La presidenta sólo nombró seis jueces en el 2010

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La presidenta Cristina Fernández nombró en 2010 solamente a seis jueces y tiene pendiente de resolución 158 pliegos para cubrir vacantes en juzgados, cámaras y tribunales orales de todo el país. La demora en las designaciones es uno de los insistentes reclamos al gobierno de la Corte Suprema de Justicia. Los seis jueces son una merma en la cantidad que la presidenta nombró en sus dos primeros años de mandato: en 2009 fueron 46 magistrados y en 2008, 94. Así surge de un informe del Consejo de la Magistratura de la Nación. Los seis jueces designados por la presidenta fueron Guillermo Treacy en la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal; Olga Calitri en la Sala II de la Cámara Federal de La Plata; Karina Perilli y Horacio Artabe en el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 de Capital ; Cintia Gómez en la Cámara Federal de La Plata; y Fernando Pisano en el Tribunal Oral de Menores 2 de esta ciudad. En tanto, el Poder Ejecutivo tiene pendientes de resolución 158 pliegos, entre los que tiene que elegir uno de los candidatos de cada terna que elaboró el Consejo y enviar al candidato al Senado de la Nación para su designación definitiva. Entre los pliegos pendientes se encuentran los jueces para ocupar 11 juzgados de Instrucción y 24 lugares en Tribunales Orales de Capital. Pero también resta la selección por parte de la presidenta de vacantes en la justicia federal de Córdoba, Mendoza, Jujuy, Mar del Plata, juzgados laborales de primera instancia, Tribunales Orales Federales y la nueva Cámara Nacional de Casación Penal, entre otros. La selección de jueces comienza en el Consejo de la Magistratura que lleva adelante un proceso de elección con exámenes y el análisis de los antecedentes de los postulantes que concluye con una terna de los menores postulantes que envía al go-bierno. Luego el Ministerio de Justicia abre un período de 30 días para que organizaciones sociales y particulares envíes sus apoyos o críticas de los candidatos. Después el gobierno elige a uno de los ternados y propone su nombre al Senado. La Cámara Alta acepta o rechaza la propuesta y luego la presidenta concreta la designación. (DyN)

El gobierno culpa a la Justicia por la inseguridad y la Corte responde que cubra las vacantes en los juzgados.