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Escuelas inseguras

La escuela no puede renunciar a enseñar a vivir en comunidad. Los buenos modos, el trabajo en equipo, el respeto a las normas en un ámbito de tolerancia, deben ser valores mínimos a respirar dentro de cada establecimiento educativo.

En las escuelas de la actualidad se observa una disociación entre la realidad y el marco normativo imperante que alarma.

Mientras que desde la responsabilidad civil se exige a los titulares de los establecimientos educativos que garanticen la seguridad de los alumnos menores de edad que se hallen bajo su control (Art. 1767 CCYC), en la práctica dicha obligación de resultado muchas veces trastabilla.

Tal lo sucedido en la ESRN 1 de General Roca, cuando una madre ingresó sin inconvenientes hasta un aula de la escuela y luego de gritar a los estudiantes agredió físicamente a uno de ellos aduciendo que le había realizado bullying a su hijo.

Las imágenes que prontamente se viralizaron, provocaron que los alumnos del colegio hicieran una sentada curiosamente contra el hijo de esta señora.

Así un caso de bullying escolar, terminó con una protesta masiva en contra de esa versión en pleno centro roquense. Los jóvenes preocupados por la verdad, denunciaron, así, que el supuesto hostigador en realidad era el hostigado… Todo se habría desencadenado en un altercado en la escuela, que siguió fuera de la institución y escaló significativamente. Ambos padres denunciaron que, ante sus quejas, no recibieron respuestas de las autoridades escolares.

El hecho desnuda la tierra de nadie en que se ha convertido la escuela, donde una madre puede acceder, sin controles a la vista, hasta el recinto donde se dictan clases y golpear con absoluta impunidad.

Una paradójica clase de pésima educación que amerita una sanción ejemplarizadora. Al mismo tiempo revela la existencia de un hecho públicamente conocido por los educandos, sin que se hayan instrumentado políticas eficaces para su evitación.

La activa reacción del alumnado fue en definitiva la que provocó la presencia del Ministerio de Educación de Río Negro, personal de los Equipos Técnicos de Apoyo Pedagógico (ETAP) y referentes del Consejo Escolar.
La experiencia vivida evidencia la insuficiencia de las medidas que contempla la Ley Nacional 26892 y la Guía de Orientación Federal para situaciones de violencia escolar, mucho más si sus instrucciones generales no se activan desde la inmediata detección de un hecho de bullying.

Cuando una situación de hostigamiento físico o psíquico contra un alumno se deja crecer, las consecuencias pueden tornarse ingobernables. Hoy, desde ocultar una pertenencia como broma, una publicación en redes sociales, una divergencia de opinión o simplemente un “me miró mal” pueden ser desencadenantes de situaciones de violencia.

Los efectos de la pandemia, a su vez, han repercutido en las conductas de alumnos con fobias, autolesiones, desórdenes alimentarios y ansiedad, sin dejar de mencionar los efectos negativos que produce la grave crisis económica que atraviesa nuestro país sobre las familias.

Días atrás se verificó también en la ESRN 35 de Cipolletti la presencia de un alumno armado con una pistola, circunstancia que evidencia la falta de vigilancia activa de sus padres y que despertó la preocupación e intervención de la comunidad educativa.

Llama la atención que a esta altura todas las escuelas no cuenten con docentes y alumnos especializados en mediación en cada uno de sus turnos. Tal método de resolución alternativa de conflictos, que satisfactoriamente ha sido utilizada en el Poder Judicial y que tanto leyes como resoluciones se encargan de vanagloriar, escasamente ha sido implementada en el ámbito educativo. Tampoco se han reforzado debidamente los consejos de convivencia a la hora de ejercer el deber de prevención (Art. 1710 CCYC).

En tal sentido, hay experiencias positivas como la de la Fiscalía de Delitos Juveniles de Neuquén, que actúa preventivamente con charlas de concientización a padres y alumnos, cuando una situación de violencia escolar así lo amerita.

La escuela no puede renunciar a enseñar a vivir en comunidad. Los buenos modos, el trabajo en equipo, el respeto a las normas en un ámbito de tolerancia, deben ser valores mínimos a respirar dentro de cada establecimiento educativo.

En ello la labor coordinada de alumnos, padres, docentes, autoridades educativas y políticas, resulta crucial. Sin el compromiso de todos estos actores con una educación segura y en paz, no hay futuro posible.

*por Marcelo Antonio Angriman, Abogado. Prof. Mac. de Educación Física. Docente Universitario. angrimanmarcelo@gmail.com


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