Los bienes de los funcionarios son un misterio

Una ley de hace 42 años obliga a informar la situación patrimonial.

VIEDMA (AV)- En Río Negro no se pueden conocer las declaraciones de bienes de funcionarios, legisladores y jueces. No es posible ni saber -oficialmente- quié-nes elevaron sus declaraciones juradas y, mucho menos, el conteni- do de las mismas. Hasta media-dos de marzo, sólo dos de cada diez representantes de los tres poderes habrían registrado su situación patrimonial.

Lo más sorprendente es que la obligación de las declaraciones de bienes en Río Negro se rige por una ley de 1958, es decir, su vigencia tiene 42 años. Sufrió modificaciones, pero mantiene un régimen desactualizado, alejado del criterio aperturista y transparente que se argumenta desde el gobierno de Pablo Verani y de la línea instrumentada por la Alianza en el gobierno nacional.

El legislador del Frente Gran-de Eduardo Chironi insistió con un proyecto sobre «la ética y la idoneidad de la función pública». La iniciativa fue elevada por segunda vez, porque la presentada inicialmente no tuvo tratamiento legislativo.

El Tribunal de Cuentas registraba -desde principio de diciembre y hasta mediados de marzo- sólo 46 declaraciones juradas contra un plantel de más de 300 miembros obligados por la legislación, desde funcionarios provinciales hasta autoridades municipales, pasando por legisladores, magistrados, secretarios judiciales y representantes de empresas públicas.

La renovación gubernamental derivó en la revisión de las presentaciones patrimoniales, aunque los «demorados» advirtieron que las planillas oficiales del Tribunal de Cuentas se distribuyeron en marzo (ver aparte)

La ley de 1958 extiende la o-bligación de presentación a miembros de los tres poderes, entidades autárquicas y municipalidades, «y demás funcionarios y empleados dependientes» (después se excluyen docentes, auxiliares, choferes y efectivos policiales). El incumplimiento de la declaración -siempre según la antigua legislación- prevé una multa equivalente a la pérdida del sueldo.

La ley Nº7 -aprobada el 10 de julio de 1958 y promulgada al otro día por el decreto 197- creo un registro de declaraciones patrimoniales.

La legislación obliga a los miembros del Ejecutivo, Legislativo y Judicial a «efectuar bajo juramento una manifestación de todos sus bienes, réditos y fuen-tes cualquiera sea su naturaleza y procedencia». Agrega que los que pretendan ingresar a la administración pública «no podrán asumir» sin cumplir con ese de-ber y deberán efectuar esa presentación dentro de los 90 días a-quellos que «estuviesen actualmente desempeñando funciones».

Además del descuento salarial, la ley establece que los funcionarios podrían ser declarados cesantes. Asimismo la norma brinda la posibilidad al Poder Ejecutivo para que «mediante resolución suficientemente motivada» los empleados no comprendidos en la ley también jus- tifiquen el origen de sus bienes.

Además, el artículo 10 advierte que «los registros serán reservados y en ningún caso podrán solicitarse informes», salvo la solicitud de la Justicia en causa penal, donde se «cuestione el enriquecimineto ilegítimo del funcionario».

El decreto N 496 del 15 de setiembre de 1958 reglamenta a-quella ley, fijando condiciones de las declaraciones y asignando precisiones sobre inmuebles, títulos y acciones, participaciones en sociedades, automotores, créditos, muebles y artefactos del hogar, dinero en efectivo, pasivos, réditos y otros ingresos.

La propuesta de Chironi

Por su parte, el proyecto legislativo de Chironi prevé «el resguardo de la calidad institucional» de los tres poderes. El proyecto fija 30 días hábiles des-de la designación para declarar todos los bienes.

Además, se ratifica el libre acceso «de cualquier ciudadano» a las declaraciones juradas presentadas y prevé que el Tribunal de Cuentas será la autoridad de aplicación.

La iniciativa de Chironi contempla la cesantía de los funcionarios cuando no cumplan con la presentación de la declaración. Se establece una ampliación en el plazo de devolución de las certificaciones: la ley vigente asigna tres meses después del retiro del funcionario y el proyecto Chironi propone tres años.

Lo cierto es que el proyecto del legislador Chironi fue presentado por segunda vez después que inicialmente no tuviese tratamiento y la iniciativa pasara al archivo.


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