La renuncia de Oyarbide

Aconsejado por su estratega electoral más influyente, el ecuatoriano Jaime Durán Barba, a comienzos de su gestión el presidente Mauricio Macri dio a entender que no le interesaba gastar mucho tiempo revisando lo hecho por el gobierno anterior. Antes bien, se proponía romper con el pasado por suponer que lo que más quería la ciudadanía era dejarlo atrás, para concentrarse en el futuro. Fue por tal motivo que Macri demoró varias semanas en criticar con la contundencia que muchos suponían sería apropiada la pesada “herencia” económica que el gobierno kirchnerista le había legado. Asimismo, ha procurado asumir una postura neutral frente a la corrupción rampante de los años últimos al afirmar repetidamente que el destino de las investigaciones que están en marcha dependerá exclusivamente de la Justicia.

Aunque los esfuerzos de Macri por mantenerse por encima de la batalla cultural que están librando contra los partidarios del “proyecto” o “modelo” kirchnerista los resueltos a ver debidamente castigados a los corruptos, comenzando con la expresidenta, y que sean obligados a devolver todo el dinero mal habido, le han merecido muchas críticas; parece tan convencido de que sería mejor para él y para el país que se distanciara de los escándalos ya cotidianos que están surgiendo que sigue enojando a sus aliados justicieros. Es lo que sucedió a raíz de la decisión de aceptar la renuncia del juez federal más notorio de todos, Norberto Oyarbide. En opinión de muchos radicales y miembros de la agrupación Coalición Cívica de Elisa Carrió, el presidente debió haberla rechazado para que un jury del Consejo de la Magistratura lo destituyera después de enjuiciarlo.

Para Macri es más que suficiente que Oyarbide haya dejado de ser un juez y, de todos modos, cree que un juicio político hubiera supuesto “un proceso largo y de resultado incierto”. Para otros, en cambio, el presidente cometió un error muy grave al permitir que saliera ileso un personaje que, por su conducta y sus fallos, se las arregló para erigirse en el símbolo máximo de la decadencia judicial. Quienes piensan así pueden señalar que el presidente acaba de brindar la impresión de estar dispuesto a amnistiar a quienes en efecto institucionalizaron la corrupción, y que los vinculados con los acusados de enriquecerse a costa de los demás habitantes del país lo tomarán por un síntoma de debilidad. Si bien no hay motivos para suponer que Macri se haya sentido asustado por las amenazas insinuadas por los incondicionales de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su deseo evidente de ahorrarse dificultades los alentará a redoblar las presiones callejeras y mediáticas para que la deje impune.

No se equivocan aquellos que, como Durán Barba, advierten que la propensión nacional a aferrarse al pasado, a insistir en que antes de avanzar hay que resolver todos los problemas judiciales, morales y políticos pendientes, ha tenido consecuencias muy negativas, pero también es legítimo argüir que algunos temas son tan importantes que la sociedad no tiene más alternativa que la de enfrentarlos. Tal tema se ve planteado por la corrupción que ha florecido con la complicidad de demasiados fiscales y jueces que, por oportunismo en algunos casos y por lo que se ha dado en llamar “militancia” en otros, han colaborado con presuntos delincuentes. Mientras que Macri parece creer que el Poder Judicial se curará naturalmente de sus muchos males si se eliminan las tentaciones económicas y políticas, ya que no se le ocurriría premiar a quienes hagan gala de su fervor oficialista, otros entienden que sería necesario aprovechar el cambio de clima que se ha producido en el país para impulsar una purga más vigorosa para alejar definitivamente a quienes anteponen sus propios intereses, o aquellos de un movimiento político, a su deber de interpretar la ley con ecuanimidad. En el debate interno en torno a este asunto fundamental, los defensores de un mayor rigor llevan las de ganar, ya que comparten su punto de vista amplios sectores ciudadanos que se sienten indignados no sólo por la desfachatez de ciertos “emblemáticos” como Lázaro Báez y Ricardo Jaime, sino también por la conciencia de que, durante más de diez años, la mayoría optó por minimizar la importancia de la corrupción por suponer que se trataba de un fenómeno meramente anecdótico que no le perjudicaba.