La ruta de las coimas en el caso Skanska

La Justicia evalúa el comportamiento del Enargas. El gobierno, cada vez más comprometido.

La creación del Fondo Fiduciario para la ampliación del Gasoducto Norte estaba compuesto por fondos de cargos tarifarios a pagar por los usuarios de los servicios regulados de transporte, recursos que se obtuvieron en el marco de programas especiales de crédito y aportes específicos al sistema concretados por los beneficiarios directos.

Estos fondos obtenidos fueron manejados por Banco Nación Fideicomiso (BNF). La parte técnica estaba bajo la supervisión del Enargas, organismo dependiente del ministro Julio de Vido. Con la asignación presupuestaria definida, el dinero fue entregado a la empresa Transportadora Gas del Norte (TGN) para que concrete la obra. Los pasos financieros y técnicos del proyecto debían ser monitoreados por el BNF y Enargas respectivamente.

La Justicia investiga si es cierto que TGN habría recibido de parte del Estado todo el manejo de ampliación a cambio de la subcontratación de las empresas Skanska, BTU y Contreras Hnos. Esto último, habría sido un pedido explícito del Enargas.

Cuando TGN pide los presupuestos a estas tres empresas para dar inicio a los trabajos, los mismos estaban sobrevaluados entre 85 y 150% respecto del proyecto inicial. La anomalía fue comunicada oportunamente por TGN al Enargas que, sin embargo, dio el ok para dar el inicio a las obras. Según investigaciones judiciales, las tres empresas mencionadas habrían subcontratado a firmas fantasmas por trabajos que nunca realizaron. Este dinero facturado por las empresas fantasmas, que coincide con los sobreprecios aceptados por el Enargas, son los que habrían ingresado como 'coimas' a ejecutivos y funcionarios del gobierno nacional.

Es decir, las empresas fantasmas facturaban millones por trabajos no realizados. De esos millones cobraban un porcentaje de comisión y el resto se destinaba, presumiblemente, al pago de las coimas.

Este es un problema del gobierno nacional al margen del privado por evasión impositiva ya que, por un lado, existen fondos públicos colocados en el fideicomiso en cuestión y, por el otro, porque el Enargas aprobó un presupuesto sobrevaluado sin cuestionarse las causas de estas millonarias diferencias.


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