Otra dura negociación con las privatizadas



El Ministerio de Economía estima que la renegociación abierta con las empresas privatizadas “no necesariamente implicará aumentos” en las tarifas de los servicios públicos.

Así lo consideró ayer el secretario de Hacienda, Oscar Lamberto, quien indicó que “la decisión de renegociar tarifas es un proceso y a partir de acá se abre una mesa de negociación” entre el Estado y las privatizadas a partir de la devaluación. “No necesariamente implica aumentos”, explicó el funcionario y aseguró que la discusión que se inicia entre Economía y los privados “es resolver un tema no resuelto durante mucho tiempo”. Sin embargo, la negociación va a ser muy dura para el gobierno.

Para evitar el ajuste, las privatizadas reclaman la licuación de sus pasivos externos y la posibilidad de seguir importando insumos con un dólar 1 a 1. Es decir, cargar la devaluación sobre las cuentas del Estado.

El secretario afirmó que en este marco se deberán tener en cuenta “pautas de indexación” que sean “compatibles con el bolsillo de la gente, la inversión (del sector privado) y el funcionamiento de las empresas”.

En estos términos se refirió Lamberto a la ronda de contactos que se inició la pasada semana a cargo del secretario de Legal y Administración del Ministerio de Economía, Eduardo Ratti, y del cual también participó el viceministro Jorge Todesca.

Para esto se creo la denominada Comisión de Renegociación, presidida (a instancias del decreto 370) por el propio ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, y del cual también participan Hugo Miguens (Defensa de la Competencia), Alieto Guadagni (Energía), y Carlos López (Transporte).

El objetivo de estos encuentros con directivos de las empresas privatizadas es forzar un consenso sobre los aumentos en las tarifas que se deberán imponer a partir del efecto devaluación que afecta la ecuación económica de las compañías.

Si bien los privados mantienen el deseo de abrir una reformulación de los contratos de concesión, el gobierno mantiene su idea de considerar sólo las cuestiones que afectaron a las empresas tras la modificación en el tipo de cambio.

En este proceso se incluye a las compañías proveedoras de los servicios de electricidad, transporte, gas, y agua y servicios cloacales.

Más allá de las dificultades que deben enfrentar las empresas ante la devaluación, las privatizadas también presentan sus quejas tras la persistente caída en el consumo de la población.


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