Río Negro, sus hospitales y la corrupción que no enciende alarmas

Río Negro recorrió hace más de una década el camino que hoy se instala fuerte a nivel nacional, para hacer más ágiles y eficientes los procesos dentro del fuero penal del Poder Judicial.  

Pero nada de lo importante habrá cambiado si ese código se aplica con la parsimonia y selectividad de otras épocas de la provincia, donde las investigaciones parecían marcadas por un verde, amarillo y rojo, según la cercanía del poder político de turno que tuviesen. 

La referencia tiene sentido esta semana porque llama la atención la naturalidad con la que parece haberse tomado un documento emitido el miércoles por el gremio UPCN, aludiendo a la crisis en el sistema público de salud de la provincia, asegurando que “es producto de la corrupción de los exfuncionarios, tanto del que fuera ministro de Salud, su equipo y de la exgobernadora Carreras”. 

¿Qué sabe la conducción de UPCN? ¿Sabe algo la actual ministra, Ana Senesi, sobre ese mundo oscuro que pinta el gremio? ¿Con qué se encontró cuando dejó la dirección del hospital de Roca y llegó a Viedma, para reemplazar a uno de sus mentores políticos? La “herencia” de 5.300 millones de pesos de deuda de la que livianamente habla la actual gestión, como si mencionara a desconocidos que dejaron tierra arrasada en Salud, ¿tiene algún componente ilegítimo? 

El Poder Judicial de Río Negro no demostró ahínco cuando tuvo que investigar a la gestión de Gobierno anterior, por la compra de un avión a 4,2 millones de dólares.  

Es cierto que en ese caso contó con la inestimable colaboración de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que durmió su expediente de pesquisa, pero el exlegislador Pablo Barreno llevó su propia denuncia a tribunales y casi dos años después, poco y nada se sabe sobre exfuncionarios rionegrinos nerviosos por la presión de la Justicia. 

La incómoda protesta de ATE

Mientras tanto, el Gobierno tendrá otra semana agitada, con doble turno: el miércoles ante ATE y UPCN, para debatir aumentos generales en la Administración Pública, y el jueves para reactivar la Mesa de Salud.

Incluso puede ocurrir que el miércoles no tenga sólo esa prueba financiera, sino que también deba rendir examen político. 

Para ese día también están previstas las manifestaciones de ATE en todos los organismos nacionales del país, con ocupación de edificios para resistir los ceses de contratos dispuestos por el Gobierno nacional. Nada desconocido para los rionegrinos, porque es la modalidad que se aplicó en la provincia cuando Rodolfo Aguiar daba los primeros pasos escalando hacia la conducción nacional del sindicato. 

Ahora bien, la Policía Federal no tiene estructura en Río Negro para prevenir ni hacer cesar una acción con esa característica atomizada. Otras fuerzas de seguridad federales podrían aportar efectivos, pero el despliegue es complejo.  

Sería realmente embarazoso que en la pantalla del teléfono del gobernador o del ministro de Seguridad apareciera el número de un fiscal federal o de un funcionario nacional pidiendo colaboración a la Policía de Río Negro para poner fin a las ocupaciones o eventuales desmanes del mismo gremio al que, ese mismo día pero en otra oficina, le están pidiendo que acepte una propuesta salarial para encauzar el funcionamiento del Estado provincial. 

Desde ATE informaron que, hasta ahora, en Río Negro hubo despidos en Anses, Vialidad Nacional, Conicet, Telam y Radio Nacional, además de los telegramas enviados a personal de Parque Nacional Nahuel Huapi, Secretaría de Trabajo, Secretaría de Cultura, el ex Ministerio de las Mujeres y la Agencia Nacional de Discapacidad. 

A eso se suma el anuncio del cierre de las oficinas provinciales del Enacom, del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y de los CDR del ex Ministerio de Desarrollo Social y del INADI. 

No aparece el PAMI en esa extendida lista. Pero equivocado sería pensar que la obra social estará exenta de tensiones. Desde el oficialismo nacional anticipan que la auditoría nacional que detectó “gastos astronómicos” y que abrió paso a recortes por $90.000 millones tiene un capítulo rionegrino y que seguramente habrá explicaciones para pedir a la gestión anterior de ese instituto.