La ley que le pone fin a la convertibilidad del peso

El Senado convirtió en ley el proyecto que prevé el fin de la convertibilidad y faculta al Poder Ejecutivo a definir una devaluación del peso y a disponer una salida organizada del "corralito" a los depósitos. La iniciativa fue aprobada en la madrugada por la Cámara de Diputados y resultó avalada por los senadores, quienes apuraron el tratamiento del nuevo plan económico para convertirlo en ley ayer, cumpliendo con un pedido expreso del gobierno de Eduardo Duhalde.

BUENOS AIRES – A continuación se reproduce el texto completo de la Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario, sancionado ayer por el Congreso de la Nación:

«Título I: Declaración de emergencia pública

Artículo 1º: Declárese , con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en la presente ley hasta el 10 de diciembre de 2003, con arreglo a las bases que se especifican seguidamente:

1) Proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios.

2) Reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales.

3) Crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública.

4) Reglar la reestructuración de las obligaciones en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido en el artículo 2º.

Título II: Del régimen cambiario

Artículo 2º: El Poder Ejecutivo Nacional queda facultado, por las razones de emergencia pública definidas en el artículo 1º, para establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, y dictar regulaciones cambiarias.

Título III: De las modificaciones a la Ley de Convertibilidad

Artículo 3º: Deróganse los artículos 1º, 2º, 8º, 9º, 12 y 13 de la Ley Nº 23.928 con las modificaciones incorporadas por la Ley Nº 25.445.

«Artículo 4º: Modifícase el texto de los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 10 de la Ley Nº 23.928 y su modificatorio, que quedarán redactados del siguiente modo: «Artículo 3º. El Banco Central de la República Argentina podrá comprar divisas con sus propios recursos o emitiendo los pesos necesarios para tal fin y venderlos al precio establecido conforme al sistema definido por el Poder Ejecutivo Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario.

«Artículo 4º.- En todo momento, las reservas del Banco Central de la República Argentina en oro y divisas extranjeras serán afectadas al respaldo de la base monetaria. Cuando las reservas se inviertan en los depósitos, otras operaciones a interés, o a títulos públicos nacionales o extranjeros pagaderos en oro, metales preciosos, dólares estadounidenses u otras divisas de similar solvencia, su cómputo a los fines de esta ley se efectuará a valores de mercado.

«Artículo 5º.- El Banco Central de la República Argentina deberá reflejar en su balance y estados contables el monto, composición e inversión de las reservas, por un lado, y el monto y composición de la base monetaria por el otro.

«Artículo 6º.- Los bienes que integran las reservas mencionadas en el artículo anterior constituyen prenda común de la base monetaria, son inembargables, y pueden aplicarse exclusivamente a los fines previstos en la presente ley. La base monetaria en pesos está constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el Banco Central de la República Argentina, en cuenta corriente o cuentas especiales.

«Artículo 7º.- El deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley.

Quedan derogadas las disposiciones legales y reglamentarias y serán inaplicables las disposiciones contractuales o convencionales que contravinieran lo aquí dispuesto.

«Artículo 10.- Deróganse, con efecto a partir del 1º de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional -inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar».

Artículo 5º: Mantiénense, con las excepciones y alcances establecidos en la presente ley, la redacción dispuesta en el artículo 11 de la Ley Nº 23.928, para los artículos 617, 619 y 623 del Código Civil.

Título IV: De la reestructuración de las obligaciones pactadas por el régimen de esta ley.

Capítulo I: De las obligaciones vinculadas al sistema financiero.

Artículo 6º: El Poder Ejecutivo Nacional dispondrá medidas tendientes a disminuir el impacto producido por la modificación de la relación de cambio dispuesta en el artículo 2º de la presente ley, en las personas de existencia visible o ideal que mantuviesen en el sistema financiero deudas nominadas en dólares estadounidenses u otras divisas extranjeras. Al efecto dispondrá normas necesarias para su adecuación.

El Poder Ejecutivo Nacional reestructurará las deudas con el sector financiero, estableciendo la relación de cambio un peso ($ 1) = un dólar (U$S 1), sólo en deudas con el sistema financiero cuyo importe en origen no fuese superior a dólares cien mil (U$S 100.000) con relación a: a) créditos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda; b) construcción, refacción y/o ampliación de vivienda; c) créditos personales; d) créditos prendarios para adquisición de automotores; y e) a los créditos de personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos de micro, pequeña y mediana empresa (MIPyME). O hasta esa suma cuando fuese mayor en los casos del inciso a) si el crédito fue aplicado a la adquisición de la vivienda única y familiar y en el caso del inciso e).

El Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en las entidades financieras comprendidas y emergentes del impacto producido por las medidas autorizadas en el párrafo precedente, los que podrán incluir la emisión de títulos del gobierno nacional en moneda extranjera garantizados. A fin de constituir esa garantía créase un derecho a la exportación de hidrocarburos por el término de cinco (5) años facultándose al Poder Ejecutivo Nacional a establecer la alícuota correspondiente. A ese mismo fin, podrán afectarse otros recursos incluidos préstamos internacionales.

En ningún caso el derecho a la exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor boca de pozo, para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras.

El Poder Ejecutivo Nacional dispondrá las medidas tendientes a preservar el capital perteneciente a los ahorristas que hubieren realizado depósitos en entidades financieras a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 1570/2001, reestructurando las obligaciones originarias de modo compatible con la evolución de la solvencia del sistema financiero. Esta protección comprenderá los depósitos efectuados en divisas extranjeras.

Artículo 7º: Las deudas o saldos de las deudas originalmente convenidas con las entidades del sistema financiero en pesos vigentes al 30 de noviembre de 2001, y transformadas a dólares por el Decreto Nº 1570/2001, se mantendrán en la moneda original pactada, tanto el capital como sus accesorios. Derógase el artículo 1º del Decreto 1570/2001.

Los saldos deudores de titulares de tarjetas de crédito y los débitos correspondientes a consumos realizados en el país, serán consignados en pesos y pagaderos en pesos. Sólo podrán consignarse en dólares u otras divisas, los consumos realizados fuera del país. Los saldos deudores pendientes de pago a la fecha de promulgación de la presente ley, serán cancelados, en pesos a la relación de cambio un peso ($ 1) un dólar estadounidense (U$S 1).

Capítulo II: De las obligaciones originadas en los contratos de la administración regidos por normas de derecho público.

Artículo 8º: Dispónese que a partir de la sanción de la presente ley, en los contratos celebrados por la Administración Pública bajo normas del derecho público, comprendidos entre ellos los de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio. Los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas, quedan establecidos en pesos a la relación de cambio un peso ($ 1) = un dólar estadounidense (U$S 1).

Artículo 9º: Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a renegociar los contratos comprendidos en lo dispuesto en el Artículo 8º de la presente ley. En el caso de los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, deberán tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas.

«Artículo 10: Las disposiciones previstas en los artículos 8º y 9º de la presente ley, en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones.

Capítulo III: De las obligaciones originadas en los contratos entre particulares, no vinculadas al sistema financiero:

Artículo 11: Las prestaciones dinerarias exigibles desde la fecha de promulgación de la presente ley, originadas en contratos celebrados entre particulares, sometidos a normas de derecho privado, pactados en dólares u otra moneda extranjera en los que se hubiesen establecido cláusulas de ajuste en dólares u otra moneda extranjera, quedan sometidas a la siguiente regulación: 1) las prestaciones serán canceladas en pesos a la relación de cambio un peso ($ 1) = un dólar estadounidense (U$S 1), en concepto de pago a cuenta de la suma que, en definitiva, resulte de los procedimientos que se establecen seguidamente; 2) las partes negociarán la reestructuración de sus obligaciones recíprocas, procurando compartir de modo equitativo los efectos de la modificación de la relación de cambio que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 2º de la presente ley, durante un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días. Acordadas las nuevas condiciones, se compensarán las diferencias que, eventualmente, existan entre los pagos dados a cuenta y los valores definitivamente acordados; 3) de no mediar acuerdo entre las partes, las mismas quedan facultadas para seguir los procedimientos de mediación vigentes en las respectivas jurisdicciones y concurrir ante los tribunales competentes para dirimir sus diferencias. En este caso la parte deudora no podrá suspender los pagos a cuenta ni la acreedora negarse a recibirlos.

El Poder Ejecutivo Nacional queda facultado a dictar disposiciones aclaratorias y reglamentarias sobre situaciones específicas, sustentadas en la doctrina del artículo 1198 del Código Civil y el principio del esfuerzo compartido.

Título V: Del canje de títulos.

«Artículo 12: Dentro del plazo y en la forma que oportunamente establezca la reglamentación, el Poder Ejecutivo Nacional dispondrá los recaudos necesarios para proceder al canje de los títulos nacionales y provinciales, que hubiesen sido emitidos como sustitutos de la moneda de curso legal en todo el territorio del país, previo acuerdo con todas las jurisdicciones provinciales.

Título VI: De la protección de los usuarios y consumidores.

Artículo 13: Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a regular, transitoriamente, los precios de insumos, bienes y servicios críticos, a fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores, de la eventual distorsión de los mercados de acciones de naturaleza monopólica u oligopólica.

Título VII: De las disposiciones complementarias y transitorias.

Artículo 14: Se elimina.

Artículo 14 (ex artículo 15): Invítase a las provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios a adherir a las disposiciones de los artículos 8º, 9º y 10 de la presente ley.

Artículo 15 (ex artículo 16): Suspéndese la aplicación de la Ley Nº 25.466, por el plazo máximo establecido en el artículo 1º, o hasta la oportunidad en que el Poder Ejecutivo Nacional considere superada la emergencia del sistema financiero, con relación a los depósitos afectados por el Decreto Nº 1570/01.

Artículo 16 (ex artículo 17): Suspéndase la aplicación de la Ley Nº 25.557, por el término de hasta noventa (90) días. Por el mismo plazo quedan suspendidos los despidos sin causa justificada. En caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto, los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente.

Artículo 17 (ex artículo 18): Los resultados netos negativos que tengan su origen en la aplicación del tipo de cambio a que se refiere el artículo 2º de la presente ley sobre activos y pasivos en moneda extranjera existentes a la fecha de su sanción, sólo serán deducibles en el Impuesto a las Ganancias en la proporción de un veinte por ciento (20%) anual en cada uno de los primeros cinco ejercicios que cierren con posterioridad a la vigencia de la ley. Lo dispuesto precedentemente sólo será de aplicación para los sujetos cuyos ingresos anuales o patrimonio superen los límites establecidos en el artículo 127, Capítulo XIII, del Título 1º de la Ley Nº 11.683, t.o. en 1998 y sus modificaciones.

Artículo 18 (ex artículo 19): Modifícase el artículo 195 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado del siguiente modo: «Cuando se dicten medidas cautelares que en forma directa o indirecta afecten, obstaculicen, comprometan o perturben el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las municipalidades, de sus reparticiones centralizadas o descentralizadas, o de entidades afectadas a alguna actividad de interés estatal, podrá interponerse recurso de apelación directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La presentación del recurso tendrá por si sola efecto suspensivo de la resolución dictada.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación requerirá la remisión del expediente. Recibido éste, conferirá traslado con calidad de autos a la parte que peticionó la medida por el plazo de cinco (5) días. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, previa vista al Procurador General de la Nación dictará sentencia confirmando o revocando la medida.

Artículo 19 (ex artículo 20): La presente ley es de orden público. Ninguna persona puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos. Derógase toda otra disposición que se oponga a lo en ella dispuesto.

Artículo 20 (nuevo): Créase a todos los efectos de esta Ley la Comisión Bicameral de seguimiento la cual deberá controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado por el Poder Ejecutivo. Los dictámenes en todos los casos serán puestos a consideración de ambas Cámaras. La Comisión Bicameral será integrada por seis Senadores y seis Diputados elegidos por las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, respetando la pluralidad de la representación política de las Cámaras. El presidente de la Comisión será designado a propuesta del bloque político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.

Artículo 21 (nuevo): El Poder Ejecutivo Nacional dará cuenta del ejercicio que hiciere de las facultades que se le delegan al finalizar su vigencia y mensualmente, por medio del Jefe de Gabinete de Ministros en oportunidad de la concurrencia a cada una de las Cámaras del Congreso, conforme a lo previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Artículo 22: De forma. (DyN)


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