Opinión publicada
Te invitamos a leer los artículos de Daniel Sticco “La economía destruye 127 empleos por hora” en Infobae y de Enrique Szewach “Los complots del Gobierno” en Perfil.
ARGENTINA
La economía destruye 127 empleos por hora”, subraya Daniel Sticco en Infobae considerando los datos de la reciente Encuesta Permanente de Hogares del Indec. Precisa: “En promedio, los 554.800 puestos de trabajo perdidos o cesanteados en los últimos doce meses, sin considerar los afectados por suspensiones parciales con pago acotado de salarios, fueron equivalentes a: 46.237 despidos por mes; 1.541 por día; 64 por hora; 1 por minuto”. Añade que “los números fueron más dramáticos en lo correspondiente al segundo trimestre respecto de los tres meses previos, 273.700 personas debieron quedarse en sus casas por haber perdido el empleo, no sólo porque proporcionalmente la cantidad de afectados fue singularmente más significativa, sino porque sucedió en un período estacionalmente aumenta la capacidad de generación de riqueza, la producción y el comercio, y además ese cuadro se dio antes de que empeorara el escenario financiero, porque el Gobierno decidió vivir con lo nuestro y prescindir del mundo”.
* El economista Enrique Szewach reflexiona en Perfil: “Utilizar la Ley Antiterrorista para denunciar una quiebra fraudulenta y llevar a una ley lo que ‘de facto’ se hizo en estos años desde la Secretaría de Comercio no parece compatible con el objetivo de generar ‘un estado de confianza’. En otras palabras, también aquí el Gobierno ha ‘complotado’ contra una recuperación del nivel de actividad”. Agrega que “la idea de ‘empoderar al consumidor’ ya estaba presente en las leyes actuales de Defensa del Consumidor y Defensa de la Competencia. Leyes que el Gobierno, sistemáticamente, ignoró en todos estos años. Además, el consumidor no sólo consume bienes privados: consume también bienes y servicios brindados por el Estado. Empoderar al consumidor contra los empresarios privados y ‘desempoderarlo’ contra el Estado no parece ser la mejor forma de protegerlo y defenderlo. Que un consumidor pueda exigir o litigar contra los privados para ‘equilibrar el poder’ suena razonable en dosis adecuadas. Que no pueda hacer lo mismo cuando el servicio o el bien se lo brinda el Estado suena a una estafa. Los ciudadanos no sólo pagamos precios sino que, principalmente, pagamos impuestos”.
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