Unter va a la Justicia contra la nueva escuela secundaria

La cúpula de la Unión Trabajadores de la Educación de Río Negro presentó una acción de “prohibimus” buscando evitar la aplicación de la reforma en el Nivel Medio, y que el gobierno pretende implementar bajo la modalidad de la Escuela Secundaria de Río Negro (ESRN). El mandamiento de prohibición busca suspender las asambleas previstas para esta semana.

Paralelamente, denunció ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a funcionarios ministeriales por irregularidades en la emisión de 1.124 resoluciones en sólo un día de sesión del Consejo Provincial de Educación (CPE) que impide hacer un correcto análisis sobre lo que se dispone.

El argumento contra la ESRN es que “cercena los derechos” laborales adquiridos en forma previa en la incumbencia de títulos, y además “no garantiza el proceso de aprendizaje”; según esgrimieron los principales referentes gremiales Patricia Cetera como secretaria general y Marcelo Nervi, su adjunto.

En coincidencia con las acciones legales anunciaron en conferencia de prensa un bloqueo a la distribución de cargos que este miércoles comenzará por la Línea Sur dentro del cronograma establecido en forma oficial.

Por otro lado adelantaron que con la oferta del 17% no habrá inicio normal de clases ya que a su criterio, la espiral inflacionaria justifica un pedido del 35%.

Asimismo, cuestionaron la gestión de la ministra Mónica Silva haciendo referencia a que al modificarse el régimen de licencias se produjeron liquidaciones “erróneas” y “hay muchos compañeros que no cobraron el mes de diciembre pasado”.

Los dirigentes gremiales acudirán a una sede penal de esta capital para efectuar una nueva presentación contra la cartera educativa frente a un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público por violar la Ley N° 5.059/15, de enfermedades graves, oncológicas y neoproliferativas. Indicaron que pese a las promesas de aplicar la norma “se siguen rechazando certificados médicos” en casos oncológicos.

La Unión Personal Civil de la Nación y el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur) plantearon su rechazo a la aspiración gubernamental de un incremento del 17% durante este año para este sector de agentes estatales. El gremio de los administrativos que conduce Juan Carlos Scalesi consideró “razonable” tomar en cuenta la inflación del año pasado que a su juicio superó el 40% al momento de firmar un acuerdo. Al salir al cruce en forma pública acerca de la pauta salarial anticipada, el gremio pidió revisar los esquemas bajo el argumento de que los “buenos” porcentajes de reconocimiento durante el ejercicio pasado “estaban basados en la inflación y pérdida del poder adquisitivo del año anterior”.

En opinión del secretario general, Juan Carlos Scalesi, “cuando se pide responsabilidad y razonabilidad, nosotros pensamos que esta debe venir de ambas partes, tanto de la patronal como de los trabajadores”. A su criterio, el ajuste “debe ser compartido” porque “siempre nos ajustan a los trabajadores y somos solidarios siempre los mismos”.

Por su parte, Sitrajur sentó su posición a través de su titular Pablo Barreno, denunciando que mientras se instala esa “irrisoria” pauta anual “por la ventanilla de atrás sigue la fiesta judicial con más nombramientos, viáticos, alquileres y megasueldos, entre otros privilegios”.

Advirtió que “resulta que este doble estándar para ajustar u optimizar los recursos no opera para las máximas autoridades rionegrinas, sobre todo teniendo en cuenta que sólo para saciar los intereses de la rosca corporativa judicial, hace unos pocos años, se amplió el número de miembros a cinco (multiplicando masas salariales), con un saldo cuantitativo y cualitativo exponencialmente negativo”. También aprovechó para criticar la “demostración de ineficiencia” que “se potencia con la peor gestión de la cual se tiene recuerdo de la administración de justicia”.