Ataque a RÍO NEGRO: La necesidad de acciones urgentes y categóricas frente al matonismo
Transcurrieron algunos días desde la salvaje irrupción a las instalaciones del Río Negro y recién ayer se presentaron a notificarse de la causa penal -desafiantes e intimidatorios- unos pocos de los varios responsables de las agresiones a tres trabajadores, los desmanes en el interior y las amenazas de muerte hacia un periodista.
El Ministerio Público Fiscal cuenta con suficientes evidencias fotográficas y fílmicas, proveídas por este diario, demostrativas de la magnitud del grupo que vandalizó el diario.
La primera señal de falta de energía para enfrentar a los matones la dio la Policía. Ninguno de los agentes y jefes del importante destacamento (Comisaría Tercera), que está frente a la Editorial Río Negro, se asomó cuanto menos a ver qué ocurría pese a nuestros llamados insistentes y alarma activada.
Los medios y entidades defensoras de la libertad de prensa del país y el exterior que pusieron foco en este caso no pueden creer tamaña inoperancia institucional, que cualquiera interpretaría como connivencia.
La gobernadora y las máximas autoridades policiales llamaron personalmente al diario para solidarizarse y prometieron sumarios. Dudamos que se hayan iniciado. Los jerárquicos policiales en estas horas ya deberían haber sido por lo menos apartados frente a lo evidente.
El colmo de la incompetencia: en el mismo momento en que policías y fiscales oteaban las consecuencias de la agresión en el diario, los agresores festejaban con una pantagruélica choripaneada en su local, que incluso se difundía en las redes.
¿Temor, torpeza, ineptitud? Sea cual fuere la raíz de esta inacción vergonzosa, el gobierno debe una respuesta más urgente y categórica, y explicaciones públicas de por qué su fuerza -frente a sus narices- ha dejado campo orégano a criminales (no meros manifestantes en su derecho gremial) que irrumpieron en una propiedad privada, nada menos que un medio de comunicación, sin disuadirlos y menos apresarlos en flagrancia.
La mira también está puesta ahora en la Justicia, pero los resultados por ahora no parecen alentadores.
Es probable que los autores intelectuales y materiales nunca terminen detenidos. Ya lo hemos visto antes respecto de este mismo grupo violento, protagonista de un historial asombroso. Acumulan causas penales por hechos similares, pero zafan de ellas con pasmosa facilidad. Algunas tuvieron el insólito beneficio judicial del “criterio de oportunidad” que se utiliza en contados casos (insignificancia del hecho, falta de interés público, etc.) y que claramente no aplica a Baéz y su gente.
Es posible también que, en la hipótesis poco probable de que avanzara esta causa, el tipo penal que proporciona el Código termine en penas indulgentes. Y esto es un problema más profundo para cualquier ciudadano víctima de violación de domicilio o daños en la propiedad.
Las fuertes y conmovedoras muestras de solidaridad -en la región, el país y el exterior- que ha recibido Río Negro son también un mensaje contundente a las organizaciones sindicales, sociales y políticas, y a la propia Justicia.
A las organizaciones porque ponen en evidencia la necesidad de que actúen descontaminadas de patotas dentro de sus filas. No son pocos los sindicatos que incluyen expresiones de beligerancia y extorsión, que terminan siendo un bumerán sumamente nocivo para los propios nucleamientos. El numeroso grupo que irrumpió en Río Negro nació y se desarrolló como apéndice de la CTA-Autónoma, que ahora declama despegarla, pero no lo logra aún en la práctica. Nada menos que la calidad de las agrupaciones está en juego y éstas -en sus encuadres democráticos- no pueden permitirse gérmenes de odio.
La Provincia de Río Negro también debería revisar su vocación de sostener a ODEL con el reparto de alimentos, sin control sobre su destino según se admitió.
El mensaje a la Justicia es también fuerte y directo.
La agresión del martes -y las intimidaciones de ayer en la comisaría y frente a la casa de un fotógrafo- reflejan la presencia de un grupo capaz de desafiar la ley y las garantías constitucionales. Representa no solo una amenaza al diario sino también a la sociedad. Si se animan a atacar al Río Negro, con el impacto que ello tiene, ¿qué queda para el resto de los ciudadanos?
En la medida en que la Justicia y la Policía no emitan señales internas y externas claras, darán un mensaje inquietante de impunidad: el odio y la violencia están habilitados, para zozobra de cualquier ciudadano, empresa o institución.
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