La Justicia investiga las adjudicaciones del IPPV

La Procuración inició una causa tras una presentación del bloque justicialista.

El bloque justicialista formalizó una acción ante la Justicia para que se investigue si existieron irregularidades en la adjudicación de viviendas a funcionarios y allegados al poder político de Río Negro.

Los legisladores opositores presentaron ante la Procuradora General, Liliana Piccinini, una copia de la denuncia anónima recibida el 14 de marzo pasado, con datos precisos sobre el destino de 20 viviendas entregadas en Roca en julio del 2006.

Ese correo electrónico también fue remitido a funcionarios judiciales de distintos organismos, pero ante el paso del tiempo y la ausencia de una causa formal el PJ decidió avanzar con un pedido de informes y el posterior traslado de los datos a la Procuración, que se concretó el viernes. Según pudo establecer este diario, la causa quedará en manos de un fiscal de Roca luego de las actuaciones iniciales de Piccinini.

«Río Negro» también fue destinatario del mail y en su edición de ayer informó cómo fue que funcionarios, familiares y conocidos de dirigentes del oficialismo provincial se quedaron con varias de esas casas.

El listado de adjudicatarios incluye al subsecretario de Servicios Generales, Talleres, Automotores y Viviendas Oficiales, Daniel Pascual; a la ex sindica de Viarse y Radio y Televisión Río Negro, Paula

Laino; familiares del presidente de Río Negro Fiduciaria, Raúl Calafell; del ex secretario de Salud, Aquiles Bonari y de la intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar; además de un jockey y un cuidador de caballos del haras Cabo Alarcón, propiedad del ex gobernador Pablo Verani.

El actual senador confirmó ayer que estos dos hombres son empleados de la firma Veravalle -que contiene a la chacra de Guerrico donde se encuentra el haras- pero pidió aclarar que la abogada Laino no está nombrada como asesora del bloque en la cámara alta. Esta información había surgido de fuentes del oficialismo.

Por otra parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales, Carlos Sansuerro, negó ayer que el gremio haya ido a buscar a los funcionarios que terminaron comprando terrenos para las 20 viviendas, como lo había afirmado Pascual.

«Nosotros no vamos a buscar a nadie. No es nuestro trabajo», dijo el dirigente. También aseguró que vendieron las tierras que Viarse había cedido para los viales «porque no había más afiliados» con capacidad de acceder a una vivienda con los requisitos que impone el IPPV.

Sobre la llamativa presencia de funcionarios y familias del entorno del gobierno, Sansuerro sostuvo que «la oficina de Roca está abierta todos los días. Cualquiera puede ir a inscribirse. Yo no sé si son funcionarios o ricos. A mi lo que me interesa es que haya una familia viviendo ahí adentro».


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