Chubut: El juez, sus amigos y la corporación judicial

La justicia de Chubut recibió un duro golpe al mentón cuando uno de sus máximos referentes, el juez de cámara de Esquel Claudio Petris fuera suspendido de su cargo por el Consejo de la Magistratura que además, lo someterá a un jury de enjuiciamiento tras acusarlo de enriquecimiento ilícito, abuso de poder y maniobras financieras irregulares. Duros cargos para quien, antes de las denuncias que obligaron al consejo a iniciar una investigación, presidía la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia, una entidad corporativa “encargada” de defender a sus integrantes ante cualquier indicio que suponga algún ataque en sus funciones. Petris era más que un referente entre los magistrados de Chubut.

Pero ahora, la investigación podría terminar con su destitución tras una larga carrera que comenzó lejos de Chubut, en las emblemáticas oficinas de Comodoro Py y que hasta el momento de su suspensión (además cobrará solo el 50 por ciento de su sueldo) llevaba nada menos que 40 años.

Según la investigación del Consejo de la Magistratura se le atribuye al magistrado haber intervenido en un expediente por cuotas alimentarias en el que una de las partes era el exfutbolista Aldo Pedro Duscher (oriundo de Chubut, pero que realizó su campaña en Newell’s y equipos europeos) con quien mantenía un vínculo personal pese a lo cual no se apartó del caso. También dictó una resolución en una acción de amparo para favorecer a quien sería su médico personal.

Como dice el Martín Fierro, sublime obra de José Hernández, eternamente vigente: “Hacete amigo del juez, no le des de que quejarse que siempre es bueno tener palenque ande ir a rascarse”.

Pero las acusaciones avanzan también en el plano económico y laboral. El primero encuentra a Petris con un patrimonio no acorde con sus ingresos que siempre recibió de parte del Estado. La investigación detectó al menos ocho inmuebles no declarados (tanto en Chubut como en Buenos Aires) y el uso de familiares o presuntos testaferros para registrar bienes, entre ellos un vehículo Mini Cooper (dominio −GWZ214) que pasó por tres manos antes de terminar en posesión de una hija del magistrado.

“Las pruebas valoradas aportan datos significativos sobre el patrimonio personal y familiar del doctor Petris, conformado por numerosos vehículos y propiedades cuyo origen no puede explicarse razonablemente con los ingresos públicos de un juez de Cámara”, señala el dictamen elaborado por la consejera instructora Mabel del Mármol. También advirtió que el juez se encontraba inscripto en la AFIP bajo el rubro “Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas y eventos”, una actividad expresamente vedada por la ley provincial para los magistrados. Figura también una “donación de 18 millones de pesos a favor de su hija”.

El dictamen menciona declaraciones de un ciudadano que lo acusa de amenazas, coerciones y abuso sexual, aunque esos episodios no fueron aún formalmente incorporados a la causa penal. El denunciante es empleado de la cámara que presidía Petris en la ciudad cordillerana.

Tras la fuerte denuncia y la suspensión de su cargo, el magistrado realizó su defensa. Negó todas las acusaciones y calificó el proceso como una “persecución política”. Argumentó que la investigación es consecuencia de su actuación como presidente de la Asociación de Magistrados de Chubut, desde donde se opuso a la iniciativa del gobernador Ignacio Torres de eliminar los fueros judiciales mediante plebiscito el que se realizará este domingo junto a las elecciones de medio término.

Petris también planteó la nulidad del sumario por considerar que la denuncia carece de una relación clara y precisa de los hechos, y se apoya en publicaciones periodísticas. “Se trata de una excursión de pesca”, afirmó en su escrito.

Cabe destacar que las denuncias contra Petris no son nuevas. Desde mediados de 2025, el fiscal de Estado Andrés Meiszner (el mismo que llevó adelante estas acusaciones) había presentado pruebas por abuso de poder, fraude y enriquecimiento ilícito, en las que se lo señalaba al juez por ocultar bienes, utilizar testaferros y mantener relaciones impropias con partes en litigio. También se sumaron testimonios por amenazas y comportamientos inadecuados dentro del ámbito laboral.

Ahora, se espera el pronunciamiento del Tribunal de Enjuiciamiento para saber cómo continúa el proceso que podría dejar al juez sin su cargo y a la justicia de Chubut sin uno de sus máximos referentes. Por ahora, la Asociación de Magistrados y Funcionarios, que lo tuvo durante años como amo y señor, se mantiene en silencio.

Un silencio que aturde, como algunos dicen.