contempla la pena concreta, que en el caso de los imputados es la mínima de 3 años de ejecución condicional porque no tienen antecedentes penales. Excepto Mansilla que accedió a una probation anterior por otra causa, donde fue acusado por lesiones graves. Pero Miranda aclaró que fue posterior a los saqueos y cumplió las medidas cautelares impuestas.

La postura de la fiscalía llama la atención. A principios de septiembre del año pasado, Pichetto había desestimado el beneficio de la probation para los imputados y la jueza Martini había rechazado el pedido de la defensa por la negativa de la fiscalía.

Ahora, dieron marcha atrás. “Considera la fiscalía que la probation está ajustada a derecho en este caso”, sostuvo Miranda. Y citó jurisprudencia.

Dijo que el monto del resarcimiento “parece exiguo”, pero indicó que los imputados tiene varios hijos a cargo y tienen pocos ingresos.

Durante los saqueos se llevaron todo tipo de mercaderías. (Archivo)

“Seis personas se están haciendo cargo de un hecho que cometieron más de cien personas”, señaló. Y recordó que se trata de una causa que comenzó en diciembre de 2012. “Creemos que es más contribuyente para la paz social esta solución (por la probation) que un juicio”, sostuvo. Y recordó que Mansilla y Paredes estuvieron 8 meses presos con preventiva y las tres mujeres con arresto domiciliario.

La defensora particular Marina Schifrin enfatizó que cinco de sus defendidos estuvieron 8 meses presos “que es lo que equivale a una condena de tres años”. “Creo que el Estado se ha cobrado más de lo debido”, afirmó. Y aclaró: “esta probation la hacemos negando los hechos por los que imputa la fiscalía”. Los imputados prestaron su consentimiento a la propuesta fiscal.

“Si el propio Ministerio Público Fiscal considera en este caso procedente esta solución al conflicto, no voy a hacer yo quien diga algo diferente”, aseguró Martini. Y consideró razonables las pautas de conducta solicitadas por la fiscalía para los imputados. Por eso, admitió el acuerdo, dispuso la probation para los acusados y dejó sin efecto el juicio por el plazo de un año y medio.

La jueza Romina Martini validó el acuerdo y resolvió a favor conceder la probation. (Archivo)

Los saqueos en el Changomas generaron un efecto contagio en la ciudad. Decenas de locales comerciales, ubicados en varios puntos de Bariloche, fueron saqueados y destrozados. Hubo enfrentamientos entre saqueadores y policías que dejaron varios lesionados.

El gobernador Alberto Weretilneck salió al día siguiente de los saqueos a denunciar que “el intendente [Omar Goye] le pagó 100.000 pesos” a la Cooperativa 1 de Mayo, cuyos líderes eran Mansilla y Paredes.

La crisis de los saqueos preparó el terreno para la caída del intendente peronista Omar Goye, que había llegado al gobierno municipal de la mano del FpV.

El exintendente Omar Goye fue destituido tras los saqueos luego de haber ganado la Intendencia con el FpV.

La destitución de Goye se materializó a principios de abril de 2013 en un plebiscito, donde el 73 por ciento de los ciudadanos que participaron votaron a favor de la revocatoria de su mandato.

Las imágenes de los saqueos en Bariloche, que dieron la vuelta al país, habían sellado la suerte de Goye y la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner le bajó el pulgar.

TEXTUAL

“Consideramos que en este caso, la forma más constructiva para evitar la represión del Estado, en un hecho que a esta altura ya no interesa en demasía a la sociedad, es concluirlo con una probation”.

fiscal adjunto Gerardo Miranda

Cronología de la causa de los saqueos

20 de diciembre de 2012: ocurrieron los saqueos en el supermercado Changomas.

13 de enero 2013: El exjuez de Instrucción Ricardo Calcagno ordenó detener a Miguel “El Mohicano” Mansilla, José Paredes, Giselle Poblete, Catalina Lineros y Haydeé Grande.

24 de enero 2013: Calcagno procesó con prisión preventiva a los cinco imputados.

31 de enero 2013: El exjuez Martín Lozada otorgó la prisión domiciliaria a las tres mujeres procesadas.

5 de abril 2013: La exCámara Criminal Primera confirmó los procesamientos y la prisión preventiva.

14 de septiembre 2013: El exjuez de Instrucción Marcos Burgos admite el pedido de excarcelación presentado por la defensa y libera a Mansilla y Paredes tras 8 meses de prisión preventiva y a las tres mujeres.

12 de noviembre 2013: el juez Marcos Burgos elevó a juicio la causa, tras el pedido del fiscal Sergio Pichetto.

octubre de 2015: La exCámara Criminal Segunda anuló requisitoria de elevación a juicio.

9 de mayo 2018: volvieron a formular los cargos a los imputados porque hubo que adecuar la causa al nuevo Código Procesal Penal.

diciembre 2018: la causa supera la audiencia de control de acusación y la elevan a juicio.

19 de mayo 2019: La jueza Romina Martini convalida la probation, solicitada por la fiscalía, para los imputados.

Un antecedente para tomar en cuenta

A principios de noviembre de 2016, la exCámara Criminal Segunda de esta ciudad resolvió suspender el juicio a prueba durante 2 años contra Jorge Alejandro Rivera, Avelino González Fernández, Conrado Nelson Águila, Lydia Riquelme, Francisco David Bastidas y Francisco Miguel Rosales por el delito de hurto calamitoso.

Las seis personas participaron de los saqueos ocurridos en los depósitos, que la empresa Supermercados La Anónima tiene en esta ciudad.

Los jueces resolvieron que debían pagar un resarcimiento de entre 3.000 y 4.000 pesos cada uno y cumplir 120 horas de tareas comunitarias, con la excepción de un imputado de 77 años.

A los imputados se les atribuyó haber sustraído mercaderías durante los saqueos que sucedieron la tarde del 20 de diciembre de 2012 en los depósitos de La Anónima, que están ubicados en la calle Monteverde 957 de Bariloche. Las mercaderías fueron secuestradas en allanamientos que se hicieron entre el 24 de diciembre de 2012 y el 3 de enero de 2013 en los domicilios de los imputados.

El tribunal advirtió en la sentencia que “más que la calidad y cantidad de los efectos sustraídos”, el mayor impacto “radica en la modalidad”. Consignó que se trata de hurtos calamitosos, que sucedieron cuando se producían en esta ciudad los saqueos, que dejaron numerosos comerciantes damnificados de esta ciudad. En esas circunstancias, los imputados integraron un multitudinario grupo de personas y aprovecharon la situación para apoderarse de estos bienes.

Los jueces advirtieron en el fallo que otorgaron el beneficio de la suspensión de juicio a prueba por la ausencia de antecedentes penales de los imputados y la escala penal del delito imputado, la reparación razonable del daño causado y el consentimiento del fiscal de Cámara Martín Lozada.


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