La Justicia procesó a Contreras y Mozzoni

Lo hizo por el pago de publicidad oficial a Susana Parra, quien era funcionaria y figuraba en una productora

VIEDMA (AV).- El juez penal Carlos Reussi procesó al ministro de Turismo, Omar Contreras, y al secretario de Medios, Claudio Mozzoni, por el pago de publicidad oficial a Susana Parra, quien era funcionaria pública pero, además, figuraba en una productora televisiva de Bariloche. Parra también fue procesada y, en todos los casos, se les imputó “administración fraudulenta en perjuicio del Estado”, con “negociación incompatible”. Según trascendió anoche, Reussi desestimó las justificaciones planteadas en las indagatorias por los imputados, a quienes se los acusó por pautas de unos 65.000 pesos abonadas por el Estado provincial a la productora de Parra, que además era funcionaria del área conducida por Mozzoni. Comunicación Social y Turismo sumaron durante un plazo publicidad por 28 y 36.000 pesos, respectivamente, en auspicios para un microprograma que se emitía en Canal 6 de Bariloche. La denuncia –que formalizó el legislador justicialista Martín Soria– la tramitó la fiscal Daniela Zágari y ayer resolvió el juez Reussi. Anoche, el abogado defensor de Mozzoni, Juan Carlos Chirino, afirmó a “Río Negro” no disponer aún de la notificación judicial y que esperaba leer los argumentos para “definir los pasos a seguir”, descontándose su apelación. Por su parte, Mozzoni dijo que sólo disponía de información extraoficial y que respetaba la resolución, admitiendo la sorpresa por el procedimiento ya que entendía haber entregado todas las pruebas, que inicialmente consideraba suficientes para evitar esta instancia. Según versiones, Reussi consideró la administración fraudulenta al valorar que las publicidades contratadas no se habrían emitido y, además, habría entendido incumplimientos de la Ley de Ética e Idoneidad en la Función Pública y el Reglamento de Contrataciones. Estas normas establecen la incompatibilidad de los funcionarios públicos de establecer lazos comerciales con el Estado por parte de funcionarios de Gobierno o sus familiares directos.


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