Corrientes, Maratea y Carnaval estatal

Roberto Fermín Bertossi *


El Estado nacional hizo oídos sordos y ceguera inaudita a la tragedia ecológica cuando, a partir de la primera quincena de enero, se disparó, sacudió y arruinó unas 900.000 hectáreas de esta provincia litoraleña, con gravísimos daños ambientales, perjuicios patrimoniales, paisajísticos/culturales y secuelas de toda clase, índole y gravitación.

En efecto, tremendos incendios forestales ya arrasaron el 45% del Parque Nacional Iberá, flora, fauna, biodiversidad, biomasa, producción forestal, ganadera, citrícola, yerbatera y arrocera, provocando pérdidas inestimables e irrecuperables para Corrientes.

Los estragos provocados por las llamas y la prolongada sequía son difíciles de cuantificar todavía dado que, día a día, se incrementa la cantidad de hectáreas de campos, forestaciones, flora y fauna arrasadas por las llamas; llamas pendientes de un Estado nacional impotente, ineficiente e inútil, el mismo que en este nuevo y recurrente fenómeno ígneo federal, penosamente quedó a merced sólo de lluvias milagrosas o de nuevos Marateas.

Cuando Corrientes arde “todos somos correntinos”. Ello de por sí implica suspender los carnavales de una estirpe política vernácula desnudada por “esas” llamas, dado su flagrante y escandaloso déficit de idoneidad, de oportunidad, compromiso, respuestas y pertinencias.

Estos incendios correntinos son un duro y claro revés a la concepción, fundamento y horizonte para un cabal gobierno y estado nacional, concepción para la cual el fin último del orden constitucional pretendía ser la salvaguarda permanente e inmediata de derechos y libertades de los ciudadanos, esto es del “bien común” como fin y límite del Estado.

Obviamente que a la titularidad del “lego” Juan Cabandié en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Nacional (¿federal?), los incendios en Corrientes -antes en Córdoba- revelan y confirman la enrevesada sistematización de la burocracia y el fortalecimiento de los cuerpos profesionales de funcionarios y asesores estatales no reclutados por pruebas objetivas de mérito, capacidad y trayectoria.

Entonces no busquemos en otra parte “la causa estatal” de semejante desguarnecimiento ciudadano al desmantelar y desactivar garantías constitucionales básicas de contar con la actuación y la presencia oportuna y suficiente de servidores públicos idóneos en un Estado al servicio de la ley y de la sociedad, toda.

Conforme Lord Acton, “todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los grandes hombres son casi siempre hombres malos, incluso cuando ejercen influencia y no autoridad; más aún cuando sancionan la tendencia o la certeza de la corrupción con la autoridad”. Tales teología y teleología políticas vernáculas vienen produciendo gravísimos desequilibrios a partir de la prepotencia sin escrúpulos de los gobiernos de turno para influir decisivamente en el reclutamiento (loteo) de los miembros de los otros poderes del Estado, legisladores y agentes del Poder judicial (también en sindicatos, clubes, etc.), asegurándose así viles servidumbres clientelares hacia quienes los han designado.

Si la crítica es el momento de debilidad de las cosas, el Estado nacional parece no tolerar ni querer saber, menos admitir su propia fragilidad.

Hoy Corrientes acredita desmanejo, discriminación y prodigalidad con los fondos y recursos públicos aportados por los contribuyentes argentinos, tornando tan necesario como urgente recrear cultura política y federalismo ante el hartazgo de voces, palabras y figuras políticas que respiran inadvertidamente su fractura esencial, su origen sospechado e incompetencia, tan absoluta como manifiestamente auto descalificativa.

* Docente e investigador universitario


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